Entre 2010 y 2025, Ecuador habrá destinado aproximadamente US$ 59.519 millones en subsidios estatales a los combustibles. Esta cifra equivale a 1,45 veces el presupuesto anual del Estado, que para 2025 asciende a US$ 40.961 millones, y supera ampliamente el gasto acumulado en salud, educación y protección social durante ese mismo período.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2010-2023 el país destinó US$ 53.922 millones a subsidios a los combustibles. Para 2024 se proyectó un gasto de US$ 3.093 millones. Y en 2025 se estimó una reducción a US$ 2.504 millones, gracias a la implementación de bandas de precios y nuevas fórmulas de cálculo.

Sumado todo, evidencia una distorsión histórica del gasto público y revela la urgencia de una reforma que no solo corrija el rumbo fiscal, sino que redefina las prioridades del Estado hacia una redistribución más justa y eficiente. 

En eso coinciden economistas como Alberto Dahik, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y director de la Facultad de Posgrados, y Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, consultados por Forbes Ecuador.

Además, estiman que la cifra destinada para cubrir subsidios a los combustibles es "más estratosférica", si se calcula desde los años setenta cuando empezaron a aplicarse. 

Para Acosta Burneo, asciende a más de US$ 60.000 millones, es un cálculo del valor presente de todos los subsidios a los combustibles. Y destaca su carácter regresivo: más de la mitad ha beneficiado al quintil más rico de la población. "Realmente es un subsidio absolutamente regresivo, porque es un subsidio a los más ricos".

Dahik señala que el subsidio a los combustibles se instauró en 1974 bajo la premisa de que, al ser país petrolero, el pueblo debía recibir combustibles baratos. Pero "esta lógica fue equivocada y regresiva, y ha generado una distorsión profunda en la distribución del ingreso". Según sus estimaciones, Ecuador entregó más de US$ 80.000 millones para cubrir estos subsidios. "Toda la deuda pública equivale a ese monto".

El presidente de la República, Daniel Noboa, adoptó una medida radical el 12 de septiembre de 2025: finalizar el subsidio al diésel, que genera un ahorro estatal de US$ 1.100 millones anuales.

A través del Decreto Ejecutivo No 126, estableció por única vez el precio de venta al público del diésel premium del segmento automotriz en US$ 2,80 por galón, a partir del 13 de septiembre de 2025. El valor anterior era de US$ 1,80 por galón. El precio estará en vigencia hasta el 11 de diciembre de este año. Posteriormente, se aplicará el mecanismo de estabilización de precios a través de bandas, que no será superior al 5 % ni inferior al 10 % cada mes.

La eliminación del subsidio al diésel "es lo que siempre se debió hacer", señala Acosta Burneo. "El dinero del Estado es escaso y debe destinarse a los más necesitados, no a quienes no lo requieren o a quienes más tienen. Ahora cambia el enfoque: se busca subsidiar al que más necesita".

Para Dahik "es una de las muchas medidas indispensables que Ecuador debe adoptar para generar esperanza de que, algún día, nuestra larga situación de estancamiento económico y deterioro en la calidad de vida pueda revertirse. Era una medida absolutamente necesaria".

Explica que el subsidio benefició históricamente a: empresarios con vehículos de lujo, clases altas y contrabandistas. Mientras tanto, se negó la inversión en salud, educación y vivienda para los sectores vulnerables. "No tenemos perdón de Dios por haberle hecho esta perversidad a los pobres del Ecuador".

El Gobierno, tras la eliminación del subsidio al diésel, informó de la ejecución inmediata de un paquete de 18 medidas compensatorias para transportistas, jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.

Ambos economistas coinciden en que el subsidio fue desmontado en gran parte del sector productivo formal. Acosta Burneo detalla que el diésel industrial, el sector camaronero, la pesca industrial, las gasolinas y el combustible de aviación ya operan con precios liberados.

El ahorro estimado por la medida es US$ 1.100 millones y las nuevas compensaciones sociales son US$ 220 millones, señala Acosta Burneo.

Los dos expertos mencionan que el sistema de bandas, que se aplicará desde diciembre 2025, permitirá una transición gradual hacia precios de mercado. Aunque Dahik advierte que el subsidio oculto vía Petroecuador aún distorsiona los precios.

Acosta Burneo destaca que el Gobierno está creando compensaciones para evitar el alza en transporte público y fortalecer bonos sociales. Pero Dahik insiste en que la focalización debe ser estricta: solo para los pobres, como en el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que todavía mantiene el subsidio estatal.

"No puede ser que usted caliente una piscina con gas subsidiado o parrillas de lujo", dice Dahik.

Sugieren que ese subsidio debe transformarse en transferencias directas, como el Bono de Desarrollo Humano y que el sistema debe permitir que los ciudadanos vulnerables se inscriban voluntariamente.

La eliminación del subsidio al diésel no es solo una medida fiscal: es una redefinición del contrato social. Dahik lo plantea como una lucha contra los grupos de interés que capturaron recursos públicos. Acosta Burneo lo ve como una oportunidad para corregir distorsiones y redistribuir con justicia.

"Si los grupos de interés vencen esta vez, este país no tiene futuro", concluye Dahik.

Antecedentes clave

•  El subsidio al diésel estaba en vigencia desde 1974, durante el Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, en el inicio del auge petrolero.
•  Entre los años ochentas y noventas, hubo intentos de reformas a los precios de los combustibles, en un contexto de protestas sociales e inestabilidad política.
•  En 2019, el entonces presidente Lenin Moreno emitió el Decreto Ejecutivo No 883 que eliminó los subsidios a los combustibles. Pero los revirtió luego de 12 días de paralización de sectores sociales y transportistas.
• En 2022, el entonces presidente Guillermo Lasso decidió reducir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, luego de 18 días de paralizaciones.
• El 26 de junio de 2024, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No 308, que fijó un sistema de estabilización de precios de las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís, se oficializaron nuevos precios, y se eliminó el subsidio estatal. (I)