Hay historias que no deberían existir. No porque sean irreales, sino porque su sola posibilidad revela una falla profunda en aquello que llamamos sociedad. Esta semana un bebé falleció tras una larga travesía en la que sus padres, sin recursos económicos, caminaron durante tres días por la selva con sus hijos en brazos. No había dinero para pagar una avioneta, no había rutas accesibles, no había un sistema que respondiera a tiempo. Y en ese vacío, en ese silencio institucional, la vida más frágil se apagó.

Este no es un hecho aislado ni un accidente inevitable. Es, en esencia, la expresión más cruda de la desigualdad estructural. Es la evidencia de que, en pleno siglo XXI, el acceso a servicios básicos sigue dependiendo del lugar en el que se nace, del dinero que se tiene o de las influencias sociales que acompaña. Y es, sobre todo, una señal de alerta para quienes tienen en sus manos la dirección del país.

La Organización de las Naciones Unidas ha sido clara en señalar que los derechos humanos no son concesiones, sino garantías universales. Entre ellos, el derecho a la salud ocupa un lugar central. Este derecho implica que todas las personas, sin discriminación alguna, deben tener acceso oportuno, adecuado y de calidad a servicios de salud. No se trata únicamente de hospitales o médicos, sino de sistemas integrales que aseguren atención preventiva, transporte, infraestructura y respuesta inmediata ante emergencias.

Cuando una familia debe caminar durante días para intentar salvar la vida de un hijo, ese derecho ha sido vulnerado. Y cuando el desenlace es la muerte, la vulneración se convierte en una tragedia irreversible que interpela a toda la Sociedad y que sumado a otros factores como: falta de vías de acceso, transporte público, alimentación equilibrada, educación de calidad, servicios básicos, empleo, vivienda y todo lo que necesita el ser humano para vivir, se conjugan, seguir en el círculo de la pobreza es lo que sigue. 

UNICEF, por su parte, ha reiterado que la infancia debe ser una prioridad absoluta en las políticas públicas. Los niños y niñas no son solo el futuro, son el presente. Son sujetos de derechos que requieren protección especial debido a su condición de vulnerabilidad. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la gran mayoría de países del mundo, establece que los Estados deben garantizar el máximo nivel posible de salud y asegurar que ningún niño sea privado de servicios sanitarios.

Sin embargo, la distancia entre el discurso y la realidad sigue siendo abismal. En muchas regiones, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, los servicios básicos son inexistentes o insuficientes. Las comunidades viven en un abandono histórico que se traduce en vidas truncadas, en oportunidades perdidas y en dolores que se repiten generación tras generación.

Es importante detenernos un momento y pensar en lo que significa caminar tres días con un bebé enfermo en brazos. No es solo una travesía física, es una carga emocional insoportable. Es la desesperación de unos padres que hacen todo lo posible, dentro de sus limitaciones, para salvar a su hijo. Es el miedo constante, la incertidumbre, el cansancio extremo. Es, en última instancia, una lucha desigual contra un sistema que no estuvo ahí cuando más se lo necesitaba.

Hablar de derechos humanos en este contexto no es un ejercicio teórico. Es una urgencia práctica. El derecho a la salud está íntimamente ligado a otros derechos: al acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, a la información, a la movilidad. Cuando uno de estos falla, los demás también se ven afectados. Y en el caso de la infancia, las consecuencias son aún más graves.

La historia de este bebé nos obliga a mirar más allá de la indignación momentánea. Nos invita a cuestionar las prioridades como sociedad. Estas historias son la punta del iceberg de un problema mucho más amplio. Son el reflejo de sistemas que no han logrado cerrar las brechas, que no han llegado a todos, que han dejado a muchos atrás.

La muerte de un niño por falta de acceso a servicios de salud no es solo una tragedia familiar, es un fracaso colectivo. Es una señal de que algo no está funcionando como debería y es, también, una oportunidad para cambiar.

La historia que nos convoca hoy no debería repetirse. No debería haber padres que deban elegir entre endeudarse o caminar días enteros para intentar salvar a sus hijos. No debería haber niños que mueran por causas evitables. No debería haber comunidades olvidadas.

Mi profesión me lleva a velar y promover la protección de los niños, por lo que desde mi espacio promuevo, lo que considero prioritario, atención, cuidado, respeto y el compromiso que en calidad de adulto asumo, cuidar de la infancia. (O)