El año 2.026 no es excepción. Se abre con el impuesto temido a los predios. Los ecos de la fiesta se diluyen y aterrizamos de golpe. Las autoridades municipales presurosas aseguran no habrá aumentos, solo actualizaciones. Un engaño vestido de tecnicismos. El común sabe que el monto final sobrepasará al del año anterior. No importa dónde lo carguen.
La burocracia local se jacta además por hacernos un favor: descuentos a quienes llegan primero. Un caramelo que pega en la gente necesitada. Y entonces vienen las colas interminables -personas viejas principalmente- y la saturación de la atención, porque nunca estuvieron preparados. A pesar de existir otras formas de pago (virtual, bancos… ) los ciudadanos prefieren la presencial. Creen que es más seguro, que saben hacerlo y que se puede pedir explicaciones, por lo menos. Ilusos.
Las noticias en los medios -prensa, radio, tv, redes- recogen testimonios de los incautos pagadores. Todos se quejan de las alzas en el impuesto, independientemente del componente. Acusan de asalto, trampa, chantaje. (El propio Municipio reconoció 79.000 perjudicados). Mencionan 20, 30, 80, 150 dólares de aumento. Piden explicaciones al aire porque los burócratas los ignoran, se esconden o no tienen argumentos. Alguno recomienda acudir a “las autoridades correspondientes” y “por los canales contemplados en la ley”. La gente adivina los trabas y cede con rabia contenida. Impunidad total.
Revisemos… El IP es un impuesto municipal anual que graba los bienes inmuebles (terrenos, casas, departamentos, edificios). No es un rubro único; tiene varios componentes: avalúo catastral del inmueble, según el catastro; tarifa del impuesto predial, fijada por el municipio; recargos y multas; contribuciones adicionales (seguridad, basura, bomberos). Incluye además descuentos y exoneraciones, que pocos conocen. Todo un tratado.
Las inconformidades son variadas. Destacamos tres. Una, la sobrevaloración de los avalúos; no siempre aprecian bien el estado real del inmueble (antigüedad, uso, deterioro) o aplican valores homogéneos sin considerar diferencias. Una segunda, las contribuciones por obras en el distrito; no se conoce cuáles, dónde, qué calidad, que servicio han prestado. Una tercera, los pagos especiales (recolección de basura, bomberos, seguridad…) cuyos montos no tienen justificación. Sobre los tres, hay que añadir falta de transparencia y cero explicaciones satisfactorias.
Los mecanismos de reclamo son variados, aunque casi nadie los sabe o implican tal cantidad de molestias, hechas al parecer para desistir. Se menciona: reclamo administrativo ante el Municipio (con pruebas técnicas), recurso de reposición, recurso jerárquico (ante un superior administrativo del Municipio), demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pago bajo protesta (constancia escrita de daño). Como dice la gente: un viacrucis que implica conocimientos, tiempo y mucha paciencia.
Mirando más allá
El desajuste de fondo, revela un desequilibrio entre pagos exigidos y servicios recibidos. Mucha gente pagaría casi sin chistar si los servicios fueran adecuados, oportunos, de calidad. Y algo más, si las autoridades rindieran cuentas sobre el uso de cada rubro del IP. Por ejemplo, en qué se gasta el importe por seguridad, por bomberos, por basura.
La situación nos lleva a un problema estructural: la ausencia o debilidad extrema de defensa de los consumidores. No es un problema de leyes; existe una normativa -La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor- que consagra derechos y prohíbe abusos. Pero no se respeta y tampoco existen procesos expeditos sancionatorios. La impunidad es la marca.
Las organizaciones de defensa de consumidores, del estado y la sociedad civil, son frágiles, no generan opinión, son casi invisibles. Ninguna ha prendido socialmente. Nuestra Defensoría del Pueblo es la instancia idónea para asumir la tarea de defensa en temas como el IP. La magnitud de perjudicados y las denuncias públicas deberían ser suficiente razón para actuar de oficio. Pero no sabemos en qué anda. Nos ha dejado en indefensión.
La necesidad de impuestos para los Municipios es innegable. Estos organismos precisan de recursos para su gestión; no nos darán nada gratis. La contribución podría ser incluso aceptada -aunque a nadie le gusta pagar impuestos- si los procesos fueran transparentes y supiéramos el destino de nuestros aportes. Por hoy el asunto huele a quemado.
Resulta urgente que se active la Defensoría del Pueblo, que se gane un lugar en la opinión pública. Que haga honor a su nombre y a los recursos que recibe, que también salen de nosotros. Y es imperativo una reingeniería en el Municipio que aplaste a su burocracia en favor de los ciudadanos. Y que diga la verdad, sin edulcorantes. (O)
