El 4 de abril de 2022, menos de seis semanas después de que las fuerzas rusas lanzaron su ataque contra Ucrania, oficiales de la Guardia Civil española, el FBI y Seguridad Interior abordaron el Tango, un superyate de casi 70 m en Palma de Mallorca.
Según el Gobierno de EE.UU., el barco valuado en US$ 90 millones, que supuestamente pertenece al multimillonario Viktor Vekselberg (patrimonio: US$ 9.000 millones), fue incautado en virtud de una orden judicial de ese país por presunto fraude bancario, lavado de dinero y violaciones de sanciones. Fue el primer ataque de gran repercusión en una campaña occidental para castigar a los oligarcas rusos. "Nuestra fuerza de tareas realizó la primera incautación de un activo perteneciente a un individuo sancionado y vinculado con el régimen ruso", manifestó el entonces fiscal general Merrick Garland. Y redobló la apuesta, prometiendo que usaría todos los recursos del Departamento de Justicia para confiscar los bienes y transferir las ganancias directamente a Ucrania.
Más de cuatro años después, las audaces promesas de Garland no fueron más que un gran dolor de cabeza. El Tango permanece casi en el mismo lugar donde fue confiscado. Washington no está cerca de venderlo y no se transfirió ni un centavo a Kiev. En cambio, los contribuyentes de EE.UU. desembolsaron unos US$ 14 millones para cubrir los gastos de una tripulación mínima, seguros, combustible y mantenimiento. Si no se pagan las cuentas y se mantienen los motores y la energía funcionando, estos superyates comienzan a deteriorarse. Es el tipo de fiasco financiero que le habría costado la carrera a cualquiera del sector privado, pero es común en los funcionarios públicos.
"Lo puedo ver desde la ventana de mi oficina. Está hace años, quieto bajo el sol", dice Sam Tucker, un agente de yates en el Moravia Yachting, de Palma, quien sostiene que suele ver a tripulaciones mínimas de unas 10 personas. "La pintura se está poniendo vieja, y es probable que haya suciedad abajo del barco. Apenas se mantiene a flote y dentro de la legalidad". Miguel Ángel Serra, el socio fundador del estudio de abogados Legalley, con sede en Palma, calcula que los gobiernos están aprendiendo por las malas lo caro que resulta gestionar un activo ocioso: "Los superyates inactivos cuestan un montón de dinero. Son terriblemente costosos incluso si no se mueven".
En los frenéticos meses después de la invasión de Putin, 11 gobiernos occidentales congelaron o detuvieron al menos 20 superyates vinculados a Rusia valuados en US$ 4.300 millones. Fue una clase maestra en relaciones públicas en tiempos de guerra, que sugería una justicia rápida: confiscar, vender y destinar las ganancias a la reconstrucción de Ucrania. No ocurrió. En cambio, se convirtió en un derroche burocrático. Desde el punto de vista legal, "congelar" un yate no es lo mismo que "confiscarlo", que es lo que debe hacerse antes de que pueda venderse. A lo largo de los años, solo cuatro de esos yates fueron confiscados, tres de los cuales se vendieron a un precio de oferta. De acuerdo con los cálculos de Forbes, los gobiernos de EE.UU. y Antigua y Barbuda fueron los dos únicos que obtuvieron dinero en efectivo después de la venta de yates tras descontar los gastos. Nada parece haber ido a Ucrania. Otros dos yates fueron devueltos a sus dueños.

Mientras tanto, los contribuyentes occidentales siguen pagando las facturas de varios de los 15 yates restantes amarrados en puertos de Europa. Para descubrir los costos reales, Forbes presentó solicitudes de acceso a la información pública en agencias gubernamentales de 11 países, revisó registros judiciales y habló con abogados, agentes de yates y astilleros. Algunas agencias de EE.UU. no respondieron a más de un mes de haber presentado nuestras solicitudes formales; otros países, como Italia y Alemania, se rehusaron a dar información.
