Por primera vez en más de una década, la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado. Lo habitual era la abstención: dejar que la proforma entrara en vigencia por ministerio de la ley, sin asumir responsabilidad política ni técnica. El cambio no se debe a un aumento en la calidad del documento enviado, a propuestas presupuestarias innovadoras o a la calidad del debate. La aprobación es, más bien, una señal inequívoca de que existe voluntad política de respaldar el plan económico del Ejecutivo. Ese respaldo representa una oportunidad que debe aprovecharse con inteligencia, ya que abre la puerta a que las reformas necesarias se tramiten con mayor agilidad y menor costo político.
Los mercados respondieron con rapidez. El riesgo país, que a inicios de año superaba los 1.200 puntos, hoy se ubica por debajo de los 700 puntos, el nivel más bajo desde que se empezaron a dar señales de salida al modelo del socialismo del siglo XXI. Esto refleja que Ecuador muestra capacidad de generar consensos políticos en torno a la estabilidad fiscal. Evidentemente, los desafíos no se han desvanecido: la dependencia del crudo sigue marcando la pauta y los subsidios generan distorsiones en las cuentas públicas que aún no se corrigen.
El 2026 será un año decisivo. Allí se medirá la capacidad del equipo económico para concretar proyectos de inversión que atraigan capital privado y financiamiento internacional estable, frente a la opción de seguir acumulando deuda con organismos multilaterales. La empresa privada ya presenta iniciativas concretas, pero el país debe reaprender a hacer negocios a gran escala después de más de 15 años marcados por la desconfianza hacia el sector privado y la falta de transparencia.
Ese reaprendizaje implica un cambio cultural. El sector público debe reconocer que el privado no es un enemigo y que asociarse con él no significa abrir la puerta a comisiones ni a glosas interminables de la Contraloría. El sector privado, por su parte, necesita profesionalizar la manera en que presenta y gestiona proyectos, alejándose de la figura del "gestor de concesiones" y mostrando solidez técnica y financiera, con estándares internacionales. Los organismos de control deben enfocar su acción en sancionar la corrupción real, sin desincentivar a quienes actúan con transparencia. Y los medios de comunicación cumplen un papel clave al visibilizar y celebrar las inversiones limpias que generan empleo y desarrollo.
La experiencia de casos como Odebrecht dejó cicatrices profundas en todo el tejido empresarial y económico del país, prácticas que se extendieron a innumerables proyectos. Estas experiencias no solo generaron pérdidas económicas, sino también una percepción generalizada de que todo proyecto público-privado estaba contaminado por corrupción. Esa herida frenó durante años la posibilidad de alianzas con socios de primer nivel, paralizó decisiones de inversión y fortaleció la cultura de la sospecha.
Superar ese trauma nacional exige demostrar que Ecuador puede ejecutar proyectos de gran escala con estándares internacionales de transparencia y con actores privados que asuman compromisos de largo plazo. Esa es la terapia que el país necesita para volver a confiar en sí mismo y en su capacidad de crecer junto al mundo. Que cada uno de los actores del sistema económico y empresarial deje de lado las zonas grises que han perjudicado tanto tiempo al país. (O)
