Ecuador está enfrentando niveles de violencia e inseguridad como no se habían visto desde, al menos, el regreso a la democracia en 1979. Un problema que se debe, entre otras cosas, a la permisividad y complicidad de gobiernos anteriores (llegamos a tener hasta una base de las Farc en territorio ecuatoriano), y la inefectividad del actual para enfrentar la situación.

El país carece de políticas públicas eficaces, tanto para combatir la delincuencia como para abordarla desde los aspectos social, cultural y de recursos, mientras que el narcotráfico y el crimen organizado han encontrado un terreno fértil en una institucionalidad sumamente permeable a la corrupción. En el índice de Transparencia Internacional, Ecuador apenas alcanza 36 puntos sobre 100.

Dentro de esta debilidad institucional, uno de los factores que más golpea a la ciudadanía es la falta de una justicia efectiva, lo que ha generado un ambiente propicio para la impunidad en el que los delincuentes y corruptos actúan con total libertad, sintiéndose protegidos por un sistema que rara vez los sanciona con severidad y en el que las cárceles se han convertido en centros de mando de las mafias.

Sin bien el gobierno actual no parece estar a la altura del desafío, no se puede dejar de reconocer que su capacidad se ha visto mermada por la polarización política, la falta de concesos y el bloqueo político a los que se ha enfrentado a lo largo de todo su periodo, tanto que le llevó a disolver la Asamblea Nacional.

Ahora se vienen unas elecciones anticipadas que podrían representar una nueva oportunidad para redefinir el rumbo en la lucha contra la violencia, la inseguridad y la corrupción, pero para esto se necesitaría un compromiso, nada sencillo de lograr, entre todas las fuerzas políticas o, al menos, las democráticas. 

Es que ante esta situación, un gran acuerdo nacional se hace imperativo para enfrentar un problema que nos afecta a todos, sin importar nuestro color político. Así, se vuelve necesario que los líderes políticos, sus organizaciones y los candidatos a la presidencia dejen de lado sus intereses partidistas y particulares a fin de coordinar una estrategia que permita enfrentar el problema con efectividad sin importar quien llegue al gobierno.

Este compromiso debe enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia, a fin hacerlas más eficientes y transparentes; y, también en la capacitación, modernización y uso de nuevas tecnologías, además del reforzamiento de los sistemas de inteligencia. 

Y más importante aún es trabajar sobre las causas subyacentes que alimentan la violencia. La desigualdad socioeconómica y la exclusión social son factores que contribuyen al aumento de la criminalidad. La inversión en educación, empleo y desarrollo social son pilares fundamentales para reducirla a largo plazo.

Tampoco se trata de utilizar la seguridad ciudadana como arma política. Los discursos de mano dura y las medidas punitivas extremas pueden generar expectativas de una rápida solución, pero a menudo no atacan las causas más profundas del problema y, además, pueden llevar a graves violaciones de derechos humanos.

En definitiva, Ecuador tiene un desafío al que nunca antes se había enfrentado y un pacto entre la clase política, la ciudadanía y la academia se hace indispensable para encontrar soluciones efectivas basadas en el respeto a los derechos humanos y al fortalecimiento institucional, en una suerte de reinvención en la forma en que hasta ahora se han hecho las cosas. Superar diferencias ideológicas y partidistas es clave para lograrlo. Es hora de actuar con responsabilidad y dejar de lado los intereses individuales para abordar el problema. Solo así se podrá romper el círculo de violencia que nos afecta.

Sobre este y otros temas, conversaremos con María Fernanda Noboa, Óscar Vela y Vicente Albornoz el próximo miércoles 30 de agosto en el Summit Reinventando Ecuador que organiza esta revista, al que le invitamos a acompañarnos.  (O)