Parecía un acuerdo generalizado. Todos los ciudadanos despotricamos contra la burocracia y sus servicios: complejidad absurda, trámites idiotas, repetición de procesos, empleados ocupados en otros menesteres (celular o maquillaje o comida), filas interminables, tramitadores coludidos con empleados, coimas bajo la mesa. Nos hemos sentido impotentes ante las respuestas detrás de la ventanilla: "Se cayó el sistema", "Venga mañana", "No hay especies", "Falta un sellito".
Los servicios que recibimos son de pésima calidad: cortes de luz y agua, caída del internet, reparaciones inconclusas, baches y falta de señalización, seguridad y obras pagadas pero inexistentes.... Podríamos llegar a los vacíos de la educación pública (los chicos no están aprendiendo), de hospitales sin implementos y medicinas, de pandillas incrustadas, de tronchas repartidas. Ha sido enérgico el clamor por eliminación de pipones, eficiencia del sector, retribución a los impuestos, trato humano.
La semana pasada el Presidente afrontó esta problemática. En dos líneas: supresión o fusión de ministerios y secretarías (reducción al 41%, 6 ministerios menos, 6 secretarías menos), y despido de 5 mil empleados (de 400 mil aproximadamente). Medidas audaces, dolorosas, impopulares, necesarias. Enfrentamiento abierto con algunas organizaciones cuadradas sin visión de país. Intenciones de reducir el gasto corriente y destrabar procesos para las inversiones y el desarrollo.
La magnitud del problema burocrático es enorme. Aquí un dato ilustrativo tomado del estudio sobre el Índice de Burocracia. Una pequeña empresa debe dedicar 395 horas al año para cumplir trámites burocráticos, es decir 2 meses de trabajo de un empleado que no produce nada. Brasil precisa solo 180 horas. Los peores: Venezuela con 1.062 y Argentina con 900 horas.
La percepción del burócrata resulta insólita. Cree estar haciendo mejor las cosas cuanto más trámites impone. Controlando mejor cuanto más papeles acumula. Combatiendo con eficacia la corrupción cuanto más exprime al ciudadano... Mientras tanto, los corruptos y sapos pasan por sus narices.
Sobre las fusiones caben dos precauciones. La primera, no suprimir ni minimizar funciones esenciales del estado. Sobre todo en temas sensibles como el cuidado del ambiente, las políticas de género e inclusión, el apoyo a la cultura. La disminución del estatus de la entidad no debe significar el abandono de responsabilidades significativas, indelegables.
La segunda, preservar el sentido de unidad de misión de las entidades. La adscripción debería implicar coherencia y enriquecimiento entre las funciones que se agregan a un Ministerio. No pueden ser encargos puntuales, sin conexión estructural, o pedazos que se superponen sin concierto.
Sobre los despidos resulta vital contar con sustento suficiente y respeto a derechos consagrados, como liquidaciones y compensaciones. En este punto las evaluaciones a la burocracia pueden ser determinantes. Procesos técnicos e integrales que proporcionen criterios sólidos para separar o premiar.
Lo que no se puede aceptar es la salida de servidores por el color político de sus individuos o por desafectos personales. En contrapartida, las evidencias de corrupción o de vínculos con la delincuencia, no admiten discusiones.
Se trata pues de un primer paso, necesario pero insuficiente. Si no se complementan las medidas, si no se avanza en políticas con sentido de sistema y mediano plazo, los efectos se harán humo.
Nuevas alertas
Una primera, el imperativo de una reingeniería de procesos en las instituciones. No se trata solo de tener menos gente sino de extirpar todo lo que no agregue valor. Dejar lo mínimo indispensable. Muchos creen, con bastante razón, que este proceso debió hacerse previo a las desvinculaciones.
Una segunda, la imprescindible necesidad de concientizar y formar burócratas que atienden al público. Empezando por lo básico: contestar el saludo, mirar a los ojos, hablar castellano. Los de la tercera edad, más que ninguno, sufrimos con impotencia cada trámite, cada mal trato.
Y una tercera: el compromiso ético de no llenar vacantes con compinches ideológicos o personales de autoridades. Y de no destinar el ahorro del ajuste a gastos superfluos y opacos.
Vale la pena aclarar que muchas empresas privadas no se libran de los vicios burocráticos. Solo hay que pensar en uno de los grandes bancos o aseguradoras. Que cumplan su parte antes de exigir eficiencia.
El tema no es nuevo. Varias tentativas han naufragado por visiones estrechas, intereses particulares, falta de voluntad política. Es de esperar que ahora se acierte, con firmeza, con celo por los derechos y con refuerzo a programas relevantes en camino. El "más con menos" nos conviene a todos. (O)