Pese a la confidencialidad, Forbes verificó que los gobiernos pagaron más de US$ 100 millones para mantener cinco yates. Para el resto, Forbes trabajó con Phronesis Superyacht Intelligence & Insight, la empresa de datos del mercado de superyates. La odisea de cuatro años de congelamiento de yates costó unos US$ 390 millones hasta ahora, de los cuales los contribuyentes de EE.UU. pagaron al menos US$ 50 millones. Italia es el país que más pagó: casi US$ 100 millones. Entre ellos está Scheherazade, de 140 m —que, según denunció la Fundación Anticorrupción del fallecido líder ruso de la oposición Alexei Navalny, pertenece al propio Vladimir Putin—, valuado en US$ 510 millones. Sigue varado en el puerto italiano de Marina di Carrara, y le costó a la nación US$ 15 millones y contando, de acuerdo con las declaraciones financieras del Italian Sea Group, que es dueño del embarcadero donde el yate permanece desde mayo de 2022.
Para los pueblos y ciudades que quedaron atrapados con estos yates, la situación pasó de ser una molestia leve a algo francamente irritante. Durante cuatro años, los habitantes de Trieste, en el noreste de Italia, han tenido la vista del mar Adriático empañada por el Sailing Yacht A, un yate de 140 m diseñado por Philippe Starck, conocido como "el yate más feo del mundo" y valuado en unos US$ 578 millones. "Es un derroche de fondos públicos; una desgracia", le dijo el alcalde de Trieste, Roberto Dipiazza, al diario italiano Corriere della Sera en 2023.

Del otro lado del país está el Lady M, de 65 m, que, según el Gobierno italiano, pertenecería al magnate ruso del acero Alexey Mordashov. Amarrado en el puerto italiano de Imperia por más de 200 semanas, cuesta unos US$ 700 diarios de electricidad y agua, y US$ 15.000 mensuales en gastos de amarre. A eso se suman otros US$ 57.000 anuales de mantenimiento básico. "El yate está bien mantenido", dice Matteo Bonjean, vicedirector del puerto de Marina di Imperia. Debería ser así si uno considera los más de US$ 2 millones que le facturaron hasta ahora al Gobierno italiano.
La confiscación es más tramposa de lo que parece. Congelar un activo es una cosa, pero la incautación implica un cambio de dueño. Para que eso suceda, las autoridades deben probar que la persona sancionada cometió un delito, y luego obtener una orden para incautarse de sus activos. De los US$ 58.000 millones en activos bloqueados de los oligarcas rusos, solo cerca de US$ 3.000 millones (el 5 %) fueron incautados formalmente. Este número es aún mucho más pequeño en lo que a yates se refiere: de los 20 confiscados por gobiernos, solo cuatro, que valen unos US$ 530 millones, fueron incautados formalmente.
Incluso después de obtener una orden, las autoridades deben atravesar un proceso de confiscación civil para declarar el activo y luego venderlo, algo que EE.UU. todavía no hizo en el caso del Tango. "Una de las prioridades fue impulsar las incautaciones y confiscaciones; no solo el bloqueo de los activos sino la transferencia total y definitiva de la titularidad a los EE.UU. para poner estos activos a disposición de Ucrania", dice Andrew Adams, uno de los socios en el estudio Steptoe, en Washington D.C., que dirigió la unidad especial KleptoCapture del Departamento de Justicia desde 2022 hasta 2023. El presidente Trump disolvió la unidad especial en febrero de 2025 y varios de los activos quedaron en el limbo.
En la Unión Europea, el panorama es aún más complicado porque muchos países carecen de un proceso legal claro (debido a su experiencia en la guerra contra las drogas, EE.UU. es bastante bueno a la hora de incautarse de activos). "Las leyes no se redactaron correctamente al principio —dice Benjamin Maltby, abogado especialista en superyates de Londres—. Las autoridades no tienen la más mínima idea de lo que cuesta tener esas cosas paradas".
