El problema es que la magia, y la violencia que suscita, nunca han resuelto nada. El problema es que los fetichismos son solo eso, y que ni el mundo ni la economía se acomodan a sus designios, y que al final, la aventura resulta trágica; que cuando el discurso se agota y el mago se va y el tumulto se disipa, quedan ilusiones perdidas, frustración, quiebras, ruina social, corrupción.
La historia viva no es un libro, ni es solamente un dato, ni se agota en un personaje ni en sus discursos. El hilo conductor -a veces sinuoso, a veces tenso- viene desde los tiempos de la fundación, desde los mitos, las leyendas y las realidades, hasta el escenario de hoy.
Las élites, cuando existieron, fueron dirigencias ejemplares, con alto sentido del deber y del honor, comprometidas con las causas nacionales y más inclinadas a las responsabilidades que a los derechos. Las élites no fueron ni partidos ni movimientos ni grupos de presión articulados para lograr ventajas y ganar dinero. Las elites ejemplares fueron la contrapartida de las multitudes, su dirección, su ruta y su maestro.
Las personas se integran a un Estado para tener un poco de seguridad y contar con reglas claras que afiancen sus derechos y garanticen sus libertades. La incertidumbre que proviene de la “judicialización de la vida”, de la degradación de la ley, de la ausencia de políticas que enderecen los entuertos, es el mayor desmentido no solo al régimen político, sino, lo que es más grave, a la razón misma de vivir en sociedad.
Propongo, pues, que las universidades ecuatorianas inicien una cátedra de sinceramiento de los valores sociales y de reflexión sobre nuestra tradicional mojigatería. Sería un intento por llegar a reconocernos, a mirarnos en el espejo y a concluir cuán demócratas, tolerantes, libres y legalistas somos.
El poder político no puede reducirse a la fuerza de las mayorías, a la dialéctica de la voluntad del poderoso. El poder necesita controles, necesita de legalidad efectiva que no dependa de sí mismo, sino de hombres libres y de tribunales autónomos. De gente capaz de cuestionar, porque, además de la fuerza de la voluntad de poder, hay valores mucho más trascendentes, hay dignidad humana, hay derechos inviolables. Hay libertades que en ningún caso se pueden cuestionar o eliminar.
“Ya sabéis lo que pienso sobre la violencia. Para mí es profundamente moral, más moral que el compromiso y la transacción" (Mussolini, ante el pueblo italiano en 1936, al inaugurar el gobierno fascista)
¿Hay límites al poder popular? ¿Las mayorías tienen carta blanca para rebasar la legalidad y acomodarla a sus intereses? ¿La democracia puede servir de instrumento para crear estructuras autoritarias? ¿Puede la república abdicar de las reglas y someterse únicamente a los actos de poder? ¿Debe la democracia limitarse a ser una forma Estado solamente?
La ley -en condiciones de autonomía legislativa e independencia judicial efectiva- fue un estorbo para el poder político, de allí que la primera medida de los gendarmes autoritarios y los populistas ha sido modificar la Constitución, crear sistemas legales ad hoc, propiciar jurisprudencias “útiles”, legislar por vía reglamentaria y domesticar a los jueces.
A la Corte Constitucional que se conforme le corresponderá restaurar la comprensión racional del papel de la Constitución como sistema de contención del poder. La única “ideología” que allí cabe es la que consagre el respeto a los derechos, la idea de las libertades entendidas como virtudes cívicas y de la legalidad como factor de justicia, seguridad y paz.
Los núcleos sobre los que, desde hace ochenta años, gira la legislación laboral han cambiado. La pregunta es: ¿la Ley puede oponerse a la realidad y forzar hacia el pasado las tendencias económicas y sociales? No. Le corresponde garantizar la libertad de contratación y dotar de referentes razonables a los nuevos sistemas de trabajo, sin perder de vista que el reto que enfrenta ahora el país es la generación de empleo, y no la sobreprotección a quienes ya lo tienen.
¿Y por qué se escriben las memorias de un viaje? Tal vez, para dejar un testimonio, para esquivar el olvido y afirmar la memoria. Tal vez porque cuando uno va escribiendo, al ritmo de las teclas del ordenador, revive el trotecito, el paso sostenido o el galope corto. Escribir las memorias es como volver a viajar.
La buena fe en la celebración y ejecución de los contratos y la obligación de honrar lo pactado adquiere especial relevancia cuando se trata de contratos administrativos, esto es, los que celebra el Estado y sus entidades con los particulares.
¿A cuántos, de verdad, les importa Quito, a cuántos les duele el parque, la calle, la destrucción de su estética y su paisaje? ¿A cuántos les preocupa cómo el espacio urbano se anarquiza? Esta es una ciudad a la que la identidad se le quedó en el camino, o más bien, se quedó enredada entre la nostalgia, el olvido de la historia, el tráfico y la inseguridad.
Las burocracias, en todas partes, son verdaderos poderes paralelos que actúan según sus propias pautas, afianzan sus poderes, cierran puertas y preservan sus tradiciones. Opera allí un potente espíritu de cuerpo que blinda o, al menos, dificulta enormemente cualquier cambio.
Se dirá que el pueblo son las masas, y que está presente en las concentraciones y en los desfiles; y que es el pueblo quien vota y elige. Pero esas masas y multitudes, ¿son realidades diferentes de cada ciudadano? ¿Son entes autónomos que perduran incluso cuando las marchas se disuelven y las elecciones pasan?
Quito, más allá de la conventual y prestigiosa capital, es además un problema cotidiano; es un tumulto sin respuesta, un conglomerado con antigua administración provincial; es un infierno de tráfico y contaminación. Es, al mismo tiempo, un parque arreglado con primor, una modesta casita de clase media, un espacio librado a la inseguridad y un ogro que conspira contra transeúntes y ciclistas. Es el moderno centro comercial y el barrio pobre, es la urbanización de lujo, es el inmigrante y el informal, el ejecutivo y la modelo. Es como la humanidad, diversa, paradójica. Esa es la ciudad que tenemos.
“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
La seguridad jurídica está vinculada con la responsabilidad política, legislativa, administrativa, económica y judicial del Estado. De no ser así, la declaración sería inocua y no habría concordancia con la limitación al ejercicio del poder ni con la idea de que, en el régimen democrático, el poder que ejercen los mandatarios, legisladores, jueces y más funcionarios, es ajeno, transitorio y prestado, y que se debe rendir cuentas de su uso.
