Es importante distinguir cuál es el margen de maniobra del gobierno en una economía como la ecuatoriana, dolarizada, abierta al exterior, pequeña en el contexto externo y vulnerable ante episodios políticos y shocks internacionales. Cada economía tiene sus propias características por lo que los diagnósticos y las recomendaciones de política económica deben ser “tailor made”, vale decir, hechos a la medida de cada realidad.
El caso del Ecuador muestra con bastante claridad que hay indicadores que dependen mayoritariamente de factores externos antes que por decisiones internas. Ese es el caso de la inflación, indicador de crecimiento de precios fuertemente determinado por la inflación en Estados Unidos, país emisor de los dólares que usamos en el país. Si no existe tipo de cambio y los dólares en circulación vienen dados por nuestras relaciones internacionales, comportamiento cuantificado a través de la balanza de pagos, no hay la presencia de política monetaria por la inexistencia de emisión de dinero. No emitimos dólares por lo que no podemos generar inflación por esta vía. Sin embargo, si importamos bienes y servicios del exterior y éstos reflejan un aumento de precios, sí podemos registrar mayor inflación doméstica por la presencia de una mayor inflación importada. Esto se ya produjo en la etapa post pandemia del Covid en el 2021 cuando el aumento de la inflación norteamericana sobre el 9% anual impactó en la inflación doméstica. Fenómeno similar puede ocurrir en las actuales circunstancias a raíz de la guerra en medio oriente y el encarecimiento de la energía, derivados del crudo, el transporte y una cantidad de productos que el Ecuador importa. Lo explicado ilustra que la inflación en el país puede subir por factores externos a las decisiones internas, pero también ilustra que el registrar inflaciones internas bajas tampoco es por la bondad de la política económica interna. Lo que sí podría ocurrir es que se produzca un fuerte incremento de la demanda doméstica por abundante liquidez proveniente de diversas fuentes externas y que ese impacto no tenga una oferta de bienes adecuada y produzca mayor inflación. Este último caso es sin duda poco probable.
Otra variable que depende mayormente de la realidad de la economía estadounidense más que del Ecuador es el nivel y comportamiento de las tasas de interés. Si bien es cierto que los niveles de riesgo país son distintos entre ambas economías, por lo que es muy difícil sostener los mismos niveles de las tasas, la fluctuación de las mismas en Estados Unidos si afecta positivamente o negativamente a las tasas de interés en el Ecuador. El financiamiento en dólares al sector público o privado puede encarecerse o abaratarse. No obstante, vale aclarar que el hecho de no contar el país con tasas de interés de total libre fluctuación hace menos lineal la relación entre tasas internas y externas pero no elimina la estrecha relación entre ambas estructuras. Inclusive, el que en el Ecuador se ofrezcan a través de la banca pública operaciones de crédito con tasas de interés alejadas del costo de fondeo de las instituciones o no compatibles con el propio riesgo país, hacen que la vinculación de las tasas de interés en dólares en Ecuador y en Estados Unidos se vea menos cercana pero eso no elimina la fuerte interrelación entre ambas.
Bajar “a la fuerza” las tasas de interés en el país sin mayor respaldo técnico ante aumentos de las tasas de interés en el exterior no es sostenible y puede generar otras secuelas como aumento de subsidios ineficientes o debilitamiento del patrimonio de instituciones financieras del sector público.
El crecimiento de las exportaciones privadas es atributo mayoritariamente del sector empresarial como fue lo acontecido el 2025 pero sí puede verse fortalecido o debilitado dependiendo de lo que pueda ejecutar el gobierno. Por ejemplo, la suscripción de convenios de comercio fortalece las exportaciones privadas. Por el otro lado, la presencia de un marco legal en lo laboral caduco como el actual, afecta negativamente las exportaciones privadas, al igual que a todo el sector productivo.
La inversión pública que apenas concentra el 3% del gasto total del presupuesto estatal podrá abonar favorablemente a la reactivación productiva y a la inversión total si se liberan recursos y se flexibiliza el presupuesto fiscal, para lo cual el tomar decisiones sobre el tamaño y el rol del estado y las otras reformas como la atinente a la producción de petróleo o a la seguridad social se tornan en acciones urgentes e importantes.
La anhelada inversión extranjera podrá hacer presencia en magnitudes adecuadas no solo si baja el riesgo país sino si se producen las reformas económicas antes citadas, si se va eliminando el impuesto a la salida de divisas, si hay estabilidad tributaria y no cambios de normas de forma permanente, si se avanza en una justicia independiente y si los problemas de seguridad se van resolviendo.
La operación de los servicios públicos es responsabilidad total del estado y éstos no van a brindar la atención adecuada si no se hace una depuración de forma y de fondo. La salud y la educación pública no pueden seguir con los actuales estándares de atención. La independencia de la justicia y la seguridad ciudadana son también responsabilidad del estado aunque la relación ejecutivo y justicia es siempre un problema de autonomía e independencia. Lo único cierto es que no hay confianza para el inversionista privado del país y del exterior y para el ciudadano común que no puede contar con una justicia limpia y eficiente.
Con lo anotado que quede claro que es lo atinente el gobierno, al estado y al sector privado, pero también resaltar la permanente interrelación entre ambos mundos. (O)
