En la defensa de la soberanía e integridad territorial las operaciones conjuntas y la seguridad cooperativa son una necesidad imperiosa. Más aun cuando las amenazas transnacionales no respetan fronteras y afectan por igual al Estado: crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal y todo tipo de tráficos ilegales que en su conjunto alimentan una economía subterránea parapetados con actores de la justicia e infiltraciones en las instituciones para tener libertad de acción delictiva.
Si el Ecuador tuviera una fuerza intermedia entre Policía y Fuerzas Armadas; es decir una policía militarizada, como es el caso de varios países que tienen guardia nacional, gendarmería o guardia civil, sería más fácil desde la Constitución, determinar misiones y competencias y no se generaría un "dilema corneliano", en la conducción estratégica de las operaciones de seguridad.
Dilema político y estratégico por cuanto al mismo tiempo las Fuerzas Armadas deben cumplir con misiones tipo policía para la seguridad pública y administración de cárceles en complementariedad con la Policía Nacional, asimismo tienen que cumplir con su misión trascendental de protección de fronteras y combate a fuerzas paramilitares en defensa de la soberanía e integridad territorial.
Son dos opciones de empleo de las Fuerzas Armadas, sin elección, ambas deben cumplirse y ambas están sujetas a riesgo y graves consecuencias.
Para desatar este nudo gordiano la única solución es la clarificación de los objetivos estratégicos en una política de defensa, con tiempo estimado en su cumplimiento y con determinación del estado final deseado que marque el fin de la misión encomendada. Lo que significa, por ejemplo, que la oportuna y eficaz misión cumplida para la administración de las cárceles debe terminar con entrega de procedimientos y de gestión actualizada al SNAI u órgano similar.
El apoyo y complementariedad es constitucional, pero debe ser por doctrina universal, extraordinaria y temporal, para evitar la desnaturalización de la fuerza. No puede ser una misión sin fin, porque tampoco puede haber una estrategia única ilimitada.
Las consecuencias de reducir el personal militar para cumplir misiones tipo policía, afecta a las misiones específicas de las Fuerzas Armadas, como es la protección de las fronteras. Se afecta a los relevos periódicos y a las operaciones de combate, como en el caso de la minería ilegal de Punino y de otras como Tobar Donoso, también critica y con marcado crecimiento en la frontera.
Por consiguiente, el dilema recrudece con nefastas consecuencias cuando con o sin intención se comienza fusionar la funciones policiales y militares sabiendo que constitucionalmente los roles son diferentes. Inteligencia criminal, prevención del delito, persecución, intervención, detención y rehabilitación social, son tareas de la Policía Nacional y de la justicia, la cuales requieren de apoyo y complementariedad con una política de defensa con tareas y delimitación de tiempo y espacio.
La conducción estratégica, presupone la existencia previa de liderazgo estratégico, con una autoridad del más alto nivel. Con conocimiento de la doctrina militar y habilidad para preparar, alistar, emplear y conducir las operaciones militares realizando la coordinación interinstitucional e internacional; más aún cuando existen varios procedimientos, ofrecimientos de cooperación con la Comunidad Andina y acuerdos firmados con Estados Unidos para una actuación cooperativa que dé cobertura y capacidad de enfrentamiento con las amenazas transnacionales, porque existe una corresponsabilidad en la seguridad.
Ningún país por lógica y reciprocidad puede hacer frente a amenazas en solitario; porque son transnacionales, hibridas mutantes y difusas. (O)
