En el campo económico el conductor de la política económica es el gobierno, el que deberá llevar adelante algunas acciones que permitan ir corrigiendo varios problemas aún presentes. Algunos de ellos no competen exclusivamente al gobierno pero sin duda éste es el que debe imponer el ritmo, la dirección y la oportunidad de las futuras decisiones. Más allá del comportamiento del 2022 en variables como ventas, exportaciones y tributación, la sostenibilidad y la capacidad para lidiar contra el enemigo del desempleo y la pobreza es el crecimiento económico. Que el 2022 hayamos crecido cerca del 3% y que una tasa similar se la estime para el 2023 estaría aceptable para Alemania, Suecia o Canadá, países que tienen resueltos los problemas como los citados, pero para el Ecuador es un crecimiento pobre y absolutamente insuficiente. Debemos concretar tasas del 6% anual o más, de forma constante durante décadas, si pretendemos mayores niveles de bienestar. ¿Cómo hacerlo?
Por el lado fiscal, si la variable de ajuste al presupuesto sigue siendo el gasto de inversión, el que finalmente contrata y activa la inversión privada, el propio sector público está conspirando contra la reactivación productiva. El orden fiscal debe provenir mayormente del segmento donde hay mayores problemas que es el lado del gasto. El gasto público agregado sigue siendo excesivo y la reducción del déficit, que sin duda técnicamente debe también recibir aportes desde el lado del ingreso, debería producirse por una reducción mucho más severa en la contracción del gasto público que por la vía del aumento de los ingresos, más aún si esto responde a reformas tributarias, aumentos del precio del petróleo o supuestas ventas o concesiones de activos del Estado que muchas veces no se cumplen. La obesidad estatal, como se anotó, conspira para la recuperación económica. ¿Hay dificultad política para varias decisiones? Sin duda que sí, pero para eso están las autoridades. La historia siempre reconoce cuando se adoptan las decisiones correctas.
Otro aspecto a considerar es reducir el costo de producción en el país. Dentro de éste se tiene a la estructura laboral vigente, la misma que es obsoleta, onerosa y totalmente alejada de las necesidades actuales del mercado nacional e internacional. Si una reforma laboral integral es imposible políticamente, por la agria relación asamblea – gobierno, pues entonces que desde el lado del Ejecutivo se procedan a ajustes en los sistemas de contratación, condiciones de aportes empresariales fuera de los tributarios, etc., que no corrija pero al menos aminore esos costos de producción tan elevados. El nivel arancelario excesivo es también otro óbice que debe ser resuelto aunque sea en forma gradual. Se hizo una primera reducción arancelaria pero esto no ha continuado. Continuar en la ruta de la eliminación del ISD es una decisión correcta. La también eliminación de varios impuestos que encarecen la actividad empresarial, algunos de ellos ofrecidos en la campaña presidencial, también pueden colaborar con este problema.
Es fundamental que el gobierno impulse proyectos grandes de infraestructura y vialidad que atraigan recursos de forma significativa, tal como lo hizo la construcción del OCP, proyecto que impulsó la actividad económica por cerca de 3 años. En esto la actividad petrolera y minera siguen siendo atractivas actividades para un inversionista extranjero. La venta de acciones y el pase de manos de empresas nacionales no necesariamente van a apoyar la reactivación.
¿Retos adicionales? Sin mayor fortaleza política del gobierno y sin la concreción de algunas alianzas políticas, así no le guste al oficialismo, no se va a poder contrarrestar en algo este problema. No se puede permitir nuevas paralizaciones como las ya anunciadas por el sector indígena. Además, lograr frenar la inseguridad aunque no eliminarla totalmente, puede ayudar para la recuperación de la economía. Es difícil atraer inversionistas en un país con esos niveles de violencia y siendo centro de operaciones del narcotráfico. Con todo estos problemas y este ambiente político que se acentuará con las próximas elecciones seccionales y la Consulta Popular, el riesgo país difícilmente va a reducirse, sin importar si mejoran las reservas internacionales o se reduzca el déficit fiscal. Lo anotado son algunas acciones que deben abordarse de forma inmediata, por lo que no es momento de anunciar candidaturas con tanto pasivo pendiente. (O)