Durante la última década, Venezuela protagonizó el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. Desde 2014, más de ocho millones de personas han abandonado el país como consecuencia del colapso económico, la inseguridad, la inestabilidad institucional y la caída estrepitosa de los servicios básicos. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), esta diáspora desplazó incluso a la migración causada por conflictos armados, superando el número de ciudadanos que han dejado países como Siria. En su gran mayoría, más del 80%, según la Organización Internacional para las Migraciones, los venezolanos han migrado hacia países vecinos de la región, convirtiéndose en una fuerza humana, social y económica que ha transformado ciudades enteras y generado nuevos retos, pero también oportunidades, para los países receptores.

Colombia concentra cerca de 2,8 millones de venezolanos, seguida de Perú con aproximadamente 1,6 millones. Según cifras regionales recogidas por la Organización Internacional para las Migraciones y divulgadas por EFE, Ecuador alberga entre 440.000 y 500.000 ciudadanos venezolanos, posicionándose como uno de los cinco principales destinos de la región junto con Chile y Brasil. A la luz de estas cifras, es evidente que el fenómeno dejó de ser coyuntural para consolidarse como estructural. En otras palabras, la migración venezolana no es una emergencia temporal, sino un cambio demográfico con efectos profundos y de largo plazo.

En los primeros años, la percepción predominante en los países receptores fue la de que esta migración representaba una carga humanitaria: llegada masiva de familias, solicitudes de refugio, demanda sobre hospitales, escuelas y sistemas sociales. Sin embargo, investigaciones recientes están narrando otra historia. Según un informe de la OIM citado por EFE en diciembre de 2025, los migrantes venezolanos están aportando más de 10.600 millones de dólares anuales en consumo en los principales países receptores de la región. Además, ya contribuyen significativamente a la recaudación fiscal: en Colombia aportan más de 529 millones de dólares en impuestos, en Perú alrededor de 527 millones y en Ecuador aproximadamente 46,9 millones al año. A esto se suma un impacto macroeconómico más amplio: el mismo estudio indica que solo en Ecuador, el consumo directo de la comunidad venezolana supera los 876 millones de dólares anuales, dinamizando cadenas comerciales, servicios y economías locales.

El Fondo Monetario Internacional respalda esta visión. Según un análisis del FMI, la llegada de migrantes venezolanos podría elevar el crecimiento del PIB en economías como Colombia, Perú, Ecuador y Chile entre 2,5% y hasta 4,5% hacia 2030, si se desarrollan políticas efectivas de integración laboral. Esto gracias a la incorporación de mano de obra joven en edad productiva, en un continente que envejece aceleradamente y que ya enfrenta déficit de trabajadores en sectores estratégicos. El Banco Mundial coincide en este potencial: su estudio de 2020 afirmaba que la migración venezolana podría aumentar el crecimiento económico del Ecuador hasta en 2%, siempre que se facilite la inserción laboral formal y el reconocimiento profesional.

Pero el potencial no se materializa solo. Según un artículo publicado por El País (edición internacional), menos del 10% de los migrantes venezolanos ejerce profesiones relacionadas con sus estudios debido a barreras como el reconocimiento de títulos, trabas administrativas para regularizar estatus migratorio y alta informalidad en los mercados laborales. Lo que significa que hay un capital humano subutilizado, profesionales calificados que hoy trabajan en sectores informales como delivery, comercio ambulante o servicios domésticos. Esa brecha es tanto un desafío como una oportunidad: si los países logran convertir ese empleo precario en trabajo formal, el impacto económico sería mayor, sostenido y medible en productividad.

El reto más visible está en los servicios públicos. Según un estudio reciente publicado por International Journal for Equity in Health, la llegada de grandes flujos migratorios incrementa la demanda sobre infraestructura médica, especialmente para mujeres y niños, y evidencia brechas en acceso, cobertura e información, sobre todo en países que ya arrastran déficit estructural en salud pública. En Ecuador, al igual que en Chile o Colombia, la respuesta del Estado ha alternado entre programas temporales, amnistías migratorias y acuerdos multilaterales. Sin embargo, expertos alertan que aún no existe una política regional integral que combine derechos humanos, formalización económica y movilidad segura.

Con todo, la conclusión es más clara que nunca: la migración venezolana es uno de los fenómenos más transformadores del siglo XXI en América Latina. La evidencia desmiente las narrativas que la pintan únicamente como un peso en las economías nacionales. Por el contrario, según datos de la OIM, el FMI y el Banco Mundial, la migración está ampliando la base tributaria, empujando el consumo y ofreciendo una solución parcial al problema que nadie quiere admitir en América Latina: la escasez creciente de trabajadores calificados. Lo que determinará el futuro económico de la región no será cuántos venezolanos llegaron, sino qué capacidad tengan los países para integrarlos plena y productivamente. Donde algunos ven crisis, las cifras empiezan a mostrar oportunidad, a la final, si millones de venezolanos salieron buscando un futuro, tal vez el papel de la región sea demostrarles que todavía vale la pena creer en él. (O)