El Presupuesto General del Estado (PGE) en Ecuador para 2026 se presenta como un plan de consolidación fiscal que, si bien promete estabilidad, enfrenta un desafío monumental por el monto de financiamiento requerido y el tamaño del déficit. El gobierno proyecta una expansión económica moderada con un crecimiento del PIB de 1.8%, una inflación promedio del 3.2% y una producción de crudo de aproximadamente 452,000 barriles diarios. 

La política de ingresos para 2026 se centra en fortalecer la recaudación tributaria mediante una gestión más eficiente, con el objetivo de alcanzar los $17.558 millones en impuestos. Adicionalmente en tasas y otras contribuciones el gobierno espera generar $2.224 millones. Como mejoras en la gestión recaudatoria el gobierno buscará combatir la evasión fiscal mediante la incorporación de tecnología y otras estrategias innovadoras que no han sido enumeradas.

La estrategia de gestión del gasto público se fundamenta en los principios de racionalización, optimización y disciplina fiscal. El gobierno continuará implementando medidas para contener el gasto permanente, que lamentablemente es muy rígido y representa casi el 80% de los gastos totales. Las acciones de optimización incluyen la contención del gasto salarial, la mejora en la distribución de cargas laborales y la reducción de horas extras. Además, anuncian se aplicarán políticas de austeridad en gastos operativos, como viáticos, publicidad y compra de vehículos. 

En cuanto a la política de subsidios y transferencias, el plan de gasto se enfoca en la focalización como una herramienta de redistribución para proteger a los sectores más vulnerables. Los subsidios a los combustibles se proyectan en solo $1.159 millones. Las transferencias monetarias, o bonos a diferentes sectores menos favorecidos, ascienden a $1.627 millones en 2026.

A pesar de los esfuerzos de austeridad, el PGE 2026 proyecta un déficit global de $5.414 millones, equivalente al 3.9% del PIB. Este alto déficit estructural, combinado con amortizaciones de deuda que vence el próximo año, obliga al Estado a buscar financiamiento por $12.000 millones. No es una tarea sencilla, e incluye una colocación de $3.000 millones en bonos en mercados internacionales y más créditos con organismos multilaterales. Es importante mencionar que el peso de la deuda es moderado respecto al PIB, pero su perfil de vencimientos es muy demandante en el corto plazo.

Para ilustrar la gravedad de la situación fiscal y la creciente necesidad de tomar más deuda pública se propone un cálculo final. La suma de intereses a pagar en el 2026 por la deuda contraida ($4,470 millones) y las amortizaciones de deuda interna y externa ($8,351 millones) representan el 73% de los impuestos que se espera recaudar. Eso quiere decir que siete de cada diez dólares que usted paga de impuestos se van al servicio de la deuda pública, dejando apenas tres dolares para cubrir todos los bienes y servicios que se requiere sean provistos por el Estado. Está claro a todas luces que se requiere una mayor consolidación fiscal.  (O)