La era del endeudamiento barato ha llegado a su fin a nivel global, y es un tema que debería preocupar en Ecuador a pesar de no ser un tomador agresivo de fondos del exterior y tener un inversionista cautivo para sus colocaciones de deuda doméstica a tasas subsidiadas. Con una deuda pública que cerró el 2025 en un 62.3% del PIB, el país se ha propuesto la ambiciosa meta de reducir este indicador al 40% para el año 2031, un año antes de lo previsto originalmente.

En palabras del Fondo Monetario Internacional, el mundo enfrenta una especie de "COVID fiscal prolongado", donde la combinación de altos niveles de deuda y tasas de interés elevadas obliga a los gobiernos a elegir qué prioridades financiar y cuáles postergar. Ecuador enfrenta este desafío en un contexto complejo, marcado por la volatilidad de los precios del petróleo, baja inversión, una crisis de seguridad interna desafiante y vulnerabilidades ante desastres naturales que presionan constantemente el gasto público.

A pesar de estos vientos en contra, la economía ecuatoriana ha mostrado resiliencia, con un crecimiento real del PIB que alcanzó el 3.7% en el 2025, impulsado por una recuperación de la demanda interna y por sólidas exportaciones no petroleras. Al mismo tiempo, no se puede negar que el gobierno ha tomado algunas medidas decisivas para mejorar la trayectoria de las finanzas públicas, tanto por el lado del ingreso como del gasto, aunque queda mucho por hacer para cerrar un déficit estructural equivalente a aproximadamente 4% del PIB. Para continuar y profundizar esta senda de mejora fiscal requiere resolver un dilema clásico de la política económica: cómo sanear las cuentas del Estado sin desproteger a los sectores más vulnerables de la población y sin reducir la liquidez doméstica y externa que puede financiar el crecimiento económico.

En este contexto, la gestión de la política fiscal en Ecuador no es solo una cuestión de aritmética, sino fundamentalmente de confianza de la población, un recurso que a menudo es escaso cuando se solicitan sacrificios adicionales a la ciudadanía. Sin transparencia y una percepción de justicia en la distribución de los esfuerzos fiscales, incluso las reformas más sólidas técnicamente pueden fracasar ante el descontento social. Respecto a la gestión de la deuda pública, el reto de Ecuador es asegurar que el endeudamiento actual sirva para construir un futuro más próspero y no sea simplemente una carga que se transfiere a las próximas generaciones. (O)