Al realizar una revisión histórica de las finanzas públicas desde el año 2000 hasta el cierre del 2021 se puede constatar con claridad que las cifras del sector público consolidado, vale decir, el presupuesto del gobierno central más el resto de instituciones como Petroecuador, IESS, gobiernos seccionales, etc. son mejores que aquellas de solo el presupuesto del estado. Esto significa que el déficit fiscal del presupuesto estatal mejora al incorporarle los números del resto del sector público. Solo para citar los últimos años desde el 2017 hasta el 2021, año con cifras cortadas al mes de septiembre, el déficit fiscal agregado consolidado fue de -5.2 USD billones, USD -2.3 billones, USD -3 billones, - USD 6 billones y USD +1.3 billones para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Por su parte, el déficit público del gobierno central o del presupuesto general del Estado, conceptos similares aunque no exactos, para los mismos años fueron de -6.5 USD billones, - 4.1 USD billones, -5.4 USD billones, -7.5 USD billones y -1.3 USD billones, para los mismos años. Como se puede apreciar, con la excepción del 2021 que son cifras en las que falta el último trimestre, el déficit fiscal es mayor para el gobierno central que para el sector público no financiero consolidado. Otra forma de ver esto es resaltando que la situación financiera de los gobiernos seccionales o de entidades como Petroecuador, solo para ilustrar, son menos complicadas que para el propio gobierno central. Esto no quiere decir que el resto del sector publico aparte del gobierno central es más eficiente, de ninguna manera, únicamente demuestra una situación menos severa que puede deberse a una cantidad de factores, como la recepción automática de asignaciones presupuestarias que muchas veces ni siquiera alcanzan a gastarse. 

La realidad es que un proceso de saneamiento fiscal no solo conlleva decisiones que aborden a los ministerios y entidades adscritas sino también a otras que son parte de las finanzas públicas como son las instituciones de control, la banca pública, el IESS, Petroecuador, los otros poderes del estado como la Asamblea Nacional, el CNE, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, los organismos seccionales como municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etc., etc. Como no se vive un esquema de poderes omnímodos o una dictadura, cualquier esquema profundo de saneamiento fiscal necesariamente demandará la coparticipación y colaboración de otros actores más allá del Presidente de la República. Es entonces en esta esfera las finanzas públicas donde radica una parte importante del problema fiscal, pues en general es muy difícil observar políticas claras de austeridad sin la permanente demanda de recursos, los que casi nunca existen. En este sentido para el Ministerio de Finanzas se torna en un trabajo titánico y desgastante alcanzar metas fiscales cuando parte de los mismos no dependen directamente de su gestión.  Puede el Ministro de Economía y hasta el propio Presidente de la República sin duda incidir en los resultados pero no todos están exclusivamente en sus manos. 

El Ecuador adolece de una severa crisis de colaboración ciudadana e institucional. Todos o casi todos piden esfuerzo, austeridad y eficiencia al resto pero la gestión propia muchas veces dice lo contrario. Si no existe una real colaboración de todos los ecuatorianos y sus instituciones para resolver una realidad fiscal como es la obesidad estatal, el Ecuador podrá ver pasar muchos gobiernos y esto no será una realidad.  

El daño que provocó el populismo económico en la década 2007-2017 no se alcanza aún a cuantificar ni a resolver de forma adecuada. El esfuerzo es de todos, los hermanos “pobres” de la esfera pública así como los hermanos “ricos”.  (O)