Cuando un problema de seguridad se traslada al terreno comercial, el costo lo asumen todos. La frontera deja de ser un espacio de tránsito y cooperación y pasa a operar como una estación de cobro: una caja registradora que impone peajes a productores, empresarios y consumidores.
El Gobierno sostiene que Colombia no controla su frontera con el mismo rigor que Ecuador. Puede ser cierto. Pero trasladar ese reclamo legítimo al ámbito económico no corrige el problema; lo amplifica. Era previsible que Colombia respondiera con aranceles. Así funcionan las represalias. En cualquier tipo de guerra, los costos superan ampliamente a los beneficios.
Lo que faltaba —y sigue faltando— es una agenda binacional seria, con un eje claro: la seguridad. Desde ahí debieron construirse los acuerdos comerciales. Hoy ocurre exactamente lo contrario: se castiga al comercio formal como mecanismo de presión frente a un problema que exige cooperación, inteligencia compartida y coordinación institucional.
Mientras tanto, el gran beneficiado es el contrabando. Los pasos clandestinos ya cuentan con infraestructura y logística para mover mercancías con fluidez. Con aranceles del 30% de lado y lado, el mercado informal se vuelve más atractivo. Cuando el contrabando crece, caen las ventas legales, se pierden empleos y el Estado deja de recaudar ingresos por seguridad social, IVA, impuesto a la renta y tributos aduaneros. El impacto aún no se puede medir con precisión, pero es inevitable.
El escenario se agrava por la fragilidad fiscal del Ecuador. El país arrastra un déficit cercano a los USD 5.000 millones y una caja fiscal con un hueco estimado en USD 11.000 millones. Subir tasas en este contexto desincentiva la inversión y golpea, sobre todo, a las empresas que ya operan en el país. Una elevación abrupta de aranceles al 30% rompe cualquier planificación financiera y altera de forma inmediata la intención de invertir.
Además, resulta impreciso reducir el debate al déficit comercial con Colombia. Ecuador importa cerca de USD 1.993 millones, pero aproximadamente el 60% corresponde a materias primas e insumos necesarios para producir bienes que luego se exportan. Solo el 40% son productos terminados. Con los nuevos aranceles, los costos se elevan en toda la cadena y ese aumento llega directamente al consumidor. Algunos productos, simplemente, podrían dejar de ser viables en el mercado.
La seguridad se construye con diálogo, no con impuestos. Las fronteras están para integrar economías, no para facturar conflictos. Cuando un problema de seguridad se aborda como una transacción económica, el resultado no es mayor protección, sino un impuesto adicional al riesgo. Y ese es un costo que ningún país puede sostener indefinidamente. (O)
