¿Hay límites al poder popular? ¿Las mayorías tienen carta blanca para rebasar la legalidad y acomodarla a sus intereses? ¿La democracia puede servir de instrumento para crear estructuras autoritarias? ¿Puede la república abdicar de las reglas y someterse únicamente a los actos de poder? ¿Debe la democracia limitarse a ser una forma Estado solamente?
La ley -en condiciones de autonomía legislativa e independencia judicial efectiva- fue un estorbo para el poder político, de allí que la primera medida de los gendarmes autoritarios y los populistas ha sido modificar la Constitución, crear sistemas legales ad hoc, propiciar jurisprudencias “útiles”, legislar por vía reglamentaria y domesticar a los jueces.
A la Corte Constitucional que se conforme le corresponderá restaurar la comprensión racional del papel de la Constitución como sistema de contención del poder. La única “ideología” que allí cabe es la que consagre el respeto a los derechos, la idea de las libertades entendidas como virtudes cívicas y de la legalidad como factor de justicia, seguridad y paz.
Los núcleos sobre los que, desde hace ochenta años, gira la legislación laboral han cambiado. La pregunta es: ¿la Ley puede oponerse a la realidad y forzar hacia el pasado las tendencias económicas y sociales? No. Le corresponde garantizar la libertad de contratación y dotar de referentes razonables a los nuevos sistemas de trabajo, sin perder de vista que el reto que enfrenta ahora el país es la generación de empleo, y no la sobreprotección a quienes ya lo tienen.
¿Y por qué se escriben las memorias de un viaje? Tal vez, para dejar un testimonio, para esquivar el olvido y afirmar la memoria. Tal vez porque cuando uno va escribiendo, al ritmo de las teclas del ordenador, revive el trotecito, el paso sostenido o el galope corto. Escribir las memorias es como volver a viajar.
La buena fe en la celebración y ejecución de los contratos y la obligación de honrar lo pactado adquiere especial relevancia cuando se trata de contratos administrativos, esto es, los que celebra el Estado y sus entidades con los particulares.
¿A cuántos, de verdad, les importa Quito, a cuántos les duele el parque, la calle, la destrucción de su estética y su paisaje? ¿A cuántos les preocupa cómo el espacio urbano se anarquiza? Esta es una ciudad a la que la identidad se le quedó en el camino, o más bien, se quedó enredada entre la nostalgia, el olvido de la historia, el tráfico y la inseguridad.
Las burocracias, en todas partes, son verdaderos poderes paralelos que actúan según sus propias pautas, afianzan sus poderes, cierran puertas y preservan sus tradiciones. Opera allí un potente espíritu de cuerpo que blinda o, al menos, dificulta enormemente cualquier cambio.
Se dirá que el pueblo son las masas, y que está presente en las concentraciones y en los desfiles; y que es el pueblo quien vota y elige. Pero esas masas y multitudes, ¿son realidades diferentes de cada ciudadano? ¿Son entes autónomos que perduran incluso cuando las marchas se disuelven y las elecciones pasan?
Quito, más allá de la conventual y prestigiosa capital, es además un problema cotidiano; es un tumulto sin respuesta, un conglomerado con antigua administración provincial; es un infierno de tráfico y contaminación. Es, al mismo tiempo, un parque arreglado con primor, una modesta casita de clase media, un espacio librado a la inseguridad y un ogro que conspira contra transeúntes y ciclistas. Es el moderno centro comercial y el barrio pobre, es la urbanización de lujo, es el inmigrante y el informal, el ejecutivo y la modelo. Es como la humanidad, diversa, paradójica. Esa es la ciudad que tenemos.
“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
La seguridad jurídica está vinculada con la responsabilidad política, legislativa, administrativa, económica y judicial del Estado. De no ser así, la declaración sería inocua y no habría concordancia con la limitación al ejercicio del poder ni con la idea de que, en el régimen democrático, el poder que ejercen los mandatarios, legisladores, jueces y más funcionarios, es ajeno, transitorio y prestado, y que se debe rendir cuentas de su uso.
La pandemia debe entenderse como un “caso de fuerza mayor extraordinaria”, es decir, una circunstancia absolutamente inusual, no imputable a ningún ente en concreto, cuyos elementos determinantes son el “factor contagio”, el temor que suscita, y el hecho real de la enfermedad.
Lo fundamental, es que tras las instituciones y el Estado de Derecho prosperen valores y principios, tradiciones y doctrinas, que apunten a colocar al individuo sobre el poder, y a los derechos y las libertades sobre cualesquier otra consigna.
El único fin que justifica la existencia de la política y del Estado es crear el ambiente para que la gente pueda, bajo su responsabilidad, acertar o equivocarse, triunfar o fracasar. El poder, en esa perspectiva, no puede ser un sistema que apela a la obediencia sin crítica y sin límites, a la sumisión sin dignidad, al aplauso sin reservas.
El altruismo existe sin duda -negarlo sería irreal y cínico-, pero para que opere y se afiance más allá del simple asistencialismo, debe tener una razonable relación con los intereses de los agentes económicos.
El liberalismo se ocupa, en cambio, de limitar el poder, incluso el del pueblo, y para ello está el Estado de Derecho con sus principios de sujeción general a la Ley, responsabilidad política, división de funciones y sistema de chequeos y controles.
Una de las principales preocupaciones derivadas de la revolución tecnológica tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo y la desocupación, a causa de la sustitución de la mano de obra humana con las computadoras.
La descalificación del éxito está en el centro de las tesis que propician el igualitarismo a ultranza. Algunas vertientes del socialismo están empapadas de antipatía y condena a la prosperidad individual
