Hay varios temas de la coyuntura económica que son difíciles de entender, peor explicar, tanto para entendidos en la materia, no se diga para neófitos en asuntos de la economía y las finanzas. Uno de esos aspectos tiene que ver con lo sucedido en el reciente resultado de la Consulta Popular donde la mayoría de los analistas ha coincidido que fue un revés para el gobierno, lo que debería tomarse en consideración para decisiones futuras del régimen. La administración de Daniel Noboa no recibió el respaldo popular a sus preguntas de la Consulta y el "No" triunfó claramente, sin embargo, pocos días después el gobierno registró el nivel más bajo de riesgo país habiendo alcanzado menos de 600 puntos básicos, nivel de los más bajos en los últimos años. Así mismo, el BID anunció un crédito de USD 300 millones para proyectos del área energética. Podrían esgrimirse varias interpretaciones sobre el particular como argumentar que lo sucedido fue un evento eminentemente político y no tanto de la esfera económica o también sostener que los mercados internacionales no vieron el resultado necesariamente como una pérdida para el gobierno mientras éste mantenga un accionar macroeconómico con cierta línea de comportamiento, en especial, cumpliendo las metas del Acuerdo con el FMI y el resto de multilaterales. Desde la óptica del suscrito, probablemente la explicación radica en la continuación del programa acordado con los multilaterales y, sobre todo, en la opinión favorable, optimista y de respaldo de éstos para la línea de política económica del gobierno. De igual manera, podría indicarse que la negativa de la decisión ciudadana a la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, que en una lectura inicial mostrara una debilidad del gobierno, elimina el riesgo de que ésta fuera conformada por una mayoría contraria al gobierno y, por lo tanto, bloqueara la senda de conducción económica. Lo cierto es que el resultado de la Consulta parece no ha afectado a la economía y ésta hacia delante dependerá directamente de las acciones que adopte el gobierno.

Otro de los eventos de la coyuntura que no tienen una explicación simple son las aún fuertes discrepancias numéricas entre las anunciadas por el propio gobierno, con las estimaciones de algunas instancias de seguimiento de la economía como analistas y varias instituciones del ámbito privado. A pesar del cumplimiento de las metas del programa con el FMI de agosto pasado, que dio lugar a un desembolso de USD 600 millones, las finanzas públicas registran un nivel de atrasos de cerca de USD 2.000 millones en el 2025 más los montos de años anteriores que sumado todo arrojaría un incumplimiento de obligaciones cercano a los USD 4.500 millones. Así mismo, el déficit del presupuesto del estado para el 2025 y el constante en la Proforma 2026 enviada a la Asamblea Nacional, muestran ambos desequilibrios cercanos a los USD 5.500 millones, lo que denotaría un retroceso frente a lo actuado por el gobierno en el primer año de su gestión. No obstante, las explicaciones más técnicas dirán que muchas acciones aún no se las adopta, por lo que muchas de las estimaciones no incorporan esas próximas decisiones económicas, acordes inclusive al programa suscrito con el FMI. Por cierto, el supuesto del presupuesto del estado en materia de inflación para el 2026 indica una tasa del 3.1%, porcentaje que mostraría un crecimiento significativo frente al 1.5% del 2025. Las únicas razones para esto sería una fuerte demanda interna atada a un incremento importante de liquidez, lo que no se ve compatible con un menor crecimiento económico en el siguiente año del 1,8%, así como presumir la importación de inflación externa, eventos ambos que no se los ve probables. En tal virtud, el supuesto de inflación para el 2026 es aún una pregunta sin respuesta.

Adicional a los temas abordados, no se ven avances en relación a la obesidad estatal, al problema de la falta de rendición de cuentas para los beneficiarios de asignaciones del presupuesto del estado, a la reforma a la seguridad social que es una necesidad institucional y fiscal de indudable urgencia y trascendencia, al riesgoso aporte del estado a la seguridad social en el 40% de las pensiones, obligatoriedad constitucional que sin una suerte de techos o límites atentaría seriamente a la sanidad de las finanzas públicas. Tampoco hay acuerdo de la deuda del estado con el IESS en materia de salud ni hay claridad del traspaso de las prestaciones de salud del IESS a la salud pública, tema anunciado por el presidente de la república. Toda esta agenda no cumplida no ha incidido en la continuidad de los acuerdos internacionales ni tampoco ha afectado el favorable comportamiento del riesgo país. Estos aspectos podrían entenderse como situaciones que tendrán que afrontarse en el largo plazo, por lo que parecería no ser factores que incidan mayormente en ciertos indicadores de coyuntura. Lo cierto es que parecería que en general hay una visión de muy corto plazo de lo que significa la sanidad fiscal y la viabilidad de ésta en el largo plazo.

Hay la necesidad de ser más rigurosos en lo que significa la adopción de políticas públicas y su significación para la economía nacional. La falta de oportunidad en muchas decisiones, es decir, decisiones con retraso así como la adopción de políticas parciales, lo que producen en la práctica son efectos ineficientes y poco perceptibles para la ciudadanía, lo que dificulta la profundidad que debe tener política económica. Esto nos rezaga frente a otros países y posterga la reactivación económica y el progreso. (O)