A veces los activos intangibles son más valiosos que las cifras cuantitativas, pues permiten que los resultados numéricos se fortalezcan y se consoliden en el tiempo. Uno de los ejemplos que ilustran esta información es la imagen que transmiten los gobiernos o cómo percibe la ciudadanía sobre el accionar de una determinada administración. Uno de esos activos intangibles, de mucho valor, es la confianza en el gobierno y la certidumbre que éste brinda a la población. La confianza y la certidumbre no necesariamente implican que todos los ciudadanos estén de acuerdo con las acciones de un gobernante, pero el conocer el rumbo por el que transitará una administración permite mayor seguridad y se convierte en una pieza sustantiva para el éxito de la política económica.
Generar confianza va de la mano con la seguridad que emanen los mensajes oficiales, en especial los atinentes a la gestión económica. Es fundamental que el gobierno responda sobre las maneras que aplicará para resolver los problemas económicos o para atenuarlos. Los principales indicadores de una política macroeconómica hacen referencia al crecimiento económico, a la pobreza, al empleo, a la situación de las finanzas públicas, a las políticas para el sector externo y las relaciones económicas internacionales, así como al sector monetario y financiero. Es esencial que un programa económico aborde estos aspectos de manera integral, con metas y explique los instrumentos que va a aplicar para llegar a los objetivos, así como con fechas probables donde espera resultados. Para períodos de gobierno cortos esto es igualmente imprescindible.
La actual coyuntura del gobierno recién electo con 18 meses de gestión debería fijar metas que estén mayoritariamente en manos del Ejecutivo y no dependan de otras instancias como la Asamblea Nacional, no porque sea innecesario alianzas y acuerdos, sino porque la política es impredecible y un manejo económico a corto plazo debe difundir acciones certeras con mayor probabilidad de éxito. Las reformas económicas a ser tratadas en la Asamblea Nacional como cambios estructurales en el ámbito laboral o en la seguridad social, son muy importantes pero su aprobación y la forma como resulten las leyes en estos temas es absolutamente incierto y poco predecible.
En un año y medio es muy difícil registrar una economía en plena expansión o unas finanzas públicas totalmente en orden, pero se pueden cimentar las bases para una recuperación económica posterior y una ruta de saneamiento fiscal posible. Para que esto sea posible es importante conocer un programa económico integral, técnicamente sustentado y creíble. Para conseguir financiamiento externo en condiciones adecuadas también es esencial ese programa económico que brinde confianza y seguridad. Como se anotó, no necesariamente que busque aplausos y elogios, expresiones que estarían presentes más bien en políticas populistas, sino que transmita seguridad, un norte claro por el que va a transitar y confianza para alcanzar las metas propuestas.
Uno de los ingredientes que abona para la confianza es la integralidad de un programa económico, que abarque los principales sectores y ámbitos de acción, que no sean anuncios aislados y poco conectados.
Un ejemplo de lo anotado es el anuncio de una reforma tributaria. Cualquier modificación al ámbito impositivo debe incorporar la lectura del impacto en el sector productivo privado y, al mismo tiempo, analizar las implicaciones en las finanzas públicas y en el presupuesto del estado. La situación fiscal actual con un déficit estimado para el 2023 de aproximadamente USD 5.000 millones no puede desconocerse o no abordarse. Debe ser parte del proyecto de reforma que hasta la fecha parecería no se está considerando. En lo personal, no concuerdo que el tema fiscal actual debe incorporar una reforma tributaria con una economía creciendo cerca del 1%, pero si lo hacen, no pueden desentenderse del problema financiero del déficit, del problema de iliquidez y de la ya estructural mala calidad del gasto público. Afectar solo el lado del estímulo fiscal con la gravedad del tema fiscal no es una decisión adecuada.
Tampoco tiene sentido que luego de la Consulta Popular última donde se decidió no seguir produciendo petróleo en el bloque 43, se mantengan intocables los subsidios a los precios de los derivados de petróleo como gasolina y diésel provenientes de un combustible fósil. No hay sindéresis entre el uno y el otro tema. No deben subsidiarse precios sino personas, segmentos poblacionales o actividades productivas. El Ecuador ya tenía una reforma en esta materia el 2020 cuando se aplicó un ajuste del 5% mensual y luego del 3% mensual a los precios de los derivados. Concomitantemente puede focalizarse a sectores como el de transporte de personas, transporte pesado o pesca artesanal, pero no mantener un subsidio que le representa al estado cerca de USD 3.000 millones anuales.
Entre enero y octubre de 2023 el ingreso del presupuesto decrece en 8% principalmente por la caída de la producción de petróleo y la reducción en la recaudación tributaria. Sin embargo, el gasto público en el mismo período en lugar de contraerse o congelarse crece en el 8%. Si el nuevo gobierno no le pone algún techo al gasto del estado, seguirá siendo el mayor responsable de los déficits fiscales, de los atrasos y del endeudamiento público.
La deuda pública demanda un arreglo voluntario y de mercado con los tenedores de bonos y con los multilaterales. No obstante, esto debe dejar en claro que el país va a honrar sus obligaciones externas, pues anuncios poco claros en esta materia generan nerviosismo y pueden interpretarse como riesgos futuros de moratoria de deuda.
Los temas aquí abordados no han sido tratados de forma integral por el nuevo gobierno, ojalá los aplique urgentemente, pues caso contrario parecería están viendo una película por partes, una visión de pocos árboles y no el bosque completo. (O)