Algunos países están intentando que los propietarios sancionados paguen las facturas mientras sus yates permanecen detenidos. Suerte. La identidad de los dueños no siempre es clara, y algunos no se van a molestar en pagar. Por ejemplo, el Luminosity, de 107 m, varado en Montenegro desde el día en que Andrei Guryev Jr. —vinculado al yate e hijo de Andrei Guryev, magnate de los fertilizantes— fue sancionado por la UE en marzo de 2022. Su tripulación fue despedida poco después y está intentando que le paguen desde entonces. Burgess Crew Services, la compañía que contrató a la tripulación en nombre del dueño, consiguió la autorización para transferir fondos del propietario en octubre de 2023; pero casi tres años después ese dinero no se usó para los pagos porque un banco intermediario congeló los fondos y no piensa liberarlos.
"Hay una tripulación de Montenegro designada por el Gobierno que va al yate de vez en cuando, pero no le pagan —dice Russell Crump, un agente de yates con sede en Mónaco que representa a una persona interesada en comprar el yate—. Así que se llevaron la TV y todo el equipamiento".
Es difícil imaginar que alguien quiera comprarlo al precio original. Aunque alguna vez fue descrito como un "palacio de cristal flotante", se está pudriendo en el agua, con escaramujos creciendo en la parte inferior y pisos de teca deteriorándose al sol. "Cualquier barco abandonado en un entorno marino sin tripulación se viene abajo enseguida —explica Robert Dolling, cofundador y CEO de Verpeka Dolling, agencia de yates de Mónaco, y señala que Luminosity ya perdió la mitad del valor de US$ 275 millones—. Si no se hacen funcionar los motores y los generadores, y los sistemas, empieza a irse al demonio".
En los papeles, el dueño legal de Luminosity es una compañía registrada en el paraíso fiscal offshore de Guernsey —una práctica habitual entre magnates que suelen convertirse en dueños de sus barcos a través de una cadena de compañías y fideicomisos—. Esa compañía está enfrentando demandas por años de facturas impagas de una empresa de suministros para yates y del astillero.
En Alemania, Lürssen, el fabricante de superyates, estuvo en la mira de esta guerra de activos. Pero el prestigioso constructor de yates se defendió: harto de pagar millones para mantener uno de estos megayates congelados —el Dilbar, de 156 m de eslora, valuado en US$ 600 millones—, demandó a la Oficina Federal de Comercio y Control de Exportaciones alemana. Lürssen fabricó el yate en 2016 y, por un golpe de mala suerte —volvió al astillero para una reparación cuando estalló la guerra—, está allí.
Aunque Dilbar fue vinculado con el magnate de los metales Alisher Usmanov (cuya madre se llama Dilbar), él y sus abogados han estado luchando para probar que no es el dueño. En algún momento, la hermana de Usmanov era la beneficiaria del fideicomiso dueño del yate (Usmanov y su hermana negaron ser dueños del barco). Ella también estuvo en la lista de sancionados de la UE durante un tiempo hasta que la sacaron en 2025. Fue entonces cuando Lürssen demandó al Gobierno alemán, argumentando que deberían reembolsarle los costos del mantenimiento. En abril, una corte de Frankfurt falló a favor de Lürssen.
Incluso cuando se autorizaron las subastas gubernamentales de los yates incautados, las ventas se manejaron con negligencia. Hasta 2022, el Amadea, de 106 m —un yate con seis cubiertas, un helipuerto, una piscina infinita, ascensores dorados y un piano de cola Pleyel pintado a mano—, pertenecía supuestamente, según el Gobierno de EE.UU., a Suleiman Kerimov, un magnate ruso del oro y miembro de la Cámara Alta del Parlamento de Rusia, a quien EE.UU. sancionó por primera vez en 2018. Poco después del ataque de Rusia contra Ucrania, el Amadea emprendió una travesía de 18 días entre México y Fiji. Ese mayo, las autoridades de Fiji ejecutaron una orden de incautación en nombre del FBI, que lo envió a San Diego. Pasaron otros 16 meses hasta que, en octubre de 2023, el Departamento de Justicia presentó un caso civil de confiscación para incautarse formalmente del yate.
