Cuando hablamos de informalidad solemos pensar en un problema que afecta principalmente a las empresas. Sin embargo, en la cadena láctea sus efectos van mucho más allá.

La leche es uno de los pocos productos que conecta diariamente a miles de productores rurales con millones de consumidores. Detrás de cada litro existe una cadena compleja que involucra producción, transporte, acopio, procesamiento, distribución y comercialización. Por eso, cuando una parte importante de esa cadena opera fuera de los circuitos formales, las consecuencias terminan alcanzando a todos.

Ecuador produce actualmente más de cinco millones de litros de leche al día. Es una actividad que genera ingresos para miles de familias rurales y que tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Sin embargo, no toda esa producción sigue el mismo recorrido.

Mientras una parte de la leche ingresa a plantas procesadoras que operan bajo controles sanitarios, sistemas de trazabilidad y obligaciones tributarias y laborales, otra circula por canales donde esos controles son más limitados o simplemente no existen.

De acuerdo con estimaciones sectoriales realizadas por el Observatorio Lácteo del Ecuador, cerca del 43% de la producción nacional se comercializa fuera de los canales formales de registro. Más allá de la cifra, el dato revela una realidad que merece atención: una parte importante de la actividad económica vinculada a la leche ocurre sin los mecanismos que permiten conocer con precisión su origen, destino o condiciones de procesamiento.

La diferencia entre ambos circuitos suele analizarse únicamente desde la óptica del cumplimiento normativo, pero en realidad tiene amplias implicaciones.

Para el consumidor, la formalidad está asociada a procesos de control que permiten verificar aspectos relacionados con calidad, inocuidad y trazabilidad. Para el productor, significa la posibilidad de integrarse a cadenas de valor más estables y con mayores oportunidades de crecimiento. Para el país, implica contar con información confiable para diseñar políticas públicas y promover inversiones.

También tiene un impacto directo sobre la competitividad.

Las empresas formales asumen costos asociados al cumplimiento de regulaciones sanitarias, tributarias, laborales y ambientales. Son inversiones necesarias para garantizar estándares y generar confianza en el mercado. Cuando estas obligaciones no son compartidas por todos los actores que participan en la misma actividad, se producen distorsiones que terminan afectando la capacidad de invertir, innovar y generar valor agregado.

Sin embargo, sería un error reducir la discusión a una confrontación entre formalidad e informalidad.

En muchos casos, la informalidad también es el reflejo de limitaciones estructurales que enfrentan pequeños productores y emprendimientos para acceder a financiamiento, asistencia técnica, infraestructura o mercados más organizados.

Por eso, la formalización difícilmente puede construirse únicamente desde el control.

Las experiencias más exitosas muestran que los avances sostenibles ocurren cuando existen incentivos para incorporarse al sistema formal, acompañamiento técnico y condiciones que permitan que los beneficios de la formalidad sean visibles para quienes hoy operan fuera de ella. Ese es, probablemente, el verdadero desafío.

La formalidad no debería entenderse como una carga adicional ni como un mecanismo de sanción. Debería verse como una herramienta para mejorar la productividad, fortalecer la confianza del consumidor, ampliar oportunidades comerciales y generar mejores condiciones para competir.

En un momento en que la cadena láctea enfrenta cambios en los hábitos de consumo, mayores exigencias de los mercados y desafíos crecientes de sostenibilidad, avanzar hacia una mayor formalización no es únicamente una necesidad regulatoria. Es una condición para construir una cadena más sólida, más competitiva y con mayores oportunidades para todos los actores que forman parte de ella.

Al final, una cadena láctea más formal no beneficia únicamente a las empresas. Beneficia también a los productores, a los consumidores y al desarrollo de los territorios rurales donde esta actividad sigue siendo una fuente fundamental de empleo y bienestar. (O)