"Todavía estaba despierta cuando comenzaron a abrirme la barriga. Sentí un dolor muy fuerte y grité. Ahí me dieron otra inyección", relató Rudecinda Quilla, una de las víctimas del programa masivo de esterilización durante el gobierno de Alberto Fujimori. El procedimiento que fue disfrazado como una simple medida de planificación familiar, tuvo el objetivo de acabar progresivamente con las futuras generaciones de los peruanos en condición de pobreza.
Entre 1996 y 2001, más de 270.000 mujeres (y 22.000 hombres) campesinas fueron engañadas, chantajeadas y, en muchos casos, secuestradas para ser esterilizadas sin su consentimiento. Un acto institucionalizado que violó sus derechos reproductivos y que destruyó sus vidas. Muchas mujeres fallecieron durante los procedimientos y otras quedaron marcadas física y psicológicamente. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron estas acciones gubernamentales como crímenes de lesa humanidad. Mientras que, los organismos de control estatales aún promueven un silencio cómplice.
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La perversa iniciativa de control, bautizada como el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, se implementó mayoritariamente en la ruralidad andina. Una investigación del Congreso peruano en 2002 encontró evidencia de que los funcionarios de salud habían sido presionados para alcanzar cuotas o metas de esterilizaciones y que muchos procedimientos médicos se habían llevado a cabo de manera rutinaria sin el consentimiento de las pacientes. El reporte también señaló que las mujeres indígenas, muchas de las cuales solo hablaban quechua, fueron desproporcionadamente afectadas por el programa.
Con apenas 29 años, Victoria Huamán relató a la fiscalía que fue anestesiada y que despertó después de unas horas sin saber que la habían sometido a un procedimiento de esterilización. "Yo no entendí qué me habían hecho (en el hospital de Cuzco). Después en una clínica local me enteré junto a mi marido de lo que había pasado, que me habían ligado las trompas. Me siento enferma constantemente, siempre tengo dolor y una sensación de que algo me quema en el lugar donde me hicieron la cirugía. Me siento desesperada. No puedo hacer casi nada y mis hijos sufren cuando me ven enferma".
A pesar de las más de dos décadas transcurridas, la lucha por alcanzar algún tipo de justicia continúa. En 2004, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú publicó el informe final sobre los crímenes cometidos durante el conflicto interno del país en las décadas de 1980 y 1990. En abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años por asesinato, secuestro agravado, lesiones y por crímenes contra la humanidad, convirtiéndose en el primer ex mandatario electo de América Latina en ser juzgado y sentenciado por su propio país en esta categoría.
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Sin embargo, las sentencias se centraron en dos casos: las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta (1991-1992), en las que se ejecutó a un total de 25 personas. Ambas masacres fueron perpetradas por el Grupo Colina, un escuadrón militar encargado, en la práctica, de la eliminación de personas en medio de los intentos del gobierno por neutralizar a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Mientras que, las masivas esterilizaciones siguen en un penoso olvido, salvo por algunos casos visibilizados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los de Celia Ramos y María Mamérita Mestanza Chávez.
El pasado 11 de septiembre murió un genocida. Su fallecimiento nos obliga a recordar pasadizos oscuros de la historia y nos presiona a cumplir con las deudas pendientes de la justicia. Cientos de miles de personas fueron víctimas de una política de exterminio, por su condición de ser mujeres, indígenas y pobres. ¿Qué hubiese sido de esas hijas e hijos que no pudieron nacer? ¿Cómo sería el mundo con ellos en él? Lamentablemente, nunca lo sabremos. (O)