Si los países que mantienen la capacidad de imprimir moneda, que son la mayoría, resolverían sus problemas con mayor cantidad de recursos, pues simplemente optarían por emitir dinero. Como hay la conciencia de los efectos que tiene expandir la oferta monetaria de manera desordenada, pues genera presión inflacionaria, alienta la depreciación cambiaria, entre otras secuelas, pues no se van por esa vía. De forma paralela, economías que carecen de la capacidad de emisión monetaria, caso del Ecuador al estar dolarizado, es también un error suponer que con más deuda o con mayor cantidad de recursos entregados a sectores como el de la salud, el de la educación, la justicia o la seguridad, se van a resolver los problemas. Los ejemplos que confirman la miopía de suponer que se necesitan más fondos para mejorar la calidad de los servicios público, son numerosos.
En un comparativo desde el inicio de la dolarización y el año 2025 se evidencia que el PIB, medido en dólares corrientes, pasó de USD 18.318 millones a USD130.321 millones, es decir, creció 7.1 veces. En ese lapso el gasto en sueldos del presupuesto del estado creció de USD 714 millones a USD 10.196, millones, es decir, aumentó 14.3 veces. La equivalencia del gasto público para todo el sector, no solo el del gobierno central sino el que incluye las empresas estatales, los gobiernos seccionales, los organismos de control, entre otros, también aumentó 14.3 veces. Estas cifras se acompañan de aumentos en el número de funcionarios, pues los del sector de la salud crecen 2.4 veces, los de la educación aumentan 1.4 veces, el número de policías se incrementa en 2.6 veces y el número de militares sube 0.7 veces. Esto quiere decir que si el gasto en sueldos crece mucho más allá que el aumento del número de servidores públicos, no solamente hay un problema de número de funcionarios públicos sino del nivel salarial promedio. El número de funcionarios del gobierno central al 2026 es de 478.855 personas mientras que el gasto total en sueldos es de USD 10.267 millones, lo que representa un promedio salarial por persona de cerca de los USD 1.800 mensuales, valor que duplica al que existe en el sector privado. Estos valores quieren decir que los recursos entregados a los principales sectores del presupuesto del estado han aumentado de forma importante, más aun considerando que se trata de los que concentran la mayor cantidad de servidores públicos. Esto por lo tanto debería reflejar que la mayor cantidad de dinero entregado por el presupuesto estatal, el aumento de número de funcionarios y sobre todo el crecimiento del salario promedio, debería haberse expresado en mejor calidad de los servicios públicos en salud, educación, seguridad y justicia.
El resultado de esto, lamentablemente, no es favorable. La atención de los hospitales públicos se ha deteriorado, unido esto a una problemática de corrupción. Tampoco se ven avances en educación y los problemas de seguridad siguen siendo la mayor preocupación de los ciudadanos. Con ello es muy cuestionable que el aumento del gasto público vaya a resolver la calidad de los servicios públicos, por lo que pensar que la falta de fondos es el elemento a resolver no necesariamente es una visión correcta.
Esto conlleva a resaltar el hecho de que haber incrementado el gasto total del sector público de cerca del 21% del PIB en promedio entre el año 2000 y el 2006, al 44% del PIB en el 2014 y ahora representar el 38% del PIB, lo único que ha logrado es alimentar esa adicción a la deuda pública, tanto interna como externa.
Si no se resuelven problemas más de origen estructural como la capacidad de gestión y administración de la burocracia, si no se elimina el cáncer de la corrupción estatal y no existe una real rendición de cuentas de los funcionarios estatales, la cantidad de plata que se consiga de cualquier fuente, no podrá mejorar la calidad de los servicios públicos. Es entonces hasta perverso seguir en la ruta de la expansión fiscal sea con más personal o sea aumentando las remuneraciones.
Es verdad que existen otros países que tienen presupuestos fiscales mayores frente al PIB que el de Ecuador, pero los índices de eficiencia laboral son otros y la dotación de mejores servicios públicos justifican tal nivel de tamaño estatal.
El tamaño del estado tiene que ser aquel que sin comprometer la sostenibilidad fiscal permita brindar servicios públicos adecuados a los ciudadanos. Si hay problemas de fondo no resueltos endeudarle más al país o pasarle la factura a la actividad privada para buscar mayor eficiencia del estado constituye una irresponsabilidad absoluta.
Las áreas que se llaman estratégicas, en lugar de ser las intocadas, son justamente aquellas en las que hay que intervenir. Aparte de los problemas de la educación, de la salud, de la justicia o de la seguridad, las empresas estatales son ineficientes y el estado pierde recursos por esa incapacidad y, encima de todo, sin rendición de cuentas. Ahí se tiene el caso de Petroecuador, las empresas eléctricas, la empresa de telecomunicaciones, las de energía en general, etc. Deben abrirse caminos para una mayor participación privada a múltiples sectores que sigue controlando el estado, sean estos estratégicos o no. Si esto demanda leyes, pues que actúe la gestión política que cuando quieren consiguen aprobaciones legislativas.
La macroeconomía puede mejorar pero si esos avances no decantan a los ciudadanos, la política económica pierde fuerza, se le resta legitimidad y se alimenta la disconformidad de la población. (O)
