Fabián Corral en su artículo del 9 de agosto en El Comercio, reflexionaba sobre La Dignidad y otros olvidos... El tema es tan importante que al narrar una vez más las violaciones que se decretaron el 23 de agosto del 2014, hace ya 7 años, cuando el gobierno de Correa ordenó el cierre ilegal de Diario HOY, sus criterios se pueden aplicar al descalabro que ha vivido Ecuador como resultado de aquel nefasto período: Crisis económica, política, moral, generalización de la corrupción, negación de la honestidad, de la decencia, con la imposición del grito mas fuerte.
Cuando se decidió la liquidación de la empresa editora, con la acción irregular de la Superintendencia de Compañías, apoyada por la ceguera de pocos obreros que sucumbieron a los halagos y promesas de ese gobierno, se nombró una liquidadora que desertó al poco tiempo, nominándose un segundo que encontró la empresa devastada.
La Superintendencia ordenó borrar los registros de inventario y contables de valiosos activos, para cumplir con el causal de liquidación; se esfumaron otros activos, se los vendieron a precios mínimos. Se dejó vencer el registro del portal de la red, el que, al día siguiente de este “olvido”, fue registrado por una ciudadana relacionada con funcionarios intervinientes.
Han pasado 7 años sin concluir el proceso. Cuando en el 2014 la empresa conoció las intenciones del gobierno, decidió su liquidación voluntaria y comunicó a la Superintendencia de acuerdo con la ley. Mas tarde se negaba la decisión empresarial, el mismo día que ordenaban la liquidación de oficio, aduciendo que ¨los mismos administradores no podían asumir la liquidación pues perjudicarían a los trabajadores¨ Los medios públicos publicaron vastas notas al respecto.
La liquidación de oficio, supuestamente para precautelar los derechos laborales ha sido un fracaso.
Los archivos físicos y digitales, las bases de datos de 32 años de la democracia, no se han podido utilizar, porque no constan en los registros de la empresa liquidada. Las marcas, tampoco. La prensa y sus auxiliares, los mayores activos físicos valorados inicialmente en algo mas de un millón de dólares, se embargaron dizque para ¨preservar¨ los derechos de los trabajadores. Los dirigentes laborales solicitaron al Ministerio se entreguen esos equipos como pago de sus haberes. El Inspector ha negado, aduciendo que, al estar embargados a favor de los trabajadores, se debe rematarlos para que reciban el valor que se recaude, obviamente con el lógico perjuicio, dado los descuentos por el remate y el deterioro que han sufrido.
Se conoce que el liquidador ha renunciado hace algunas semanas? aunque nadie ha comunicado oficialmente esa novedad. No se sabe si lo han sustituido. No existen balances aprobados desde el 2014, año de la liquidación, hasta la fecha. Ni se ha entregado un informe de fin de gestión del funcionario.
Los ex empleados engañados por el gobierno correísta, han cobrado parcial e irregularmente los haberes fijados también ilegalmente, por dicho Inspector del trabajo. El abogado, con la aprobación del mismo funcionario, cobró sus honorarios, de los fondos destinados a los ex empleados, a los que mas tarde abandonó.
En suma, las divagaciones, los falsos discursos sobre los derechos laborales, la manipulación de la ley, la falta de control de las acciones de los responsables, demuestran el descalabro de instituciones y personas, que olvidaron el sentido de la dignidad, de la honra, de la transparencia, mientras unos pocos buscan continuar el castigo contra los que sustentaron ese medio independiente y libre durante 32 años. (O)
