En el manejo de la política económica los distintos ámbitos están interconectados por lo que las acciones no pueden desconocer que una acción en un determinado sector puede tener impactos positivos o negativos en otros sectores. Una decisión que busque controlar o limitar el flujo de capitales al exterior, caso de la instauración del impuesto a la salida de capitales en el 2007, terminó, lejos de regular la salida de fondos al exterior, alimentando esa tendencia. La salida de capitales creció más que antes de existir este impuesto, al punto de convertirse en el tercer impuesto de mayor recaudación luego del IVA y del impuesto a la renta. ¿Qué produjo además esta medida impositiva? Una seria restricción a la inversión extranjera, pues limitar el libre flujo de capitales, más aún en una economía sin moneda propia, dolarizada, desalentó la entrada de nuevas inversiones, pues una tasa tributaria que grava la salida de fondos terminó siendo una limitación a la entrada de recursos. Además, frenar la inversión extranjera afectó el nivel de actividad económica y la propia liquidez externa que alimenta la dolarización. Este caso ilustra la interconexión que existe entre una decisión tributaria con la liquidez en el sistema y el sector real, vale decir, el grado de actividad económica.

Un desequilibrio fiscal permanente y de magnitud considerable, superior al 3% o 4% del PIB, afecta negativamente también la sanidad fiscal, complica el costo del financiamiento interno y externo y puede provocar lo que se llama “efecto desplazamiento”, es decir, mover recursos privados que podrían tener un impacto favorable para la actividad económica al sector público donde la calidad del gasto es menor y donde los fondos se destinan para cubrir o para reducir, el déficit fiscal. En este caso se puede evidenciar que un problema fiscal afecta a la economía privada y produce efectos desfavorables al crecimiento económico.

Cabe recordar que la introducción del llamado impuesto a los consumos especiales, ICE, iniciado en 1989 para aumentar la recaudación pero principalmente para supuestamente cuidar la salud pública, pues aplicó a cigarrillos y licores y también buscaba frenar la importación de artículos llamados suntuarios como vehículos de alta gama y joyas. ¿Qué produjo esto en el tiempo? Lamentablemente distorsiones como alimentar el contrabando de licores y cigarrillos y no necesariamente frenó importaciones de bienes suntuarios por tratarse de bienes “superiores”, es decir, que a pesar del mayor costo por un ICE elevado las importaciones no se desalentaban lo suficiente.

Aterrizando el tema en el comercio exterior, introducir aranceles elevados para fines netamente recaudatorios puede también ser negativo en resultados, pues podría deteriorar el comercio exterior con lo que tal vez las recaudaciones suban pero la actividad económica puede también desalentarse. Es decir, por mejorar las recaudaciones fiscales la política económica estará desestimulando al sector productivo.

Se pueden encontrar múltiples casos que ilustran la interrelación y vinculaciones de una actividad con otras pero lo constructivo es buscar que los problemas nacionales pueden ser abordados de la mejora forma posible. 

Es por lo tanto pertinente analizar el problema de la seguridad nacional explicada con el lamentable ingreso de droga desde Colombia y la decisión del gobierno ecuatoriano de presionar al país vecino a través del incremento de la tarifa arancelaria para importaciones colombianas en el 30%. Este mecanismo busca presionar a las autoridades de Colombia para que mejoren el control de la droga que ingresa al Ecuador. Esto significa utilizar un instrumento de comercio exterior, como es el caso del arancel, para resolver un problema de seguridad y de narcotráfico.

Era esperable que las autoridades colombianas reaccionen de manera inmediata, como ha sido la también aplicación de un arancel del 30% a las exportaciones ecuatorianas a ese país. Con ello, el Ecuador se complica buscando vender arroz, camarón, banano, etc. a Colombia y, el país vecino también compromete las exportaciones a Ecuador de vehículos o medicinas. Esto afecta negativamente al sector productivo colombiano y también al ecuatoriano y puede promover lo que se llama “externalidades” negativas, es decir, secuelas como el contrabando de productos comerciados entre ambos países. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano ha venido trabajando en insertar más activamente al Ecuador en los mercados internacionales a través de la suscripción de acuerdos de comercio exterior y de cooperación con distintos países, decisión acertada, pero, paradójicamente, introduce un elemento que va en contravía del comercio con uno de sus principales socios comerciales, Colombia.

Al mismo tiempo que Ecuador exige mayor control a Colombia del transporte de drogas al Ecuador, el país vecino puede también argumentar que el gobierno ecuatoriano cuide mejor el ingreso de esa droga y la salida de la misma por la zona costera a los distintos destinos como Europa, Norteamérica o Asia.

En esta situación también se introducen temas políticos como la entendible posición de ambos mandatarios para no retroceder es sus posturas, pues podría ser visto como una debilidad política, asunto que ningún presidente estaría dispuesto a absorber el impacto.

Por ésta y otras razones se estima que el problema de la inseguridad derivada del tráfico de cocaína desde Colombia a Ecuador, estando todos de acuerdo que es un grave problema que demanda una urgente solución, debe ser abordado desde una óptica diplomática y de las fuerzas del orden de ambas naciones, más no a través del uso de un instrumento de comercio exterior como el arancel donde todos pierden, el sector privado del Ecuador y de Colombia.

Cada tema debe ser abordado en su ámbito y no mezclar instrumentos de otra órbita, pues los cortocircuitos pueden ser difíciles de desconectar. (O)