El próximo gobierno que resulte electo en los siguientes comicios va a recibir una delicada situación económica, con una muy difícil coyuntura de seguridad y un tiempo muy limitado para actuar. Estos débiles cimientos generan un reto muy grande para la nueva administración. En el ámbito puramente macroeconómico las finanzas públicas atraviesan un momento de gran vulnerabilidad y un déficit proyectado de aproximadamente del 4% del PIB cercano a los USD 5.000 millones. Los atrasos de presupuesto al cierre del primer semestre 2023 es próximo a los USD 1.500 millones y las necesidades totales de financiamiento para el presente año van a superar fácilmente los USD 10.000 millones. Estas cifras no incluyen los aumentos de gasto público derivados de las nuevas contrataciones de policías, los incrementos del denominado rancho policial, lo que puede requerir el efecto del fenómeno de El Niño y un eventual resultado de la próxima Consulta Popular para que el petróleo producido en el bloque 43 del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) permanezca bajo tierra. Así mismo, se registraría desde el 2024 un incremento sustantivo del servicio de la deuda externa con los tenedores privados de bonos, así como por las obligaciones con las instituciones multilaterales de crédito como el FMI, Banco Mundial y BID.
A estos factores se debe añadir la situación del IESS y su cuestionada sostenibilidad a futuro, así como su impacto en las cuentas públicas, vale decir, el permanente incremento que representa el aporte del 40% a las pensiones de la seguridad de la seguridad social. La producción petrolera no se recupera y la inversión extranjera sigue siendo marginal. Los diferentes subsidios estatales superan el 8% del PIB, donde el referente a mantener precios de derivados de petróleo muy por debajo de lo registrado en el mercado sigue debilitando las ya frágiles finanzas públicas. En este entorno, las reservas internacionales que se han reducido tanto en monto como en liquidez, siguen siendo una tentación para los gobiernos, los que observan con mucho apetito el uso de las mismas para atenuar las presiones de gasto público.
El resultado de los anteriores problemas se expresa en una economía con bajo crecimiento, el mismo que este año estará más cerca del 1% que del 2%. Al primer trimestre de este año el aumento del PIB en términos anuales fue del 0.7%. Derivado de esto, el empleo pleno y la pobreza siguen parqueados respecto de los años previos a la pandemia, es decir, frente al 2018 y 2019, aunque obviamente han mejorado respecto al 2020, año en el que, por el resultado del confinamiento y la crisis de salud, la economía decreció al 7.8%.
Por una parte, el nuevo gobierno debe renegociar la deuda externa con los tenedores de bonos y buscar un alivio por un período de tiempo considerable. Aunque no sea una práctica ortodoxa, la búsqueda de un período de pago mayor para los compromisos con los multilaterales también sería parte de la agenda a cumplir. En lo relativo a la deuda interna, la revisión de la deuda del Estado con el Banco Central y el IESS deben considerar la debilidad fiscal y, al mismo tiempo, darle una solución de largo plazo. Por otro lado, es insostenible seguir subsidiando los precios de los derivados de petróleo, tanto por razones de protección medio ambiental como por argumentos fiscales.
Es fundamental aplicar una reforma integral al IESS, tanto en el área pensional donde ya existe un trabajo avanzado por la Comisión conformada por el actual gobierno, como en la parte médica, donde la ineficiencia y la corrupción son los mayores problemas vigentes.
Se debe avanzar en un esquema más moderno del régimen laboral vigente y reformar algunos problemas de la estructura de supervisión del sistema financiero publico y privado, vale decir, de la Junta de Regulación Financiera y de la Junta de Regulación Monetaria, en temas urgentes como es un nuevo esquema de determinación de tasas de interés, sistema que se ha convertido, lamentablemente, en un detonante de mayor exclusión financiara.
El período para el siguiente gobierno es corto, pero eso no quiere decir que no se puedan ejecutar decisiones, muchas de ellas de acción exclusiva del gobierno, es decir, no dependerán de la posición de la próxima Asamblea Nacional. Los temas antes tratados son de competencia del Ejecutivo, inclusive el laboral donde se puede avanzar mientras se pueda reformar la Ley laboral actual.
El siguiente gobierno también buscará triunfar para el período 2024 – 2028 y si lo logra tendrá que administrar los errores y aciertos que adopte en los pocos meses que gobierne y lo que se traslade al siguiente período 2023 – 2024. Se espera una administración responsable y seria que decida para el país y no para las ambiciones del nuevo binomio, sea cual fuere. (O)
