Desde 1938 rige el Código del Trabajo actual con varias modificaciones sin que el esquema facilite la contratación, pues mantiene estructuras caducas y obsoletas que no benefician a nadie, ni al trabajador, ni al empleador ni al que busca empleo. Los 86 años transcurridos desde su creación registran profundos cambios en el mundo y en el Ecuador. De economías cerradas a abiertas, de países de paz a naciones en guerra, de empresas nacionales a internacionales y multinacionales, de industrias manufactureras a compañías de alta tecnología, de monedas propias a monedas comunes, etc. Es por lo tanto inaceptable que ante semejantes cambios internos y externos, el Ecuador no haya podido modernizar sus políticas de contratación laboral y persistamos en ideas ya no discutidas en otras latitudes, alejadas totalmente de la actual economía y sociedad.

A diciembre de 2023, última cifra disponible, el empleo adecuado en el país fue del 35.9% de la población económicamente activa. La diferencia del 100 por ciento son diversas formas de informalidad, desde el desempleo puro, pasando por el subempleo, el llamado empleo no remunerado y otras formas de empleo no formal. Esta realidad es peor que aquella de los años 2018 y 2019, es decir, aún no recuperamos ni siquiera los niveles de ocupación del período prepandemia. Comparar estos números con el 2020 no tiene sentido, pues ese fue el año de la pandemia con una crisis profunda en todos los órdenes que sin apoyo internacional de recursos habría sido mucho más difícil de lo que mostró.

Solo es entonces el 36% de la población que puede trabajar que tiene un empleo que recibe una remuneración mayor al salario básico, que tiene una relación laboral formal, que registra afiliación a la seguridad social y puede acceder al cabo de la etapa laboral a una jubilación. El 64% restante son personas que laboran en un ambiente de informalidad, muchas perciben ingresos por debajo del valor de la canasta básica, otros trabajan sin remuneración y algunos simplemente no trabajan y viven bajo el mantenimiento de familiares o amigos. 

Si se parte del principio que la única forma de salir de la pobreza y la mejor forma para el progreso de un ser humano es contar con un trabajo digno y debidamente remunerado, éste debe ser sin discusión alguna el principal objetivo de la política económica, sin duda acompañado siempre de una sociedad en paz y sin violencia. ¿Porqué entonces el Ecuador registra este problema sin resolver ya varios años? ¿Es el sector público el que debe resolver este problema o es también una responsabilidad del sector privado?

El gobierno que representa al estado es el llamado a promover las mejores políticas públicas que ayuden a resolver el problema del empleo pero no es el que debe actuar de empresario absorbiendo mano de obra. El estado debe ofrecer servicios públicos adecuados para la ciudadanía para lo cual su rol es delinear políticas que garanticen a trabajadores y empleadores un ambiente de contratación adecuado para ambas partes, de una manera equilibrada, insesgada y justa. El número de empleados y funcionarios públicos debe ser aquel que permita dotar a la sociedad de esos servicios de educación, salud, justicia y seguridad óptimos, pero de ninguna manera perseguir esas metas cayendo en los excesos de gasto burocrático que en el tiempo no puede mantener y lo vuelca a registrar déficit fiscales permanentes y dependencia del endeudamiento público.

La pregunta por lo tanto sigue en pie, ¿porqué entonces el país registra tan elevada informalidad en el empleo? Hay en esto una explicación fundamental proveniente de un bajo crecimiento económico derivado de una reducida inversión nacional interna y externa que no permite que el sector privado demande fuerza laboral y contrate más trabajadores. Es sin embargo un problema de doble vía, pues el empleador privado también no decide invertir por inseguridad, porque no ve una mejor demanda a los productos y servicios que ofrece y también porque considera que los “costos” de la contratación son elevados. Esos “costos” pueden obedecer a un nivel salarial excesivo, pero también el empleador puede atribuir a otros conceptos como es la presencia de la jubilación patronal, las tasas de aportación a la seguridad social que los estima excesivos, los valores por despedir personal que no brinda resultados adecuados, etc. 

En otras palabras, hay un problema macroeconómico de bajo crecimiento económico pero a esto se junta un esquema legal en el ámbito laboral que no facilita la contratación y más bien la limita. Por estas razones, es necesario modernizar los esquemas de contratación laboral, adaptando el mismo a las nuevas exigencias de un mundo nuevo, moderno y muy distinto a aquel que algunos sectores parecen siguen anclados a defenderlo.

El problema del país es el empleo, no son los salarios o el nivel de las remuneraciones que hasta en términos internacionales son muy competitivos. Estos ojalá fueran mayores pero nos queda mucho por recorrer y avanzar para mejorar la productividad de la economía. Hacer lo contrario de subir gastos y luego ver como se vende más, es un contrasentido desde cualquier punto de vista.

Cuando se analizan estos temas solo pensando en el trabajador y no en el desempleado o subempleado, se está cometiendo una terrible injusticia con aquel que representa el 64 por ciento de la población económicamente activa que no tiene trabajo o si lo tiene no es digno. Pretender resolver los abusos de algunos empleadores que estimo son una minoría, cuando la ley vigente sí incluye estos abusos como es el “acoso” que se pretende corregir mediante una nueva reforma, es abrir la puerta para relativizar el concepto de lo que sería el acoso y además es una nueva barrera para apoyar al empleo. (O)