Lo que siguió fue una batalla legal de dos meses entre el Gobierno de EE.UU. y otro oligarca ruso, Eduard Khudainatov, que afirmaba ser el verdadero dueño del Amadea. Khudainatov presentó una demanda para bloquear la incautación mientras que el Gobierno de EE.UU. sostuvo que Khudainatov era solo un "testaferro".
Durante este tiempo, los contribuyentes de EE.UU. pagaron US$ 36 millones para mantener el barco. El Tío Sam terminó por imponerse, ya que ganó el caso y vendió el yate en una subasta en septiembre; pero con un descuento del 37 % respecto de su valor de US$ 300 millones. Después de los gastos, Washington obtuvo US$ 150 millones. El Servicio de Alguaciles Federales de EE.UU., responsable de manejar el yate mientras estaba bajo custodia, se rehusó a presentar un informe contable completo, pero dijo que el dinero se asignaría a "indemnización para las víctimas, gastos del programa y otros gastos de las agencias". Nada de esto parece estar destinado a Ucrania.

El ganador de la subasta por el Amadea fue Abbas Sajwani, el multimillonario de los negocios inmobiliarios de Dubái (26), hijo de Hussain Sajwani, un desarrollador multimillonario y amigo de Trump, también conocido como "el Donald de Dubái". Abbas estuvo disfrutando de su nuevo juguete. Dos días antes del Gran Premio de la Fórmula 1 en Mónaco, invitó a Forbes a ver su compra. "Me atrajeron algunas cosas. La distribución, el estilo del interior, la marca, la calidad de la construcción, lo bien mantenido que estaba", explicó Abbas. A través de la ventana detrás de él, podían verse decenas de otros superyates meciéndose en el azul del Mediterráneo, incluyendo el Axioma y el Alfa Nero, ambos incautados y revendidos.
El Axioma, de 72 m, había sido detenido por funcionarios en Gibraltar después de que Dmitry Pumpyansky, el multimillonario ruso de las tuberías de acero, fuera sancionado por la UE en marzo de 2022, lo que a su vez violó los términos de un préstamo de US$ 21 millones de JPMorgan garantizado por el yate. JPMorgan lo subastó cinco meses más tarde, y lo vendió por US$ 37,5 millones —su valor original era de US$ 42 millones— a los magnates industriales turcos Ali Riza y Robert Yuksel Yildirim.
El Alfa Nero, de 82 m —construido en 2007 por el astillero holandés Oceanco y el primero en tener una piscina que se convierte en helipuerto con solo apretar un botón— partió hacia Antigua y Barbuda en marzo de 2022. Cinco meses más tarde, EE.UU. lo declaró como un activo bloqueado del magnate ruso Guryev, a quien también sancionó ese mismo día. Luego de que la Corte Suprema de Antigua ordenó su incautación, las autoridades locales y el FBI subieron a bordo y lo confiscaron.
Para marzo de 2023, el yate estaba vertiendo aguas residuales sin tratar en el puerto después de que la planta de tratamiento a bordo dejó de funcionar. Ese mismo mes, las autoridades de Antigua aprobaron una ley que permitía al Gobierno vender cualquier embarcación que representara "una amenaza inminente para el puerto y para otros barcos". Enseguida se consideró que el Alfa Nero era una amenaza y se anunciaron planes para venderlo, con el argumento de que había sido abandonado por su dueño.
Los abogados de la hija de Guryev, Yulia Guryeva- Motlokhov, quien afirmaba ser la propietaria real del yate, cuestionó la venta, argumentando que el Gobierno de Antigua no tenía autoridad legal para confiscar el yate. Sin embargo, el Alfa Nero se subastó en el verano de 2023. La oferta más alta provino del multimillonario Eric Schmidt, ex CEO de Google, que ofreció US$ 68 millones, pero enseguida retiró su oferta, cuando se agravó la batalla legal entre la hija de Guryev y el Gobierno de Antigua.
