Recientemente, el Ejecutivo emitió el Decreto 398. No es una simple actualización tributaria, es un nuevo momento en la Servicio de Rentas Internas que busca tener una trazabilidad de los servicios.

Durante once años el SIMAR (Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal) operó sobre tres bienes: alcohol, cerveza y cigarrillos. Producto físico, sello físico. Ahora, el decreto introduce los Componentes Digitales de Seguridad, una categoría jurídica autónoma, que opera sin soporte material adherido al producto. Es la base para marcar lo que no se puede pegar.

¿Cómo se marca un servicio? Las administraciones OCDE llevan una década respondiéndolo. Una llamada deja huella en el switch del operador. Una transacción queda en el core bancario. Un litro de combustible queda registrado en el surtidor. Una noche de hospedaje queda en el PMS del hotel. La marcación digital exige que ese evento sea reportado al instante al fisco vía API definida por norma.

En esta ocasión, Ecuador no está inventando nada, sigue la tendencia. Hungría opera RTIR desde 2018. España opera SII desde 2017. Brasil, SPED desde 2007. Chile, factura electrónica obligatoria desde 2018. Países Bajos prueba un tax splitter que paga el IVA directo al fisco en el momento de la transacción. La OCDE reporta que el 70% de administraciones ya usa IA sobre big data fiscal.

¿Existen consecuencias? Sí, identifico tres en particular: 

1. La auditoría tradicional tiende a reducirse. Cuando el SRI conoce el evento en el instante en que ocurre, la declaración deja de ser fuente primaria y se vuelve checksum. La carga argumentativa se invierte: el SRI ya sabe, el contribuyente confirma o se explica.

2. El algoritmo reemplaza al auditor en el 90% de los casos. La detección de anomalías es continua y silenciosa. Solo la desviación relevante escala al funcionario humano.

3. Los sectores más difíciles de fiscalizar, como telecomunicaciones, hidrocarburos, hospitalidad, transporte, servicios profesionales, pasan a ser los más fácilmente fiscalizables. En estos casos, la marcación digital no se evade ocultando facturas, sino desconectando la infraestructura del negocio.

¿Cuáles serán los próximos sectores? La Disposición General Primera enumera, no por azar, a ARCOTEL y ARCH junto a los Ministerios de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y Producción. Y el SRI define el alcance por resolución, ninguna reforma legal nueva es necesaria.

¿Qué debemos hacer? Auditar preventivamente la coherencia entre los sistemas de la empresa, ERP, facturación, CRM, pasarelas, y lo declarado. Cualquier desfase es un track que el algoritmo puede a detectar. Y entender que la planificación útil ya no vive en la mecánica del reporte, sino en la sustancia, la jurisdicción y la estructura.

Me pregunto ¿Están listos los empresarios para adaptar y preparar su empresa a este “nuevo futuro”?  (O)