El sector agropecuario ecuatoriano enfrenta una creciente informalidad que compromete su sostenibilidad, competitividad y la seguridad alimentaria del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo informal alcanzó el 58 % a escala nacional, la tasa más alta en 17 años. Sin embargo, la situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde la informalidad llega al 77,6 %, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu). En el agro, el trabajo informal no es la excepción, sino la norma.
El sector agrícola ha perdido más de 42 mil empleos en el último año. Esta contracción, sumada a la informalidad estructural, genera impactos profundos en la economía, la salud pública y en la equidad del mercado, afectando especialmente a quienes sí cumplen con la normativa formal.
Salud y bienestar: impactos invisibles pero urgentes
La informalidad, al margen de lo fiscal, representa un riesgo para la salud y el bienestar. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las personas en situación de informalidad están más expuestas a riesgos físicos, sustancias nocivas, enfermedades mentales y tienen menor acceso a servicios de salud y protección social. Además, dos de cada tres trabajadores informales en América Latina son pobres y uno de cada cuatro vive en pobreza extrema.
En el Ecuador rural, estas condiciones son cotidianas. La falta de seguridad social y los ingresos insuficientes reducen la capacidad de las familias campesinas para acceder a una alimentación adecuada, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
Sector agropecuario: entre la producción y la informalidad
El sector lácteo es uno de los más representativos del agro ecuatoriano, pero también uno de los más afectados por la informalidad. Aunque el país produce cerca de 5,6 millones de litros de leche al día, se estima que el 48,8 % se comercializa en canales informales. Esta situación impide garantizar estándares sanitarios, reduce la competitividad de la industria formal - que debe cumplir con regulaciones más estrictas - y deja a los consumidores en una posición vulnerable frente a productos sin control de calidad.
Lo mismo ocurre en otros rubros clave como el banano, la papa o el café. Muchos pequeños productores trabajan sin acceso a crédito, asistencia técnica ni infraestructura, lo que limita la eficiencia de sus cultivos y perpetúa condiciones laborales precarias.
Riesgos para la seguridad alimentaria
La informalidad en el agro afecta directamente la seguridad alimentaria, tanto en la calidad como en la disponibilidad de los alimentos. Los impactos se manifiestan en varias dimensiones:
- Bajo acceso a servicios y tecnología: la mayoría de los productores informales carece de herramientas para modernizar sus prácticas. Esto impide mejoras en la productividad y limita su capacidad de adaptación ante el cambio climático o la volatilidad del mercado.
- Falta de trazabilidad y control sanitario: las restricciones presupuestarias de entidades como Agrocalidad y ARCSA dificultan el monitoreo efectivo en campo. Esto eleva el riesgo de contaminación y afecta la inocuidad de los alimentos.
- Condiciones laborales precarias: la informalidad mantiene a miles de trabajadores rurales fuera de la seguridad social, con ingresos insuficientes para garantizar una dieta saludable y estable para sus familias.
- Dificultades en la planificación y respuesta estatal: las restricciones presupuestarias, sumadas a la ausencia de datos confiables sobre la producción y distribución de alimentos en el sector informal, limitan la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas efectivas y responder con agilidad ante crisis alimentarias.
El combate a la informalidad agropecuaria no es solo una cuestión económica, sino una condición indispensable para garantizar el derecho a la alimentación. El fortalecimiento del sector agropecuario formal requiere políticas públicas enfocadas en la inclusión productiva: incentivos para la formalización, acceso a financiamiento, asistencia técnica y sistemas robustos de control y trazabilidad. El sector agropecuario no puede seguir siendo informal si queremos que sea sostenible. (O)
