En reiteradas oportunidades se ha insistido que la economía no es estática sino dinámica, es decir, no es un stock que permanece inmóvil en el tiempo sino un conjunto de fenómenos y variables que van cambiando todos los días ante lo cual no hay como descuidarse. Esto se torna más inestable en economías vulnerables, es decir, aquellas que no tienen antecedentes de manejos ordenados y que dependen de manera significativa de aspectos políticos y del vaivén del entorno internacional. Ese precisamente es una de las características de la economía ecuatoriana, pequeña, muy abierta al exterior, altamente dependiente de precios de commodities en los mercados internacionales y estrechamente vinculada con la situación política interna.

No es técnicamente correcto, por lo tanto, afirmar que el gobierno ya ordenó la casa y saneó las finanzas públicas, como si se tratara de un juego de mesa donde uno de los actores gana y hace gala de su triunfo. La política económica debe ser perseverante en el tiempo, continua en su accionar, flexible con ciertos márgenes de maniobra, pero nunca perder el norte y la dirección a dónde se dirige. Una manera de ilustrar lo anotado es observando lo que está ocurriendo con las finanzas públicas y los resultados logrados en el presupuesto del estado al término del primer semestre del año en curso. Se estableció para el gobierno central en el presupuesto del 2023 un déficit fiscal de aproximadamente USD 2.600 millones, sustentado en una producción de petróleo de 520 mil barriles diarios y un crecimiento económico de cerca del 3% que “aseguraba” mayores niveles de recaudación tributaria: Así mismo se estimaban ingresos por algo más de USD 1.000 millones por la venta de activos del estado como fue la intención de vender el Banco del Pacífico. Hasta el cierre de junio de este año ninguno de estos supuestos se cumplió, pues la producción de petróleo ha oscilado entre 460 y 470 mil barriles diarios, el crecimiento económico anual del primer trimestre del 2023 fue según el BCE de 0.7%, lo que hace prever que el ritmo de producción este año se sitúe mas cerca del 1% que del 2% con el consiguiente impacto en la recaudación tributaria. Los tributos muestran al primer semestre caídas de todos los impuestos con la excepción de impuesto a la renta. Y, por otra parte, existe imposibilidad de monetizar recursos con la venta de activos del estado como el Banco del Pacífico u otro, tanto por razones internas como por el adverso ambiente internacional. Al mismo tiempo, el gasto público crece en aproximadamente 8% anual, con todo lo cual, el déficit fiscal para el presente año puede superar los USD 5.000 millones. Esto se presentaría luego de la exitosa terminación de un programa con el FMI, lo cual evidencia cuán sensible y vulnerable es la economía ecuatoriana y resalta el argumento de pasar “de la noche a la mañana” de un clima de estabilidad a uno de desbalance.

Esta situación fiscal se suma al clima de inseguridad, al alto riesgo país, factores que dificultan encontrar financiamiento externo en condiciones adecuadas frenando también la inversión extranjera y con ello las opciones de recuperación económica. Los indicadores de pobreza y empleo están estancados respecto del período pre pandemia, pues obviamente son mejores que el 2020, año de la crisis mas severa de la historia económica del Ecuador. No es correcto, por lo tanto, hacer comparaciones solo frente al 2020 o decir que el crecimiento económico es superior al del promedio de la región cuando éste es absolutamente bajo y nada favorable. Las comparaciones deben ser realistas y frente a varias fechas para que puedan brindar conclusiones válidas.

Esta realidad económica se vería seriamente más lesionada y perturbada si el gobierno y los ciudadanos en las urnas deciden dejar de producir petróleo en el campo del ITT, si la presión de varios sectores inmoviliza la reforma a la seguridad social que ya cuenta con un trabajo técnicamente bien elaborado por la Comisión conformada por el gobierno o si buscan “reactivar” la economía apropiándose ilegalmente de las reservas internacionales. Esto dispararía una crisis fiscal por la ostensible baja de ingresos, abriría graves riesgos para el IESS con altas dificultades para el pago de pensiones a los jubilados del IESS y sus impredecibles consecuencias en lo social y en lo político y podría cerrar aún más el escaso financiamiento internacional. Si para ello pretende algún gobierno próximo tomar las reservas internacionales para “corregir” estos problemas y supuestamente “reactivar” la economía, lo que va producir en la práctica es el aceleramiento de la crisis inclusive de liquidez en el sistema financiero y atentar a la propia dolarización. El balance del BCE no puede expandirse con espuma sino con dólares. Cuidado cometan el grave error del pasado.

EL BCE es un banco de reservas no un banco comercial y el uso de las reservas internacionales debe aplicarse con los más estrictos estándares de seguridad como lo establece la propia Constitución de la República. En el pasado se financió gasto público y se prestaron fondos usando las reservas internacionales a través de la banca pública sin que la economía registre reactivación alguna, más bien acumuló desequilibrios fiscales y requirió de más endeudamiento público. Estamos frente al cometimiento de estos errores garrafales que conforman un incendio y se lo pretendería apagar con más gasolina. (O)