En el Ecuador tenemos demasiadas normas, y una gran parte de ellas, están mal hechas. 

Recordemos que la capacidad de legislar no solo le corresponde al Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo (mediante decretos ejecutivos, reglamentos y acuerdos ministeriales) y los Municipios (a través de ordenanzas municipales) tienen capacidad de expedir normas generalmente obligatorias. 

El problema se ha generado porque: 

Primero. Hay una obsesión de legislar a través de leyes orgánicas desde hace más de una década. Estas normas, inicialmente, fueron creadas para definir las potestades de los poderes del Estado. Pero, a partir de la Constitución del 2008, se permite que estas leyes también se utilicen para “el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. Esto significa que las leyes orgánicas pueden ser empleadas para legislar sobre cualquier materia. A simple vista, esto parecería razonable para que así los derechos de las personas se vean reforzados por normas más fuertes que las leyes ordinarias. Sin embargo, se ha generado un gran problema, ya que este tipo de normas son difíciles de reformar o derogar. 

Se han convertido, así, en normas estáticas en un mundo dinámico que se mueve con una rapidez nunca antes vista; e implica que, a pesar de que una ley orgánica expedida esté mal hecha, tenga efectos negativos o se vuelva obsoleta, sea difícil de cambiar o revocar. Esto es evidente en varias leyes orgánicas, sobre todo en materia laboral, que necesitan urgentemente de reformas, pero terminan escritas en piedra, con errores y contradicciones, por los siglos de los siglos, amén.

Segundo. Existe una carencia alarmante de técnica legislativa, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo y en lo Municipal. La técnica legislativa se debe entender como el conjunto sistemático de reglas, procedimientos, uso del lenguaje, principios jurídicos, etc., que deben utilizarse para la redacción y estructuración de las normas, con la finalidad que sean claras, eficaces, comprensibles y, sobre todo, aplicables. Todo lo anterior, no pasa en nuestro Estado porque se expiden normas confusas que pueden interpretarse de distintas formas, y que tienen como efecto, que las cosas se compliquen aún más. 

Tercero. Se expiden un sinnúmero de leyes orgánicas, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y ordenanzas municipales para “solucionar” un mismo problema. En la abundancia no está la respuesta. Es alarmante la cantidad de regulaciones que se ponen en vigencia. Hay que convertirse en un verdadero enciclopedista para poder seguirles la pista a tantas normas y sus subsiguientes reformas, que muchas veces se contradicen entre sí. 

Un ejemplo claro de este Frankenstein jurídico, es el Código del Trabajo. Hoy por hoy, hay alrededor de catorce (14) leyes orgánicas vigentes que lo reforman o regulan, y que han creado una maraña jurídica. Esto sumado a cientos (sino miles) de acuerdos ministeriales expedidos por el Ministerio del Trabajo. 

Lo mismo pasa en la educación. Las escuelas y colegios tienen que operar entre una cantidad abrumadora de leyes y sus reglamentos, alrededor de 50 acuerdos ministeriales solo en lo que va del 2026 (además de los acuerdos de los años anteriores), sumados a las leyes orgánicas expedidas en las últimas semanas (Ley Orgánica de Educación Financiera y Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicológica para Niñas, Niños y Adolescentes) que crean más requerimientos para esta actividad. Otro ejemplo, es en la construcción. Al menos en Quito, el Código Municipal tiene más de dos mil artículos, además de todas las ordenanzas que cambian semana a semana. 

Esta historia se repite en toda área y materia. 

Cuarto. La sobre politización de las normas. Sea el tipo de norma que sea, una gran cantidad son hechas con intereses políticos y no tienen como objetivo solucionar problemas, o regular las actividades para que funcionen de la mejor manera, y así generar una mejor convivencia social. Todo esto se pone en evidencia en los debates de una ley orgánica en la Asamblea Nacional, o de una ordenanza en el Consejo Municipal del Municipio de Quito. Cuando el tema no termina en acuerdos políticos, se utiliza la vieja táctica de las abstenciones, o simplemente no se presentan a la votación de una norma, anteponiendo el interés partidista a las necesidades de la sociedad. 

Quinto. Este exceso normativo lleva al incumplimiento y a la proliferación de la corrupción. Muchos negocios tienen que arriesgarse a cumplir a medias, o mal, lo que determina una norma, sea por imposibilidad práctica o por desconocimiento. Y esto, al mismo tiempo, ha creado un campo fértil para el mercado negro de las influencias para “facilitar” los procesos o saltarse obligaciones.  

La realidad es que la sociedad ecuatoriana es la que tiene que navegar en estas aguas turbias de un mar de normas mal hechas, creadas con intereses políticos y de forma equivocada. 

Esto seguirá sucediendo hasta cuando exijamos a quienes vayan a ostentar cargos públicos, condiciones previas y reales para ocupar dichas funciones, así como establecer responsabilidades por los daños que sus normas generen. La responsabilidad política debería incluir la rendición de cuentas por los perjuicios que la legislación de mala calidad provoca en la sociedad.  (O)