En los últimos meses, Ecuador ha enfrentado cortes de energía eléctrica que duran hasta siete horas, afectando significativamente la vida diaria y la economía del país. Estos apagones no solo son una molestia, sino que también representan un costo económico considerable. Se estima que las pérdidas para el Estado y la empresa privada superan los $500 millones anuales en pérdidas de producción y daños a equipos críticos. Esto, sin contar los costos adicionales que implica el uso incremental de generadores a gasolina y diésel en viviendas, edificios e industrias, agravado por el subsidio a los combustibles. Esta crisis nos cuesta mucho más de lo que se puede expresar en una sola columna.
La inacción del actual y de anteriores gobiernos en abordar adecuadamente los problemas del sector eléctrico es un claro indicio de la profunda crisis de gestión y gobernabilidad que atraviesa el país. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué podemos hacer como país para reducir la influencia del Estado en este sector estratégico? La evidencia global sugiere que es necesario modernizar las regulaciones sobre el sector energético, tanto eléctrico como petrolero, para atraer inversión y aumentar la productividad, lo que resultaría en la eliminación del monopolio estatal sobre este sector.
Es importante recordar que este monopolio estatal ha facilitado la corrupción en las compras públicas, inflando los costos y limitando la inversión en infraestructura. Como los ecuatorianos sabemos muy bien, se estima que la corrupción durante administraciones previas costó al país entre $30,000 y $70,000 millones, resultando en obras "icónicas" pero inservibles que han devastado la eficiencia y capacidad del sistema energético.
Recientemente ha salido a la luz que, a pesar de los repetidos cortes y la clara necesidad de inversión, ha habido una notable falta de iniciativas concretas para modernizar la infraestructura o explorar alternativas sostenibles como la energía solar. Esta falta de acción no solo perpetúa la dependencia de recursos energéticos obsoletos y vulnerables, sino que también ignora el potencial de soluciones innovadoras y sostenibles.
Una solución práctica sería eliminar el rol del Estado como intermediador y contratante de estándares, otorgando a los hogares ecuatorianos mayor voz sobre este desarrollo a través de incentivos para instalar paneles solares. Dada la excepcional ubicación geográfica de Ecuador, cerca del ecuador terrestre, el país recibe una alta irradiación solar durante todo el año, lo que lo posiciona idealmente como líder en energía solar. Estudios indican que la implementación masiva de sistemas solares fotovoltaicos en hogares podría generar miles de megavatios, suficientes para cubrir una parte considerable de la demanda energética nacional. Esta transición no solo reduciría la dependencia de las infraestructuras eléctricas tradicionales, vulnerables a fallos y corrupción, sino que también impulsaría la economía local a través de la creación de empleos en tecnologías verdes.
Ante este escenario, la implementación de incentivos fiscales para la adopción de sistemas solares por parte de los hogares se presenta como una solución prometedora. Países como Alemania, Australia, Estados Unidos y Chile han demostrado el éxito de estas políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, el crédito fiscal federal permite a los propietarios deducir hasta el 26% del costo total de instalación de un sistema solar de sus impuestos federales. Este incentivo ha resultado en un aumento significativo de la adopción de energía solar a nivel residencial.
Ecuador ya cuenta con un esquema de neteo de cuentas, que permite a los usuarios residenciales vender el excedente de energía generada por sus paneles solares de vuelta a la red eléctrica a precios competitivos. Este sistema no solo ha facilitado la recuperación de la inversión inicial en tecnología solar, sino que también ha incentivado a muchos más hogares a participar en la generación de energía renovable.
La transición hacia la energía solar no solo ofrece una solución a la crisis actual, sino que también promete un futuro más sustentable y resiliente para Ecuador. Reduciría la dependencia de una infraestructura centralizada y vulnerable, disminuiría los costos a largo plazo para los consumidores y mitigaría el riesgo de corrupción al diversificar las fuentes de energía. Además, aprovechando el alto potencial solar del país, cada hogar puede transformarse en un pequeño productor de energía.
Es crucial que los líderes políticos consideren seriamente los incentivos fiscales como un paso vital hacia la solución de nuestros problemas energéticos. La energía solar no solo es viable, sino esencial para garantizar la estabilidad y seguridad energética de Ecuador en el futuro. (O)