Si la dinámica de la política fiscal sigue la ruta de la expansión del gasto, si continúa creciendo año tras año el gasto público en especial los egresos corrientes, si los gobiernos próximos dan gusto al mundo entero para no generarse costos políticos y electorales, si no se acotan de alguna forma los beneficiarios de la participación tributaria y petrolera, si persisten los subsidios que no siguen el perfil de una buena subvención estatal y si la calidad del gasto público no se la aplica a cabalidad, nunca serán suficientes los ingresos fiscales, los déficit fiscales serán eternos, la deuda pública deberá seguir el ritmo de las renegociaciones y los servicios públicos no mejorarán para los ciudadanos. De continuar esta situación, el estado no podrá ofrecer lo que esperan los ecuatorianos, es decir, servicios públicos eficientes en salud, educación, seguridad y justicia así como gastos de capital que promuevan el crecimiento económico de forma persistente. Esto no permitirá mejorar el empleo ni avanzar en lograr menor pobreza convirtiéndose el progreso en un sueño irrealizable.
Uno de los grandes problemas de las finanzas públicas es el deficiente uso de los recursos públicos, lamentablemente tanto a nivel del gobierno central como en entidades públicas, gobiernos seccionales, entidades de control y en los otros poderes del Estado. Uno de los ejemplos a citar es el mandato constitucional de incrementar anualmente un punto porcentual del PIB para el sector de la educación conforme la estructura del presupuesto del Estado. Es una obligatoriedad legal de la parte cuantitativa pero no hay norma alguna que especifique algunos indicadores de mejora en la educación, es decir, el componente cualitativo.
Otro ejemplo importante son las transferencias que hace el gobierno central a los llamados GAD´s, que provienen del ingreso petrolero y tributario que a pesar de especificarse la magnitud en egresos corrientes y en gasto de capital, en la práctica la gran mayoría de municipios y prefecturas usan las transferencias del gobierno para la operación del GAD sin atender proyectos de infraestructura o gastos de capital en general.
Probablemente uno de los casos más críticos es el uso de los fondos públicos para atender subsidios de toda naturaleza. Los subsidios no pueden calificarse como convenientes o inconvenientes. Estos deben reunir ciertas características, un perfil determinado, para poder ser calificados como un subsidio eficiente. El caso del bono de desarrollo humano, teniendo sus deficiencias y sin ser perfecto, puede calificarse como una subvención eficiente, pues está focalizado, no genera distorsiones a otros sectores o actividades y está explícito en las cuentas públicas. Al contrario, el subsidio al precio de los derivados de petróleo como mantener precios irreales en gasolina, diesel o gas, son subsidios ineficientes convirtiéndose en un desperdicio del gasto público. El estado no puede dirigir recursos para proteger a ciudadanos de mayores ingresos, asignar fondos para promover el contrabando o actividades ilícitas o distribuir fondos públicos que no generan bienestar alguno a las grandes mayorías. No se pueden subsidiar precios, debe subsidiarse a sectores económicos, actividades económicas o a personas.
En la atención a la salud pública, la excesiva burocracia y las trabas que imponen ciudadanos que buscan lucrar de los fondos públicos a través de esquemas vinculados a la corrupción, producen fallas de atención que nunca debieran ocurrir. El tiempo de permanencia de un paciente hospitalizado en un hospital público de tercer nivel de complejidad es de aproximadamente 11 días. El mismo paciente en un hospital privado del mismo nivel de complejidad, registra un tiempo de permanencia en habitación de 3.5 días. Esto significa que solo mejorando la rotación de pacientes se pueden atender en la salud pública a 2 pacientes más por cama sin asignarle un solo dólar adicional al sector salud.
Entre el año 2000 y el 2006, el gasto público agregado representaba en promedio el 21%. Desde el 2007 el gasto empezó a subir de forma creciente hasta alcanzar el 44% del PIB el 2014, porcentaje que en la actualidad es del 38% del PIB aproximadamente. Esto significa que el gasto del estado casi se ha duplicado frente al PIB y lejos de mejorar los servicios públicos, muchos de ellos se han deteriorado.
El subsidiar precios a los derivados de petróleo le representa al Estado, claro está dependiendo del precio del petróleo en el mercado internacional, entre 3 y 5 mil millones de dólares anuales. En la región, Ecuador junto a Venezuela son los únicos países que tienen subsidios a los precios de los combustibles. Eliminar este subsidio y focalizar con recursos estatales a sectores que puedan recibir algún impacto económico adverso por eliminar el subsidio a los precios, como puede ser el transporte público, el de transporte de carga o la pesca artesanal, permitiría al presupuesto del Estado ahorrarse no menos de USD 2.500 millones anuales. Incorporar indicadores de gestión y de calidad del gasto además de hacer un recorte de tan solo el 10% del gasto estatal que se desperdicia, puede abonar recursos al Estado de más de USD 5.000 millones anuales. Con este ahorro se podría cubrir el déficit fiscal previsto para este año y ayudar con ello, por ejemplo, a reducir el riesgo país e iniciar un real y duradero saneamiento fiscal.
Hay que añadir muchas otras acciones como reformar el tema de la seguridad estatal y la asignación del aporte del 40%, no para eliminar el aporte, sino para graduar este valor. El nivel salarial de los servidores públicos requiere también una revisión, así como vender activos improductivos del Estado y determinación el real rol del Estado. Erradicar la idea de un estado empresario para convertirlo en un estado regulador, supervisor, sancionador y emisor de políticas públicas.
Con todo lo anotado, resulta “cuesta arriba” sostener que faltan recursos fiscales cuando el desperdicio es mayúsculo y la falta de decisión política impide avanzar para un efectivo saneamiento fiscal. (O)
