Hacia una economía más resiliente
Para mejorar la resiliencia de la economía es reforzar la institucionalidad, la independencia de las autoridades económicas en la toma de decisiones, el respeto a la rendición de cuentas, la autonomía de la justicia y el respeto a la Constitución, las leyes y los contratos.

Llamó mi atención el titular publicado por El Universo hace unas semanas, a propósito de una entrevista a la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, en la que afirmaba: “La economía ecuatoriana es más resiliente”. La teoría define a una economía resiliente como aquella que tiene “…la capacidad para resistir, recuperarse y adaptarse frente a choques externos o internos (crisis financieras, desastres naturales, shocks políticos), manteniendo o retomando una trayectoria de crecimiento sostenible”.

Y esa mayor resiliencia sería resultado de varios factores estructurales: Uno de ellos es que la economía sea capaz de tener una tasa de crecimiento tendencial sostenible y. que permita enfrentar, con menores costos en términos de producción y empleo, choques externos recurrentes. Ecuador creció en el año 2025 al un 3,7% y se espera que este año lo haga un 2,5%, ambas cifras superiores a las originalmente previstas.

¿A qué se debe ese crecimiento? Primero, al desempeño del sector externo, pero particularmente a las exportaciones provenientes del sector privado, que crecieron un 18%, superando largamente a las del petróleo (que son mayoritariamente del Estado). ¿Qué significa eso en términos de mayor resiliencia? Que el Ecuador ya no depende del petróleo, sino de un abanico de productos de empresas privadas: cacao, camarón, flores, banano, productos de la minería y muchos más. Y en este aspecto, la firma de acuerdos comerciales ha sido muy importante, precisamente porque abre nuevos mercados para las exportaciones ecuatorianas y amplía sus destinos.

También significa mayor resiliencia que las remesas de los migrantes ecuatorianos en el exterior, que se transfieren al Ecuador sin ninguna intervención ni control estatal, superaron los 7.000 millones de dólares, es decir 5,6% del PIB, constituyéndose en una fuente importante de ingreso para familias pobres y en un dinamizador del consumo de los hogares, otro de los dinamizadores del crecimiento.

Que el Ecuador haya cumplido y ampliado el financiamiento a través de acuerdos con el FMI y otros multilaterales, y haya ejecutado varias operaciones de colocación de bonos, canje y reestructuración de deuda en los mercados internacionales, amplían el margen de acción y diversifica las las fuentes de financiamiento externo: más resiliencia. De igual manera, el incremento de más del 35% en las reservas internacionales (casi 12.000 millones de dólares, la semana pasada, en máximos históricos), consolida la dolarización y respaldan con mayor margen el sistema de balances del Banco Central.

La imagen internacional del Ecuador ha mejorado sustancialmente, en especial frente a los organismos internacionales, entidades financieras e inversionistas institucionales. El riesgo país está en mínimos históricos, de alrededor de 400 puntos.

En lo fiscal, por el lado de los ingresos, el Ecuador ha cumplido sus deberes en los últimos años. Son destacables las decisiones adoptadas por el Gobierno del presidente Noboa en torno a la eliminación de subsidios a los combustibles, el aumento del IVA y otras reformas tributarias que le han dado al sector público mayor margen de maniobra: más resiliencia. Aun así, queda espacio para avanzar en la racionalización de subsidios a la electricidad y al gas, así como en la reducción del gasto; en estos frentes se debe seguir trabajando.

El Ecuador, desde que dolarizó su economía, no tiene un problema estructural de inflación. Hay variaciones cíclicas por factores puntuales, pero eliminó las razones monetarias que generan inflación. Es una economía con estabilidad de precios, un sistema bancario sólido, pero uno de cooperativas relativamente más débil, con menor calidad de supervisión, más expuesto a episodios de riesgo.

Quedan, no obstante, algunos temas que deben enfrentarse para consolidar este mayor nivel de resiliencia alcanzado. El primero es el tema de la seguridad social. El diagnóstico del sistema de pensiones en el país es dramático y compromete no solamente un volumen importante de recursos, sino también el inmenso daño social que puede generar una potencial cesación de pagos de pensiones en términos de pobreza, desigualdad y descontento social. Es un tema particularmente sensible.

Otro tema pendiente es el laboral. Si bien las estadísticas de empleo dan cuenta de una reducción del desempleo al 2,9% en marzo de 2026; como la misma ministra reconoce, el empleo adecuado apenas llega al 32% en la misma fecha. La discusión en torno a la caducidad de muchas de las leyes de contratación en el Ecuador ha sido amplia y antigua. Las normas de contratación laboral no se han adecuado a los cambios de la economía y la tecnología. Se mantienen normas de hace décadas y eso desincentiva la creación del empleo formal y a la vez incentiva la búsqueda de acuerdos informales de trabajo.

Finalmente, un tercer factor crítico para mejorar la resiliencia de la economía es reforzar la institucionalidad, la independencia de las autoridades económicas en la toma de decisiones, el respeto a la rendición de cuentas, la autonomía de la justicia y el respeto a la Constitución, las leyes y los contratos. En este tema, este gobierno tiene una deuda con la sociedad, que es indispensable revertir para asegurar una mayor resiliencia política, social y económica. (O)