La unión europea ha desarrollado una serie de iniciativas de legislación que tienen por objetivo posicionar a sus países miembros en el camino hacia la transición ecológica. Estas iniciativas giran en torno al denominado Pacto Verde Europeo (EGD, por sus siglas en ingles de European Green Deal), cuyo objetivo central es alcanzar la neutralidad climática hasta el 2050. El plan es un marco políticamente ambicioso que busca introducir nueva legislación sobre temas de economía circular, biodiversidad, agricultura, construcción e innovación. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437)
Alrededor del Pacto Verde Europeo se han ido generando una serie de recursos encaminados a fortalecer la iniciativa. Así por ejemplo se tiene: la Taxonomía Verde, que es un sistema de clasificación de las actividades relacionadas con fuentes de energía, en el que se establece qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente. Por otra parte, se tienen los Fondos Next Generation , que son un instrumento de emergencia puntual de duración limitada y que se destinarán exclusivamente para medidas de remedición ambiental.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que una aplicación adecuada del Pacto Verde Europeo podría generar entre 700.000 y un millón de empleos verdes en todo el territorio durante lo que queda de la década. La intención es poder, no solamente asegurar la cantidad de este tipo de trabajos, sino poder proteger los derechos laborales del sector. Los sectores que se espera tengan un mayor crecimiento a nivel laboral son: Gestión y tratamiento de residuos, Tratamiento de aguas residuales, Energías renovables, Gestión forestal sostenible, Agricultura y Ganadería ecológica.
En el caso de América Latina y el Caribe, según un artículo publicado por el BID en el 2021 (https://blogs.iadb.org/trabajo/es/economia-verde-para-recuperar-el-empleo/), los países de la región requieren fomentar una institucionalidad para favorecer la creación de empleos verdes. Esta institucionalidad se sustenta en cuatro pilares.
- Generar información del mercado laboral basada en políticas económicas y ambientales del país.
- Crear una instancia de coordinación multisectorial.
- Promover mecanismos de coordinación entre el sector productivo y el sistema de formación para el desarrollo de las habilidades demandadas por los sectores verdes.
- Implementar servicios especializados para reasignar la mano de obra hacia sectores verdes emergentes o en crecimiento.
Ecuador es el primer país en América Latina y El Caribe que ha dado los primeros pasos encaminados a fortalecer su capacidad institucional para la promoción de los empleos verdes. Entre mayo y junio de este año, liderados por el ministerio de trabajo, se dio paso a la creación del primer Comité de Coordinación de Empleos Verdes (CCEV), una instancia de coordinación multisectorial encaminada a la definición de metas y prioridades para la generación y promoción de empleos verdes.
Un elemento fundamental de esta llamada institucionalidad lo constituye el desarrollo del capital humano orientado al fortalecimiento de “habilidades verdes” que permitan apuntalar la transformación hacia economías sostenibles y bajas en carbono. Las habilidades verdes constituyen un factor crítico para lograr el éxito y la velocidad de la transición ecológica.
La universidad está llamada a convertirse en un actor clave de esta transformación, su aporte desde la investigación, la innovación, su experiencia interdisciplinaria, el conocimiento local y el compromiso con la comunidad pueden proporcionar un enfoque holístico al desafío climático. Los retos que se hacen latentes para la academia son:
- Fomentar el desarrollo y adquisición de nuevas competencias verdes y transversales.
- Actualizar permanentemente sus programas de estudio alineados a los requerimientos del mercado verde.
- Alinear las necesidades de actualización y recalificación profesional con los requerimientos de una sociedad en transición ecológica. (O)
