La geopolítica de naturaleza proyectiva orienta a la política exterior y de defensa de un país para exigir protección de los intereses nacionales vitales: históricos, geográficos y culturales, en sus relaciones con los demás Estados del sistema internacional, con sujeción al Derecho Internacional y en armonía con el orden, la estabilidad y la paz para lograr una convivencia fructífera.

En aplicación de estos principios se llegó a la disputa histórica inconclusa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich, sus aguas circundantes y recursos en el Pacifico Sur. Disputa originada a partir de 1829 en que regía en las Malvinas una Comandancia Política y Militar bajo la administración de una gobernación con Luis Vernes, y que fue interrumpida por la ocupación militar de tropas británicas en 1833, expulsándose a la población argentina.

Las Islas poseen un gran valor por su posición estratégica para el control del corredor bioceánico, Atlántico- Pacifico como alternativa a las limitaciones del Canal de Panamá, cuando se trata del cruce interoceánico de suministros logísticos globales; así como de transporte de los grandes buques portacontenedores y portaviones. 

Geopolíticamente las islas representan una posición de avanzada para la protección de las costas sudamericanas, para el control de los corredores marítimos bioceánicos: estrechos de Magallanes y Drake, así como para la proyección continental hacia la Antártida, todos estos aspectos relacionados con la protección, resguardo de recursos naturales, pesqueros, energéticos y de seguridad internacional.

Sea Lion es el mejor ejemplo de proyecto petrolero off shore que impulsa Reino Unido, se encuentra ubicado 220 km. al norte de las Malvinas, con una reserva de petróleo de 1.700 millones de barriles, a cargo de las Compañías Navitas Petroleum y Roskhoper; con licencias legales conseguidas para la operación y explotación unilateral por parte del Reino Unido. Proyecto que sirve actualmente como punto de quiebre del periodo de estabilidad vivido desde 1982.

Argentina ante esta situación ha optado por una estrategia diplomática coercitiva o de Sharp power utilizando una amenaza razonable, legal y de peso económico mediante la presentación de una queja al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, audiencia que ha sido programada para el 11 de noviembre del presente año.

 Ha adjuntado demandas penales contra directivos del Reino Unido o corporativos empresariales para que modifiquen su comportamiento por operar sin autorización, apelando a sanciones regulatorias, mientras se pediría la conformación en un futuro próximo de un tribunal arbitral. 

La estrategia diplomática fue acompañada de un mecanismo de disuasión como costo de oportunidad para las empresas israelí Navitas y la británica Rockhopper participantes en el proyecto Sea Lion, utilizando como atractivo al proyecto Vaca Muerta que tiene una reserva de hidrocarburos inmensamente más grande que Sea Lion, por el que podrían ser excluidas de negocios y participación en asociaciones económicas y estratégicas en el área continental argentina. 

 El Reino Unido al respecto ha manifestado que las empresas y el gobierno de las islas Falkland operan bajo licencias legítimas otorgadas por las autoridades, según la ley de protección de actividades comerciales.

Mientras tanto, Chille opera soberanamente la ruta de Magallanes en toda su extensión desde Punta Arenas hacia la boca oriental en el Atlántico en donde se inicia el mar territorial de Argentina y de allí hacia las Malvinas, asegurando el flujo de abastecimientos y logística.

El Presidente chileno Kast, reitero el respaldo del gobierno de Chile a los derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, ratifico la necesidad de reanudar negociaciones para la solución pacifica de conformidad a la resolución de la ONU. 

Estados Unidos en coherencia con la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y 2026, busca la preeminencia de los Estados Unidos según la Doctrina Monroe para limitar la expansión económica de las potencias China y Rusia, la protección de los recursos la estabilidad hemisférica, el orden y la seguridad nacional. 

El presidente Trump mantiene una posición de neutralidad, histórica, aunque reconoce la administración de facto del Reino Unido, ha decidido no participar en la disputa de soberanía. Según el diario La Nación, dice que no excluye "revisar" la posición de Estados Unidos obre las Malvinas. 

 Trump prioriza una lógica de negociación directa y transaccional que conduzcan a resultados inmediatos por encima de afinidades políticas formales; por esta razón aparentemente está utilizando la postura sobre las Islas Malvinas como una herramienta de presión geopolítica y de diplomacia transaccional.

 Con estos antecedentes se descubre una ventana de oportunidad diplomática, si se logra alinear las circunstancias e incentivos donde los costos de continuar el conflicto y la disputa por la soberanía superan los beneficios para ambas partes despreciando la dinámica geopolítica y las oportunidades.

Conviene recordar que, para terminar con la Guerra de las Malvinas, no se celebró un tratado de paz sino una Declaración de Cese de Hostilidades, mediante Resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abril de 1982. 

 Se determinó que la guerra del Atlántico Sur no alteró la naturaleza ni la vigencia de la disputa de soberanía y se solicitó a la Argentina y al Reino Unido reanudaran las negociaciones para hallar una solución pacífica y definitiva al conflicto.

Este episodio puede ser la conexión clave de tres dimensiones. El primer factor dar continuidad con buenos oficios de mutuo acuerdo al Secretario general de la ONU, para con organismos especializados incorporar procedimientos de mediación o arbitraje para abordar las controversias, respetando las competencias y el consentimiento exigidos por el derecho internacional. El segundo factor debería ser el establecimiento de una reserva reciproca de soberanía, un desacoplamiento de la soberanía con la geoeconomia, suspendiéndose la controversia para la cooperación. Manteniéndose las respectivas posiciones jurídicas, políticas sin prejuzgar una solución definitiva. 

Un aspecto constructivo de mutuo beneficio debería ser el establecimiento de una autoridad conjunta de los recursos con una comisión binacional para administrar los proyectos: hidrocarburos, pesca y recursos, con un acuerdo específico que resuelva las posiciones de licencias y jurisdicción.

Finalmente, el factor de una arquitectura de seguridad cooperativa como un mecanismo preventivo de incidentes marítimos intercambio de información, búsqueda y rescate protección ambiental sin subordinación militar ni renuncia de las capacidades defensivas nacionales. (O)