El costo del conflicto armado interno es un problema muy serio y de complejidades mayores. Es un asunto en el que todos debemos tener conciencia de que durará un buen tiempo y que requiere de ingresos para sostenerlo.

En este conflicto entran en juego el bienestar, la seguridad y los impuestos. No importa el orden de estas palabras, siempre están vinculadas, siempre están conectadas y su relación es fundamental. En cualquier país del mundo para que exista bienestar y seguridad se necesitan recursos duraderos, lo que quiere decir ingresos permanentes para cubrir gastos permanentes. Con una correcta gestión de pagos y transparencia en el manejo de los recursos, el país puede lograr un equilibrio en sus arcas fiscales, que para hoy y mañana serán la tranquilidad macroeconómica de este y de los futuros gobiernos. Léase gestión de impuestos y subsidios.

El mejor ejemplo, trillado, pero siempre válido, es el de los países nórdicos, en donde impuestos como el IVA alcanzan el 25 %. Ese valor y su buen uso, por supuesto, permiten garantizar que áreas fundamentales para cualquier Estado, como la educación, la salud y la seguridad funcionen en beneficio de la población.

 El Ecuador atraviesa una situación inédita, un conflicto armado interno. Y, para enfrentar los costos de esta guerra, el Poder Ejecutivo planteó semanas atrás, mediante un proyecto de ley que llegó a manos de la Asamblea, una serie de medidas económicas que se asientan en la elevación del impuesto al valor agregado IVA del 12 % al 15 %. Algunas bancadas legislativas, por su lado, propusieron cobrar impuestos a los bancos y empresas de ejercicios económicos de años anteriores. Esta propuesta, por concepto, es confiscatoria y cabe recalcar que sería inconstitucional; además soluciona el cortísimo plazo y no lo estructural.

Los ingresos permanentes que requiere el Estado, con un conflicto interno o sin él,  no son menores. Un déficit de más de US$ 5.000 millones heredado de 2023 requiere de un acuerdo nacional profundo. El incremento del IVA debería ser permanente y no temporal, como algunos opinan. La revisión de los subsidios, que cuestan al Estado más de US$ 4.000 millones, debe ser objeto de una decisión urgente para focalizarlos y manejarlos con seriedad, como corresponde.

De una vez por todas, el Ecuador debe tomar conciencia de sus necesidades y sus obligaciones, de las tareas que debe cumplir para avanzar. Más allá de la actual coyuntura que apremia a todos sus habitantes. Tenemos que entender que el bienestar tiene un precio, que la seguridad garantiza una serie de actividades y que los impuestos son parte de los instrumentos que permiten alcanzar el bienestar y la seguridad. Es una ecuación que debemos aprender e interiorizar.

Sabemos que toda guerra cuesta. También sabemos que en todo conflicto existe un perdedor y un ganador. Nosotros, los buenos, debemos ser más y nos corresponde seguir adelante, confiar en las medidas planteadas y contribuir con el país.

Vivir en un país del terror, donde los criminales no tienen miedo a nada, no va más. Es un tema de seguridad y calidad de vida, pero también de costos económicos. Según el Global Peaje Index 2023, elaborado por el Institute for Economics & Peace, un think tank con base en Australia, la violencia en Ecuador costó US$ 12.229 millones en 2022 y cada ecuatoriano 'aportó' con US$ 1.127.

Está en juego el futuro del país y tenemos que arrimar el hombro. Forbes Ecuador ya lo dijo hace unas semanas y hoy lo repite: En medio de muchas incertidumbres, la única certeza es la unidad. Más allá de las discrepancias políticas, culturales y económicas, no podemos desaprovechar esta oportunidad de actuar como un solo país, con un solo objetivo.  (O)