La Universidad de Harvard enfrenta una de sus mayores crisis institucionales en décadas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más conocido como Homeland Security, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) a Harvard, lo que le impide inscribir a nuevos estudiantes internacionales y obliga a los casi 6.800 alumnos extranjeros actuales a transferirse a otras instituciones o perder su estatus legal en Estados Unidos.
Esta decisión representa un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y la academia estadounidense, con implicancias económicas, académicas y políticas de largo alcance.
El conflicto: autonomía universitaria vs. presión federal
El conflicto escaló cuando Harvard se negó a cumplir con una orden federal emitida el 16 de abril de 2025, que exigía información detallada sobre "actividades ilegales y violentas" de estudiantes extranjeros en el campus. La universidad ignoró tanto la solicitud inicial como un recordatorio posterior del DHS, lo que llevó a la revocación inmediata de la certificación SEVP.
"Es un privilegio, no un derecho, para las universidades inscribir estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más elevados", afirmó la secretaria Noem.
Y la ex gobernadora de Dakota del Sur agregó que "Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó. Han perdido su certificación SEVP como resultado de su incumplimiento de la ley".
El gobierno federal acusa a Harvard de "fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus". Según el DHS, Harvard permitió la presencia de agitadores proterroristas y antisemitas, y colaboró con grupos paramilitares chinos vinculados al genocidio uigur. Además, la universidad habría recibido U$S 151 millones de gobiernos extranjeros desde enero de 2020, lo que representa más del 13% de los U$S 1.100 millones recibidos de donantes internacionales en ese período.
Impacto académico y financiero
La decisión afecta directamente a los 6.793 estudiantes internacionales que actualmente estudian en Harvard —aproximadamente el 27% de la matrícula total—, provenientes de más de 140 países. Estos alumnos suelen pagar matrículas más altas y contribuyen significativamente a la sostenibilidad financiera de la universidad.
La matrícula anual en Harvard es de U$S 59.320, y puede superar los U$S 87.000 con alojamiento y manutención. "La diversidad de nuestra comunidad es esencial para nuestra excelencia académica", señaló Jason Newton, director de relaciones con los medios de Harvard, quien calificó la medida como "ilegal" y advirtió que "compromete la misión académica y científica de Harvard".
La pérdida de estudiantes internacionales también pone en riesgo líneas de investigación clave, especialmente en ciencias, ingeniería y salud pública. "Sin sus estudiantes internacionales y sin la capacidad de atraer a los mejores talentos del mundo, Harvard ya no será Harvard", afirmó Leo Gerden, estudiante internacional y defensor de los derechos de los alumnos extranjeros.
Consecuencias legales y reputacionales
Harvard ha anunciado acciones legales para impugnar la decisión y ha recibido el respaldo de una orden judicial que impide, por ahora, la deportación o pérdida de estatus legal de los estudiantes afectados56. La universidad argumenta que la medida federal "socava la misión académica de Harvard y pone en grave riesgo a la comunidad universitaria y al país".
La crisis se agrava con la cancelación de U$S 2,2 mil millones en subvenciones federales y U$S 60 millones en contratos, además de una reducción adicional de U$S 2,7 millones en fondos del DHS y U$S 450 millones en otras ayudas gubernamentales. Harvard, con un fondo de dotación de más de U$S 53 mil millones, ha presentado una demanda contra la administración Trump, defendiendo su autonomía y sus derechos constitucionales.
"Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio pueden explorar", afirmó el presidente Alan Garber.
Repercusiones nacionales e internacionales
El conflicto entre Harvard y el gobierno federal marca un precedente preocupante para la autonomía universitaria y la libertad académica en EE.UU. La medida podría beneficiar a universidades europeas como Oxford y Cambridge, que podrían captar a los mejores talentos internacionales desplazados de Harvard.
"¿Por qué cualquier estudiante internacional querría aplicar a EE.UU. si no tiene garantía de poder continuar sus estudios?", se preguntó Pippa Norris, profesora de Harvard.
La decisión también profundiza la polarización política y cultural en el país, y pone en evidencia las tensiones entre la defensa de la diversidad y la presión federal por mayor control sobre la educación superior.
¿Y ahora? Qué hará Harvard
La revocación de la certificación SEVP a Harvard es un punto de inflexión con consecuencias profundas para la universidad, la comunidad académica y el sistema educativo estadounidense. El conflicto pone en riesgo la diversidad, la excelencia académica y la sostenibilidad financiera de una de las instituciones más influyentes del mundo, y abre un debate sobre los límites de la autonomía universitaria frente a la presión política federal.
Harvard, mientras tanto, se prepara para una larga batalla legal y reputacional, con la certeza de que su futuro ya no será el mismo.
Fuentes: Homeland Security, The New York Times, The Guardian
