Ecuador ha iniciado el proceso que probablemente -salvo pronunciamiento irracional de su pueblo en contra de la promulgación de una sustitutiva de la desacertada actual- desemboque en la redacción y vigencia de su nueva Constitución política. Luego de más de tres lustros de aplicación forzada de una normativa a todas luces inconveniente, solo se opondrían a la iniciativa del gobierno quienes, por mala fe y/o por ignorancia, defienden la ley fundamental que ha sumido al país en crisis insostenibles de valores, de institucionalidad y de juridicidad.
Con veinte Constituciones a nuestro haber, los ecuatorianos seguimos enfrascados en discusiones líricas, simples sonetos, sobre supuestos derechos sin siquiera entender su verdadero alcance. Hemos perdido de vista que de nada sirve la retórica en "derechos" cuando su mala concepción afianza un régimen sociopolítico obstaculizante de la realización del hombre en su dimensión integral. El momento en que los derechos mal concebidos de, y por, unos representan trabas para la construcción de una "sociedad buena", naufragamos antes de zarpar. No se trata, ciertamente, de despojar a alguien de sus derechos y razones, pero de enmarcarlos en su efectiva extensión. Si estas proyección y dilatación agrietan a la sociedad en su integridad, tal prerrogativa es obscenidad.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli (1940), discípulo de su compatriota filósofo y politólogo Norberto Bobbio (1909-2004), los dos referentes en novedosas aproximaciones a la teoría política del siglo XX, precisa cuatro valores a ser ponderados en relación con las personas. Cita la vida, la dignidad, la libertad y la supervivencia. Complementa la noción con cuatro "fines o criterios axiológicos" de que tienen que servirse tales valores. Refiere a la igualdad jurídica, al enlace entre derechos fundamentales y democracia, al vínculo entre derechos primordiales y paz, y al rol de los derechos esenciales como la ley del más débil. Los constituyentes deberán atender a estas virtudes y juicios, so pena de seguir errando.
Ámbitos académicos comentan que en la Constituyente de Montecristi los asambleístas algo instruidos en doctrina política, que los hubo en escaso número, abogaron por una carta magna forjada en demarcaciones del "garantismo" propuesto por Ferrajoli. Sin embargo -por consideraciones ideológicas impuestas al margen de la decencia política- tergiversaron ese garantismo válido como principio. Lo hicieron para adecuarlo a protervos intereses de implantar un régimen social-económico-cultural-político acorde a los enunciados del Foro de São Paulo. Este nació en la última década del siglo XX promovido por el Partido de los Trabajadores brasilero. Es la maliciosa reacción al nuevo orden internacional surgido a raíz de la "caída del Muro de Berlín". Respalda posiciones intolerantes e intolerables de movimientos de izquierda radical, étnicos, ambientalistas, nacionalistas extremos, de diversidades y alternativos mal entendidos... y hasta guerrilleros.
Así nace ese absurdo "disyuntivo" de conceptuar al Estado como uno "de derechos", rompiendo el precepto constitucional y legal del "Estado de derecho". La nueva Constitución deberá retomar a este como la base y el fundamento de una teoría general del derecho en términos "principialistas". Es hora también de superar discusiones doctrinarias estériles en torno al iusnaturalismo y al iuspositivismo, para centrar la visión en un Ecuador realista, reconocedor de nuestras diversidades en todo orden, a ser enfrentadas con responsabilidad... sin permitir que sean foco de discordia, pero de unidad pragmática.
En su obra De la esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen (1881-1973) sugiere que la democracia persigue la coexistencia social. Esta jamás puede darse atendiendo a teorizaciones de los dos extremos del espectro político. La extrema derecha y la extrema izquierda son siempre generadoras de conflicto. La protección de las minorías es de la esencia de cualquier teoría política ecuánime, a ser entendida por la ultraderecha. La izquierda radical, por su lado, está llamada a comprender que el amparo a las minorías en modo alguno implica atentar contra legítimos derechos de terceros.
Quienes lleguen a conformar la asamblea constituyente el próximo año están obligados -en responsabilidad histórica y a fuerza de circunstancias en lógica- a comprender y entender que el modelo de país propuesto por la Constitución de 2008 ha fracasado en su totalidad. Nadie en su sano juicio puede seguir defendiendo esquemas constitucionales dogmáticos y orgánicos malévolos, germinados con intereses políticos y económicos populistas. Tengamos en mente que el populismo carece de ideología en términos doctrinales. No obstante, responde a una corriente de pensamiento cuyo principal propósito es acceder al poder antidemocráticamente, para lo cual emplea todo medio a su alcance, incluida la corrupción y el reclutamiento de masas engañadas con discursos inmorales. (O)
