Hay que reconocer que lo actuado por el actual gobierno en materia de reducir el ineficiente subsidio a las gasolinas extra y eco país, así como la reducción del subsidio al diésel han sido decisiones adecuadas, importantes y necesarias. Algunas derivaciones de estas acciones ya se empiezan a manifestar como es la menor demanda de diésel en provincias de frontera, pues el diferencial de precio con el diésel de los países vecinos es menor, con lo que el contrabando y el narcotráfico se ven afectados, así como la minería ilegal. Han sido decisiones difíciles, sobre todo en el ámbito político, pues hasta la fecha de este artículo seguían las manifestaciones de sectores opuestos al régimen y que siguen buscando la caída del gobierno. Aún no llegan los precios de los derivados a los vigentes en el mercado internacional pero la distancia actual es sin duda menor. 

Es igualmente importante que estas acciones del gobierno no desalienten otras políticas que deben aplicarse que afectan a la economía y que hasta le fecha siguen postergadas. Esto es esencial, pues el gobierno no puede estar permanentemente apagando incendios sin modificar el escenario a mediano y largo plazo que en lo económico puede verse fuertemente afectado si no se adoptan otras decisiones, en especial en las finanzas públicas.

Al mes de septiembre 2025 la estimación de déficit fiscal para el presente año es de aproximadamente USD 4.600 millones, a pesar de que en el acuerdo con el FMI la cifra es inferior, pues para el desequilibrio del sector público consolidado no financiero el programa apunta a un déficit de alrededor de USD 2.500 millones. Los atrasos al mes de septiembre están cerca de los USD 2.000 millones, cifra a la que deben añadirse los atrasos de años anteriores, con los que el monto total de obligaciones vencidas y no pagadas está en aproximadamente USD 4.500 millones. Solo revisando estas cifras se puede colegir que hay problemas aún no resueltos que siguen postergándose o son cubiertos con más deuda pública, situación que por otro lado ya empieza a mostrar también signos de preocupación.

Un tema de fondo es que, si los déficits fiscales son permanentes y crecientes y la necesidad de nueva deuda no se reduce, es obvio pensar que los ingresos del presupuesto son insuficientes para cubrir el nivel de gasto vigente, por lo que las decisiones, a que técnicamente sean sólidas y sustentables, deben abarcar ambos lados del presupuesto, es decir, los ingresos y los gastos. En el caso de los ingresos, se tiene dos tipos de recursos, los petroleros y los tributarios. En el caso de los ingresos de petróleo, el precio del hidrocarburo no se puede modificar porque su nivel depende del mercado internacional y el Ecuador es un productor marginal. Sin embargo, la producción de petróleo sí puede subir con una reforma integral, de fondo y de forma, a Petroecuador. En la parte de la venta interna de derivados, aún queda el subsidio al gas que siendo necesario se lo deberá abordar en un momento posterior por el problema político vigente. 

Sin embargo, se debe tomar otra decisión trascendente que es seguir produciendo derivados de mala calidad o importar todo el derivado y cerrar las refinerías que no generan un aporte positivo para el estado. Solo para ilustrar, el precio que pagan las refinerías a Petroecuador por procesar el petróleo es menor a los USD 8 el barril mientras el precio del crudo en el mercado externo está sobre los USD 60 el barril. Este es otro subsidio escondido y perjudicial para las finanzas públicas.

En la parte tributaria, es necesario una simplificación del actual sistema que sigue siendo enredado, con distorsiones y poco eficiente. Sin duda existe una masa de informalidad importante que no paga impuestos y sectores que siguen evadiendo tributos.  Pensar en una nueva reforma tributaria y aumentos en las tasas impositivas, atentaría a la ansiada recuperación económica y generaría mayor inestabilidad que frena la necesaria inversión.

En el lado del gasto público, la cantidad de grasa por eliminar es inclusive mayor a la falta de ingresos públicos. Se tiene el gran problema de la falta de rendición de cuentas para sectores y actividades que reciben el aporte estatal. El sector de la educación este 2025 recibiría el 6% del PIB, el sector de la salud el 4% del PIB y no se conocen metas, una trazabilidad de lo logrado en años anteriores ni objetivos concretos a mediano y largo plazo. Situación similar ocurre con las transferencias a los Gad´s, los que reciben el 10% del ingreso petrolero y el 20% del tributario y no se conoce el real destino de tales recursos. Estos ejemplos cuestionan si realmente hay necesidad de mayores fondos para el gasto público.

El rol del estado es otro aspecto olvidado que no se ha avanzado mayormente, pues sigue actuando de empresario cuando no lo es, no realiza un trabajo eficiente, pierde recursos y se distrae de obligaciones esenciales por ingresar a actividades que no son de su competencia. Sigue el estado en telecomunicaciones, administrando empresas de energía eléctrica y de petróleo sin que desarrolle un trabajo eficiente donde sí le compete actuar como es salud, educación, seguridad y justicia.

La realidad de la seguridad social es otro problema vigente que, siendo un problema del IESS, ISSPOL y ESPOL, es también un problema fiscal. Existe ya un trabajo de insumos en el ámbito de las pensiones del IESS que puede servir para una reforma y tampoco se lo ha abordado aún. El rol del IESS en salud es otra seria situación no resuelta y sobre la cual también debe adoptarse una decisión urgente.

El tamaño de la nómina pública no se compadece con la realidad económica y fiscal del país. Hace 24 años ésta representaba el 5% del PIB, éste porcentaje el 2024 fue del 9% del PIB y no ha dado muestras de mejoras efectivas en los servicios públicos. Otro problema no resuelto.

La deuda pública ha crecido de forma significativa y su servicio ya empieza a afectar el propio resultado fiscal. Estamos entrando a nueva deuda para pagar deudas anteriores y se puede entrar en una suerte de "círculo ponzi", difícil de salir, donde es necesario cada vez más deuda. Es necesaria una política para administrar y modificar la actual estructura de la deuda en bonos vigente, tanto en la parte externa como interna.

Con lo explicado, el total del gasto público consolidado ahora representa el 38% del PIB cuando hasta el 2006 éste fue del 21% del PIB. No se puede mantener estos excesos.

Por lo anotado, es inaplazable mantener estos problemas sin solución, pues el futuro del país se ve comprometido y se atenta contra la propia dolarización. Son sin duda retos difíciles, pero con decisión política sí se los puede administrar durante un par de gobiernos. En tal virtud, no hemos logrado sanear las finanzas públicas, pues éste es un trabajo permanente, continuo y de oportunidad en las decisiones. (O)