Las ciudades no pueden darse el lujo de ser campos de batallas políticas. Cuando los gobiernos locales y el gobierno nacional caen en una lógica de confrontación permanente, los grandes perdedores son siempre los mismos: las ciudades y sus habitantes.

Esta pugna no es un simple desacuerdo institucional. Es un factor que erosiona la capacidad del Estado —en todos sus niveles— para responder con eficacia a las necesidades de la población. Cuando la coordinación se reemplaza por la disputa, los proyectos se paralizan, las decisiones se dilatan y los recursos se desperdician. El resultado es evidente: menos obras, peores servicios y oportunidades que se pierden.

El costo de oportunidad de esta confrontación es enorme. Cada proyecto que no se ejecuta por falta de acuerdos es empleo que no se genera, infraestructura que no se construye y calidad de vida que no mejora. Cada política pública desarticulada produce duplicidades o vacíos que terminan afectando, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

Las ciudades, por su propia naturaleza, exigen coordinación. La planificación urbana y el desarrollo económico dependen de decisiones que trascienden competencias aisladas. La fragmentación no solo es ineficiente, es regresiva.

Lo más preocupante es que esta confrontación suele responder a cálculos políticos de corto plazo. La lógica electoral termina imponiéndose sobre el bienestar colectivo. Se prioriza el conflicto que genera visibilidad, en lugar de la cooperación que produce resultados. En ese escenario, los ciudadanos dejan de ser el centro de la acción pública y pasan a ser espectadores —y víctimas— de disputas de poder.

A esto se suma una realidad incómoda: muchas autoridades llegan al poder sin el respaldo mayoritario de la ciudadanía, producto de un sistema electoral que fragmenta la representación. Esta debilidad de origen no solo afecta su legitimidad (asumen el poder sin el respaldo de más del 70% del electorado), sino que también incentiva dinámicas de confrontación antes que de cooperación. Así se consolida un círculo vicioso donde se justifican ineficiencias, endosan responsabilidades y se culpa al otro por los problemas no resueltos.

En medio de este desgaste institucional, emerge otro riesgo: el avance del populismo. La desesperanza y frustración ciudadana frente a la inacción abre espacio a soluciones simplistas y liderazgos que no resuelven los problemas de fondo. Muchos creen que al acceder a estos cargos, encontrarán refugio para la impunidad, o lo que no es menos grave, espacios para la persecución política. (O)

Romper esta lógica no es una opción, es una necesidad. Las ciudades tienen un potencial enorme cuando sus instituciones trabajan alineadas. Gobernar implica coordinar, ceder y construir consensos. Se requieren reglas claras de articulación entre niveles de gobierno, pero sobre todo voluntad política para cumplirlas.  (O)