Entre los principales enemigos que tienen los autoritarismos están la libertad de prensa y de comunicación. Como señalan Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias, marginar a través de leyes restrictivas y persecutorias a los medios de comunicación y provocar la autocensura es uno de sus objetivos principales. Así lo hicieron Erdogan en Turquía, Putin en Rusia y, por supuesto, Rafael Correa en Ecuador con su Ley de Comunicación. Solo basta recordar los 40 millones de dólares que pretendía del diario El Universo o al tristemente célebre “Supercan” de la Supercom.
En una de las líneas de reinstitucionalización y re democratización iniciadas por el actual gobierno, en mayo de 2021 envío a la Asamblea un proyecto de ley denominado de Libre Expresión y Comunicación que pretendía sustituir a la restrictiva y persecutoria Ley correísta. Sin embargo, luego de más de un año de no ser tratada, el 21 de julio pasado, el proyecto fue negado en la mediocre Asamblea Nacional por una mayoría de legisladores conformada, ¿cómo no?, por correístas y sus sumisos aliados de la disidencia de Pachakutik y de la ID, que a su vez, aprobó otro proyecto, uno que es aún más restrictivo que la misma ley correísta.
Las alertas se encendieron en seguida y muchas voces de periodistas, defensores de derechos humanos, constitucionalistas y académicos han remarcado que la ley aprobada es absolutamente violatoria de la libertad de expresión y de la normativa internacional que la regula, como la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión o de la Declaración sobre Libertad de Expresión y de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tratados que son vinculantes para el Ecuador.
Ahora el Ejecutivo se enfrenta a la disyuntiva de si vetar absolutamente el proyecto de ley o de hacerlo parcialmente, con consecuencias jurídicas diferentes en cada caso, pero que no disipan el peligro de manera definitiva, aunque quizás la Corte Constitucional pudiera resolver de una vez por todas el tema y enviarla directamente el tacho de la basura, que es donde pertenece.
Sin embargo, el problema va más allá, puesto que lo que tenemos aquí es la evidencia de los afanes autoritarios y golpistas del mañoso correísmo y sus aliados. Recordemos que esta nueva mayoría ya intentó, sin éxito, destituir al Presidente, pero eso no los va a detener. La aprobación de esta ley es únicamente otro paso en la línea de reconstruir el régimen autoritario que nos gobernó durante 10 años y, por supuesto, facilitar al regreso de su líder.
Con el mismo propósito vemos sus esfuerzos por alcanzar otra de las condiciones que se requieren para matar a las democracias: la captura de los árbitros, que se ve plasmada en los intentos por cooptar los organismos de control a través de la toma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo que además pretenden garantizarse la impunidad por sus delitos. Tentáculos que se seguramente se extiendan en el intento de capturar nuevamente al Concejo Nacional Electoral, a la Fiscalía General del Estado e incluso, a la misma Corte Constitucional.
Así, el regreso de la ley mordaza, no es sino una herramienta más en la búsqueda de consolidar nuevamente un gobierno autoritario y matar a nuestra democracia, quizás ahora sí definitivamente. (O)
