En América Latina, la historia reciente muestra cómo las instituciones técnicas marcan la diferencia en la estabilidad económica. En 2021, Perú mantuvo la inflación controlada y acumuló reservas por más de USD 85.000 millones, equivalentes al 32 % del PIB. El Banco Central de Reserva se consolidó como un referente de credibilidad en medio de escenarios políticos inestables. Ese ejemplo ilustra el valor de los órganos técnicos que actúan con autonomía y claridad en sus objetivos.
La Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley de Integridad Pública, que introduce una reforma institucional significativa: establece la fusión de la Junta de Política Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera en un solo organismo. Este nuevo órgano asume la responsabilidad de guiar las decisiones monetarias y financieras bajo criterios profesionales y con visión de largo plazo. Su funcionamiento será clave para fortalecer la dolarización, garantizar la estabilidad del sistema bancario y generar confianza en los mercados internacionales. La experiencia regional indica que estos factores aumentan la capacidad de atraer inversión y reducen el costo del financiamiento externo.
Los referentes internacionales ofrecen lecciones claras. En Chile, el Banco Central cuenta con autonomía constitucional desde 1989 y mantiene una meta de inflación de 3 % ± 1 punto porcentual. Esta meta ha permitido consolidar la confianza en la economía chilena y sostener un acceso fluido a los mercados de capitales. En Brasil, la autonomía del Banco Central, formalizada en 2021, fortaleció su papel en la gestión de tasas de interés y en el resguardo de reservas internacionales, que en 2025 superan los USD 340.000 millones. En ambos casos, la fortaleza institucional ha resultado determinante para mantener estabilidad en medio de shocks externos.
La situación ecuatoriana exige un esfuerzo adaptado a sus particularidades. La dolarización elimina la política cambiaria tradicional y limita los instrumentos de ajuste. La JPMF deberá concentrar su capacidad en otros frentes: manejo de liquidez, supervisión macroprudencial, control de riesgos sistémicos y coordinación con las superintendencias. El país enfrenta una inclusión financiera rezagada: solo 55 % de los adultos acceden a productos financieros formales, frente al 80 % en Chile y el 75 % en Colombia (Banco Mundial, 2023). Ampliar ese acceso será fundamental para dinamizar la productividad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
En el plano monetario, la Junta tendrá que perfeccionar el uso de encajes y otros instrumentos que permitan suavizar los ciclos económicos. En la supervisión financiera, deberá diseñar marcos de coordinación más efectivos entre bancos, cooperativas y el mercado de capitales. En materia de pagos, tendrá que impulsar innovaciones digitales y fortalecer la seguridad de las transacciones. En inclusión, deberá promover productos adaptados a sectores tradicionalmente marginados, como pequeños agricultores y emprendedores informales.
La academia demuestra que la independencia y la transparencia de los bancos centrales están asociadas a una reducción sostenida de la inflación y a una mayor estabilidad macroeconómica. Índices comparativos, aplicados a más de cien bancos centrales, confirman que los países que fortalecen la autonomía institucional logran mejorar las expectativas de crecimiento y consolidar la credibilidad de sus políticas.
El horizonte ecuatoriano depende de la capacidad de la nueva JPMF para aplicar estas lecciones. Un organismo con autoridad técnica puede fortalecer la confianza en la dolarización, asegurar estabilidad financiera y generar un entorno atractivo para la inversión. La trayectoria de países como Perú, Chile y Brasil demuestra que la institucionalidad económica se convierte en una ventaja competitiva cuando se respalda con disciplina, comunicación transparente y profesionales de alto nivel. (O)
