El Ecuador como país de paz, no va más. Hoy, según ACLED, se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo. Junto con México, Brasil y Haití (Índice sobre conflictos 2.025). El año 2025 fue el año más violento de su historia. Un record de 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes (Primicias).

El enfrentamiento de tamaña magnitud de violencia, ha sido constante. Pero se ha caracterizado por su carácter puntual y episódico. Un golpe por aquí, otro por allá, casi siempre con sentido reactivo. Las pandillas mutan, se mimetizan y se recomponen enseguida. Y la violencia, sin bien ha disminuido, sigue siendo estructural, permanente, avasallante.

La exigencia de una estrategia integral ha sido esta vez escuchada. El llamado Plan Fénix nunca alcanzó sistematicidad ni fue comunicado a la población. En estas semanas, finalmente, el gobierno ha presentado su Plan Nacional de Seguridad Integral 2.025-2.029 convertido en política pública. Contiene: concepción, amenazas, intereses, objetivos, institucionalidad y cooperación internacional… Damos un vistazo a algunos de sus componentes.

En la concepción, resaltan dos definiciones. La primera el sentido de integralidad y de sistema, que implica abordar todos los flancos, desde el enfrentamiento al crimen hasta la prevensión del mismo. Y la segunda, el sentido de política de estado: aspiración de sobrepasar las coyunturas y comprometer acciones más allá de un gobierno, de lograr sostenibilidad.

Las amenazas identificadas permiten precisar mejor los campos de acción y las prioridades. Figuran entre ellas: crimen organizado, extremismo violento, intrusión extranjera, minería ilegal, narcotráfico, terrorismo, subversión, corrupción y ciberataques. Cabe resaltar la presencia de la corrupción que antes no se contemplaba en la seguridad. Y notar, en cambio, la ausencia de la presencia del crimen en las esferas judiciales.

La priorización de intereses nacionales como fundamento constituye un avance. Intereses mencionados: soberanía nacional e integridad territorial, seguridad y cultura de paz, democracia y el estado de derecho, vida digna, patrimonio natural y cultural, prosperidad en equidad. Visión más amplia -no solo punitiva- y estructural.

Lo más esclarecedor constituye la identificación de los objetivos del Plan. Son 7 luces que marcan un horizonte. Un resumen: imponer el control en el territorio; anticipar y neutralizar amenazas mediante la prevención; reconstruir el sistema penitenciario; enfrentar amenazas a democracia; generar condiciones seguras para provisión de servicios; incrementar control del patrimonio y cumplimiento de compromisos internaconales; canalizar equitativamente el financiamento. Estos objetivos se acompañan de resultados. Metas verificables, suceptibles de ser exigidas.

Aunque queda mucho por desplegar y discutir, sobresalen puntos sensibles. Uno, el tema de derechos y su manejo cuidadoso. Es esencial que se frenen desde el principio desviaciones autoritarias y excluyentes. Dos, la falta de precisiones respecto a estrategias, plazos y dirección unificada. Y tres, la presencia extranjera; ayuda de primer nivel que demanda también límites. 

El Plan Nacional de Seguridad 25-29 constituye un ejercicio serio de planificación estratégica. Pero sigue siendo un plan y como tal, expresa al menos 3 riesgos importantes. El primero, que se convierta en declaración retórica, en demagogia: que todo siga igual, aunque con un maquillaje brillante. El segundo, que el Plan no cuente con financiamiento suficiente y constante; que se desinfle con el tiempo.  

Y el tercero, el más relevante, que el Plan no atraiga ni involucre a nadie. Que sea un Plan para la ciudadana, pero no “de”  y “desde” la ciudadanía. Que sea percibida como una propuesta externa, ajena. De lo que se conoce, no han existido mecanismos claros de consulta. Pero estamos a tiempo para las correcciones. Por ejemplo para desatar una gran campaña ciudadana que incluya invitación a participar a las universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, ong, empresas, gobiernos locales, instancias privadas como escuelas y hospitales…

Sin involucramiento social, los planes corren el peligro de debilitarse hasta su mínima expresión. Es importante percibir la participación de manera nueva. Por una parte, como oportunidad para recibir aportes. Y por otra, como mecanismo para exigir rendición de cuentas y dar seguimiento a los resultados y a las metodologías planteadas.

Una política de estado con esta magnitud, no tiene dueño o mejor dicho, tiene muchos dueños. Podría convertirse en una de las pocas experiencias de articulación y colaboración, horizontal y vertical, en un país regido por la sospecha, el bloqueo, la mezquindidad.  (O)