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¿Por qué Ecuador necesita un concurso preventivo moderno?

Esteban Ortiz

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Proteger la continuidad empresarial no es proteger solamente al empresario: es proteger empleos, proveedores, familias, consumidores y la recaudación que sostiene al Estado.

21 Agosto de 2026 15.55

Una empresa puede tener un buen producto, clientes y trabajadores comprometidos y, aun así, quedarse sin aire, sin posibilidad de reacción. Basta con que se atrasen los cobros, suban los costos, se cierre una línea de crédito, aparezca una crisis o un Niño inesperado. Tener problemas de liquidez no siempre significa que el negocio esté condenado ni que haya sido mal administrado. A veces la empresa todavía puede generar valor, pero necesita tiempo y un acuerdo para ordenar sus deudas. Ahí entra el concurso preventivo.

Explicado sin vueltas, el concurso preventivo es una ruta legal para que una compañía que atraviesa una crisis de liquidez encuentre salidas con sus acreedores, proponga alternativas y pueda seguir operando. El derecho otorga una protección concursal para suspender, temporalmente, la presión con relación al cumplimiento de obligaciones de la empresa. En el concurso preventivo se pueden acordar otros plazos, capitalización de deudas, etc. La idea es que la empresa viable se recupere y sobreviva. Ahora, si el negocio ya no tiene futuro, la alternativa no es prolongar lo inevitable, sino liquidarlo de manera ordenada.

No se trata de perdonar deudas ni de regalarle dinero a nadie. La ley fija reglas para que proteger al negocio, pero también para no dejar a los demás sin posibilidad de cobrar. Por eso, la protección concursal suspende temporalmente acciones judiciales de cobro y toma medidas mientras las partes llegan a un acuerdo. Mientras tanto, la compañía puede usar la liquidez que tenga para seguir operando y destinarla a los temas más urgentes, principalmente los laborales.

Ecuador necesita esta herramienta desde hace tiempo. La Ley de Concurso Preventivo de 1997 es obsoleta y excesivamente formalista. El dato más claro es que hasta 2020, la Superintendencia de Compañías había calificado apenas 27 solicitudes concursales desde la entrada en vigor de la ley. Sí, 27 en 23 años. Una norma que casi no se utiliza no está cumpliendo su función.

La distancia con otros países es enorme. En Estados Unidos, el conocido Chapter 11 del BankruptcyCode ha permitido reorganizar y salvar a miles de compañías. En Colombia se presentaron más de 2.500 solicitudes y en España un poco menos de 5.000 solamente en 2019, según información oficial de esos países. 

La buena noticia es que existe una propuesta concreta. El 7 de mayo de 2026 se presentó en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial, iniciativa de la asambleísta Annabella Azin de Noboa. Todavía es un proyecto, no una ley, pero representa un paso importante porque reemplaza la lógica antigua por un sistema pensado para rescatar empresas, proteger el crédito y conservar empleos.

Entre sus novedades, el proyecto establece una protección concursal automática desde la solicitud, con excepciones para proteger derechos laborales. Organiza el procedimiento en tres momentos: petición, negociación y ejecución. Primero se revisa la situación y se presenta un plan; luego se negocia y finalmente suscriben un acuerdo.

Las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menos acreedores y menos capacidad para soportar trámites largos, también reciben una respuesta específica. El proyecto propone un proceso abreviado. El objetivo es encontrar rápidamente una solución: una venta ordenada, una reorganización o una oferta que permita que el negocio continúe. 

Proteger la continuidad empresarial no es proteger solamente al empresario: es proteger empleos, proveedores, familias, consumidores y la recaudación que sostiene al Estado.

El concurso preventivo no garantiza que toda empresa se salve. Pero sí puede lograr que las decisiones se tomen a tiempo, con reglas claras y sin destruir valor. La Asamblea Nacional tiene ahora la oportunidad de discutir, perfeccionar y aprobar una ley moderna, ágil y equilibrada para beneficio del Ecuador. Una empresa viable requiere salidas; los acreedores, una posibilidad real de cobrar; y los trabajadores, que sus empleos no desaparezcan. Aprobar esta ley no es aplazar los problemas: es darles una salida responsable. (O)

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