La concesión del Campo Sacha ha despertado un debate necesario en Ecuador. No porque la participación privada en sectores estratégicos sea intrínsecamente negativa, sino porque el verdadero problema radica en cómo se negocia y si el país obtiene un beneficio justo. Delegar la operación de un campo petrolero no es, en sí mismo, un error. Lo que sí lo es, es hacerlo bajo condiciones que terminan favoreciendo a terceros en detrimento de la nación.

El gobierno afirma que Ecuador recibirá el 82% de la renta petrolera. Pero una revisión detallada de los números y una comparación con modelos internacionales nos revelan una preocupante realidad: ese porcentaje no se calcula sobre el total de la producción, sino sobre las utilidades netas, después de descontar costos operativos e inversiones. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que los costos pueden inflarse, reduciendo drásticamente lo que realmente recibe el Estado.

Las cuentas no cierran

Sacha es el campo petrolero más productivo del país, responsable del 20% de la producción nacional. Su concesión a Sinopetrol (Sinopec 60% y New Stratus Energy 40%) otorga a la empresa privada entre el 80% y 87,5% del petróleo extraído. Ecuador se queda con apenas entre el 12,5% y 20% de los barriles producidos. En contraste, Azerbaiyán aseguró un 75% de su crudo en una concesión similar, mientras que Brasil y México han logrado contratos en los que el Estado retiene hasta el 85% de las utilidades.

Entonces, si Ecuador realmente recibirá el 82% de la renta petrolera, sería fundamental garantizar auditorías rigurosas de costos, algo que el país no ha demostrado ser capaz de hacer eficientemente. Sin mecanismos de supervisión efectivos, el Estado podría terminar con una porción mucho menor de lo prometido.

Dinero rápido, consecuencias costosas

El Gobierno destaca que Ecuador recibirá USD 1.500 millones de prima inicial. Pero este dinero no es un regalo; es un adelanto de las ganancias que la concesionaria generará a lo largo del contrato. A largo plazo, el país podría perder entre USD 10.000 y 17.000 millones si se compara con mantener la operación bajo administración estatal con un modelo de financiamiento distinto.

Es decir, estamos intercambiando ingresos inmediatos por una pérdida considerable en el futuro. En un país con crisis fiscal, la decisión es tentadora, pero ¿realmente es una estrategia financieramente inteligente? La historia demuestra que estos acuerdos terminan costando mucho más de lo que se gana en el corto plazo.

Pérdida de control estratégico

Técnicamente, Sacha no se está privatizando. Pero entregar la totalidad de la producción a un operador privado durante 20 años equivale a ceder el control sobre uno de los activos más valiosos del país. Ecuador no tiene participación en el consorcio, no puede decidir sobre inversiones estratégicas y queda completamente dependiente de la gestión del operador privado. No es la participación privada el problema, sino cómo y en qué condiciones se la incorpora.

El factor ambiental y social

Sacha tiene un historial de problemas ambientales: mecheros quemando gas a cielo abierto, derrames, infraestructura corroída. El operador promete remediación, pero la pregunta es: ¿quién asumirá realmente estos costos? Sin un sistema robusto de supervisión, las externalidades ambientales podrían recaer nuevamente en el Estado y en las comunidades amazónicas.

Lecciones para el futuro

El problema no es la inversión privada, sino la falta de una estrategia de negociación que garantice beneficios reales para Ecuador.

Lo que debimos hacer:

✅ Incluir una participación estatal en el consorcio, como en Azerbaiyán o Brasil.

✅ Asegurar una mayor participación en la producción; en vez de 12,5%-20%, podríamos haber exigido 40%-50%.

✅ Licitar públicamente el campo en vez de entregarlo por negociación directa.

✅ Implementar un mecanismo de control de costos para evitar sobreestimaciones.

✅ Destinar parte de la prima inicial a un fondo de inversión para la transición energética, en lugar de simplemente gastar el dinero en el corto plazo.

En resumen: Ecuador merece un mejor negocio

El modelo de concesión no es el problema. El problema es cómo Ecuador negocia estos acuerdos. Sin control, supervisión y condiciones justas, el país seguirá hipotecando su futuro para obtener dinero rápido hoy.

La pregunta es: ¿seguiremos aceptando malos negocios o aprenderemos a exigir condiciones que realmente beneficien a los ecuatorianos? (O)