En julio de 2024, el Gobierno finalmente se lo vendió a Yildirim, la misma persona que había comprado el Axioma. Esta vez, el industrial turco obtuvo un gran descuento, ya que pagó US$ 40 millones: menos de la mitad de lo que había valido alguna vez. Después de deducir los US$ 9 millones que el Gobierno de la isla había desembolsado para gastos de mantenimiento, los fondos restantes se usaron para pagar la deuda del Gobierno de Antigua. Ni un solo centavo se destinó a Ucrania.
La hija de Guryev sigue librando una batalla judicial en Antigua; EE.UU., Rusia y los Emiratos Árabes Unidos sostienen que el Gobierno de Antigua incurrió en corrupción y obtuvo una comisión ilegal por la venta, algo que Antigua negó. Mientras que el Alfa Nero sigue fuera de su alcance, Yulia Guryeva-Motlokhov tuvo bastante éxito en su persecución del nuevo dueño en Rusia. En julio, un tribunal ruso ordenó la incautación de una fábrica de ferrocromo que pertenece a Yildirim y a su hermano. Yildirim se negó a formular declaraciones, mientras que los representantes de Guryeva-Motlokhov y el Gvobierno de Antigua no respondieron a la solicitud de comentarios.
Esta clase de complicaciones legales y estructuras de propiedad opacas redujeron el valor de estos activos. ¿Qué sucedería si el yate navegara hacia a un país que no reconoce la venta, lo que llevaría a que fuera detenido por orden de su antiguo propietario? "Se supone que navegar en un yate es algo divertido —dice Richard Lambert, un agente de ventas de Burgess Yachts en Mónaco—. Uno no tiene ganas de estar mirando por encima de su hombro. Cualquiera que quiera comprar uno de esos yates va a tener que buscar un excelente asesoramiento legal".
Quizá por eso Yildirim ya está intentando vender. O tal vez solo esté tratando de obtener más dinero: menos de un año después de pagar US$ 40 millones por Alfa Nero, lo puso en venta por US$ 101 millones y lo exhibió durante el GP de Mónaco en junio. También ofreció el Axioma por US$ 63 millones, un 67 % más de lo que pagó por ese yate.
En cuanto a los contribuyentes, todavía podrían verse afectados. Los exdueños de los yates están recurriendo cada vez más a reclamar indemnizaciones y daños y perjuicios a los gobiernos. Una empresa fantasma que afirma ser dueña del Royal Romance, valuado en
US$ 200 millones, presentó una demanda contra Croacia exigiendo más de US$ 40 millones por la imposibilidad de usarlos. La mayoría fracasaron hasta ahora, pero los abogados sostienen que los riesgos van a aumentar si más tribunales anulan las designaciones de sanciones o dejan sin efecto el congelamiento de ciertos activos. "En los casos en que se determinó que la inclusión en la lista fue ilegal, es muy probable que surjan demandas por daños", dice Bertrand Malmendier, un abogado de Berlín que trabajó en casos de superyates. Aquellos que tengan éxito en los tribunales podrían solicitar una indemnización por depreciación, pérdidas de ingresos por fletes o gastos de mantenimiento.
En EE.UU., que tomó más medidas específicas que sus pares europeos, es menos probable; pero incluso aquí, donde los vientos políticos cambiaron, los oligarcas tienen una oportunidad. "Ciertamente tendrían capacidad [para demandar] —dice un exasesor de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.—. Estás lidiando con un grupo muy rico en recursos y litigioso".
Lo que empezó como una campaña muy visible de las naciones occidentales para apoyar a Ucrania se convirtió en un fiasco que derrochó millones, fracasó en ayudar a Kiev y no tuvo ningún impacto en Putin o sus aliados. Como un famoso economista dijo alguna vez: "La solución gubernamental para un problema suele ser tan mala como el problema". O peor. (I)
*Este artículo se publicó originalmente en la edición número 32 de Forbes Ecuador, octubre / noviembre 2026, que está en circulación.
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