La salida de venezolanos de su país ha crecido tanto que su número es casi igual a los desplazados por la invasión a Ucrania. Ya se sabe que los dos fenómenos tienen causas distintas pero lo que no se sabe es que la ayuda internacional para afrontarlos es radicalmente diferente.

Desde 2015 hasta fines de este agosto, habían salido de Venezuela 6,8 millones de personas. De Ucrania han salido desde febrero 7 millones de personas. Números prácticamente iguales, aunque el segundo sea causado por la invasión de tropas y el uso de tanques, carros de asalto, misiles, bombas y cañones por parte de Rusia (cuyas tropas, según se ha denunciado, han cometido atrocidades y crímenes de guerra), mientras que en Venezuela no hay invasión ni guerra pero sí desempleo, hambre, inflación desenfrenada, falta de acceso a medicinas, descontrol, inseguridad, es decir un colapso económico y social con dimensiones de catástrofe.

Tomo las cifras anteriores del artículo Venezuela's refugee crisis similar to Ukraine's in scale, but not aid, publicado este 4 de septiembre en el Washington Post. Provienen de R4V, una plataforma de varias agencias encabezada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Escrita por Bryan Pietsch y Hari Raj, la nota periodística revela que, aunque los números de personas desplazadas de los dos países sean prácticamente iguales, solo se ha financiado 14 por ciento de los 1.790 millones de dólares previstos en el plan regional de respuesta a la migración venezolana, mientras que el plan regional de respuesta a la migración ucraniana de 1.850 millones de dólares ya ha recibido un financiamiento de 62 por ciento.

Rachel Schmidtke, principal portavoz para América Latina de la oenegé Refugees International, que es la que calcula los porcentajes citados, destaca que la escala “asombrosa y aleccionadora” del éxodo venezolano muestra “la profundidad de esta crisis y la enorme brecha de atención comparada con crisis de tamaños similares como las de Ucrania y Siria”. En realidad, el número de refugiados venezolanos ya es mayor que el de Siria, de donde han salido 5,6 millones de personas.

“Los países latinoamericanos necesitan financiamiento urgente para asegurar que los venezolanos puedan acceder al trabajo y a la protección” en la región así como tránsito seguro, dice Schmidtke.

El éxodo venezolano es tan masivo que ha cambiado la forma y la densidad de muchas ciudades y pueblos latinoamericanos y caribeños. Y este éxodo ha crecido año tras año, obligados a salir de su país para poder sobrevivir, ya que más de tres cuartas partes de la población venezolana vive con menos de US$ 1,90 al día, el límite de la pobreza extrema, según un artículo de la Universidad Católica Andrés Bello de hace un año. El éxodo parecía haberse detenido porque miles de venezolanos regresaron a sus pueblos y ciudades por la pandemia y por unas supuestas reformas económicas introducidas por el régimen de Maduro. Pero el flujo ha crecido de nuevo. Según una nota de la Associated Press, al menos 735.000 venezolanos han salido de su país en los diez meses que van de noviembre de 2021 a agosto de 2022. 

Ahora, el flujo de venezolanos se empieza a sentir en EE. UU. Miles han cruzado la frontera desde México pues pueden hacerlo sin visa. En el Ecuador se nota esa dirección del flujo, como lo ha reflejado la prensa. “Hemos ahorrado unos dólares aquí para poder ahora irnos a EE. UU.”, declaraba una familia entrevistada estos días por El Universo.

Lo que sucede es que el presidente Biden dispuso en marzo del año pasado que los venezolanos son elegibles para el status temporal de protección (TPS, por sus siglas en inglés). Recientemente, el TPS se prorrogó hasta marzo de 2024, “dado que el caos en Venezuela impide a ese país proteger a sus propios nacionales”.

Mientras tanto, el Ecuador ha iniciado un proceso de regularización de los extranjeros, comenzando por los venezolanos, que ha recibido la respuesta entusiasta de esa comunidad. Es el inicio de un proceso de su integración socioeconómica en nuestra sociedad. Decenas de miles ya se han registrado en la plataforma del Ministerio de Gobierno y luego pasarán a solicitar visa (todo de manera electrónica) en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Este calcula que en esta primera fase se logrará regularizar a unos 320.000 venezolanos, del medio millón que vive en el país.

Escuché el otro día decir a Eduardo Febres Cordero, dirigente de los venezolanos en el Ecuador, que el proceso de regularización no le cuesta al Estado ecuatoriano, pues “todo está financiado por las agencias multilaterales”. Lo dijo en el programa de Andrés Carrión. Ojalá fuera así, pero la realidad es que el Ecuador, en cumplimiento de su política de acogida y hermandad, está poniendo muchos recursos propios para atender a los venezolanos. Un cálculo del Banco Mundial refiere que el costo de los servicios de educación, salud y otros servicios sociales y migratorios que brinda el Estado ecuatoriano a los venezolanos asciende a 80 millones de dólares anuales, y es obvio que la regularización también le va a costar al Estado, aunque no fuera sino por el salario de los funcionarios dedicados al proceso (solo una parte de ellos van a ser financiados por la OIM, el resto los pone el Estado). 

Así, aunque hay apoyo de los organismos internacionales, este es penosamente insuficiente. La comunidad internacional debe ser solidaria y otorgar a los países de América Latina, en especial al Ecuador, más apoyo financiero para enfrentar esta realidad. Con ello se podrá atender a lo que se conoce como “comunidades de acogida”, es decir a las poblaciones de los barrios y pueblos ecuatorianos donde se asientan los inmigrantes, para que vean que su situación mejora, y alentarse en ellos la cohesión social y la no discriminación de los grupos que llegan. (O)