La ley de oferta y demanda se ha erigido como una de las piedras angulares de la ciencia económica, especialmente en la interpretación del funcionamiento de los mercados en el sistema capitalista. El principio de esta "ley" es simple: cuanto más se eleva el precio de un bien, más quiere venderlo quien lo produce; por el contrario, los compradores son menos numerosos o compran en menor cantidad. En otras palabras, la flexibilidad del precio permitiría alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda. En este modelo, el encuentro entre la oferta y la demanda no debe sufrir ningún tipo de perturbación, ni la de los sindicatos, ni la de un Código Laboral, ni la de un Estado.
Esta visión, predominante durante siglos, ha moldeado la enseñanza de la economía, la formulación de políticas públicas y la comprensión general del comportamiento del mercado. Se ha convertido en el paradigma dominante, interpretando los mercados capitalistas como sistemas eficientes y autorregulados, donde la "mano invisible" de la oferta y la demanda es la principal fuerza impulsora. Esta concepción se ha utilizado para justificar la mínima intervención estatal en la economía, argumentando que cualquier distorsión de los precios por parte del gobierno solo conduciría a ineficiencias y desequilibrios.
A lo largo de la historia del pensamiento económico, diversas corrientes han levantado objeciones significativas a esta ley, cuestionando su universalidad, su capacidad explicativa en mercados no ideales y su desvinculación de importantes factores que influyen en la determinación de precios. La omisión del Estado como un actor fundamental en la determinación de precios, y su reducción a un mero ente "distorsionador", es una de las críticas más persistentes a la teoría neoclásica de la oferta y la demanda.
La importancia de las instituciones en la configuración de los mercados y la determinación de los precios es ignorada por la "ley" de la oferta y la demanda. Las instituciones son las reglas del juego de la sociedad, tanto formales (leyes, regulaciones, contratos) como informales (costumbres, normas sociales, ética): leyes antimonopolio, regulaciones sobre salarios mínimos, los controles de precios, las licencias y permisos, son ejemplos de instituciones formales que influyen directamente en la oferta, la demanda y los precios: El precio del trabajo (el salario) no es solo el resultado de la oferta y la demanda de trabajadores y puestos de trabajo. Históricamente, los salarios han sido modelados por luchas de clases, la formación de sindicatos, huelgas, leyes laborales y la negociación colectiva. Un salario mínimo, por ejemplo, impone un precio "piso" a la fuerza de trabajo, independientemente del equilibrio teórico entre su oferta y demanda.
Quizás la objeción más contundente a la universalidad de la ley de oferta y demanda reside en la existencia y predominio de monopolios y oligopolios en el sistema económico capitalista contemporáneo. En la realidad, muchos mercados están dominados por unas pocas empresas grandes (oligopolios) o incluso por una sola (monopolio), lo que les otorga un considerable poder sobre los precios. La oferta y la demanda, en lugar de ser fuerzas autónomas, se ven moldeadas y manipuladas por el poder de mercado.
La legitimidad de esta ley como un fundamento universal de la ciencia económica, especialmente en la explicación de todos los mercados capitalistas, es profundamente cuestionable; pues es una simplificación más que una descripción precisa de la realidad económica.
La ciencia económica necesita integrar de manera más robusta los factores no cuantificables, el papel de las instituciones, la influencia de las políticas estatales y, especialmente, las dinámicas de poder y la presencia de las estructuras de mercado imperfectas (monopolios y oligopolios) en la determinación de los precios y, por ende, en los valores de consumo. Reconocer que los precios se imponen en gran medida por las fuerzas de mayor poder económico y político, especialmente en los sectores concentrados de la economía, es fundamental para desarrollar una ciencia económica más relevante y capaz de abordar los desafíos del capitalismo contemporáneo. Solo así será posible formular políticas públicas que realmente promuevan el bienestar social y la equidad, en lugar de perpetuar una visión idealizada de un mercado que no existe. (O)
