El anuncio de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitará un nuevo desembolso para el Ecuador en el último tramo del año adquiere una relevancia extraordinaria. No solo por su dimensión económica, sino por el contexto de agitación social que atraviesa el país tras casi 30 días de paro y la reciente decisión de eliminar el subsidio al diésel. Lo que está en juego va mucho más allá de una cifra: se trata de la credibilidad del Estado, la estabilidad de la economía y el futuro de una nación cuya juventud clama por oportunidades.

En mayo de 2024, el FMI aprobó un programa de facilidades ampliadas para el Ecuador por aproximadamente USD 4.000 millones. En julio de 2025, dicho acuerdo se amplió en USD 1.000 millones adicionales, alcanzando un acceso total estimado en USD 5.000 millones, con un desembolso inmediato cercano a USD 600 millones. Estos recursos son cruciales para cerrar el conocido "hueco fiscal": según cifras oficiales, el déficit para 2025 bordea los USD 4.000 millones.

A este panorama se suma la eliminación del subsidio al diésel y la consecuente oleada de protestas, que ha reavivado tensiones económicas y sociales.

Y, sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se dispara el riesgo país? ¿Qué mantiene la moderación de los mercados incluso en medio del conflicto social?

La respuesta es múltiple. En primer lugar, el programa con el FMI mantiene al país bajo un monitoreo externo que exige disciplina fiscal, lo que refuerza la confianza de los inversionistas. En segundo término, los mercados parecen otorgar crédito político al presidente Daniel Noboa y a su hoja de ruta basada en la consolidación fiscal, el control de la deuda y la recuperación de la credibilidad internacional. Finalmente, se prevé que el Ecuador registre superávits en cuenta corriente de alrededor del 3 % del PIB, lo que reduce su vulnerabilidad frente a choques externos.

Estos factores, en conjunto, han actuado como un antídoto frente al contagio de riesgo que podría haber desatado la reciente convulsión social.

¿Qué se puede esperar hacia adelante? Las proyecciones apuntan a un crecimiento del 3,2 % en 2025 y del 2,3 % en 2026, según la firma Fitch Solutions. Otras estimaciones sugieren un déficit fiscal de alrededor del 0,7 % del PIB en 2025, siempre que las reformas se mantengan y no se revierta la política de subsidios.

Queda, sin embargo, una interrogante abierta: ¿el FMI desembolsará la totalidad de los fondos antes de que concluya 2025 o esperará a que se realice la consulta popular?

Las señales actuales apuntan a lo primero. Las más recientes revisiones técnicas del Fondo reconocen avances en materia de gestión fiscal y transparencia presupuestaria, lo que refuerza la confianza en la ejecución del programa.

No obstante, nada está asegurado. El Ecuador se mueve entre el rigor del FMI y el clamor de las calles. Busca equilibrio en medio de la tensión, y quizá —por primera vez en mucho tiempo— los mercados y la ciudadanía coinciden en algo esencial: la estabilidad es un bien demasiado valioso para ponerlo en riesgo.

Lo que está en juego no es solo un desembolso o un indicador macroeconómico, sino la posibilidad de creer —como nación— que es posible resistir y avanzar al mismo tiempo. (O)