Desde una visión absolutamente liberal y mercantilista el principal promotor de un proceso de crecimiento económico es el sector privado, siendo el estado casi un mero espectador pues el grueso de la inversión proviene del mercado nacional e internacional y éstos corresponden mayoritariamente al ámbito privado. No obstante, en la política económica esto no es necesariamente real y se aleja de la práctica económica. Varios son los argumentos que se pueden esgrimir para aclarar este tema. Por una parte, el estado, siendo una especie de entelequia, no está necesariamente disociado con el sector privado. La burocracia recibe sus emolumentos, compra bienes y servicios privados, por lo que entra en el circuito económico, es parte de la clientela del sector privado y puede estimular o desalentar la actividad no estatal. Por otra parte, la obra pública en general contrata al sector privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura, lo que bien puede ser una herramienta de promoción para el sector privado. Cuando el estado contrata deuda catalogada como pública desde una perspectiva del prestatario, desde la lectura del prestamista también corresponde al sector privado, tanto nacional como internacional. Cuando el gobierno, que representa al estado, paga compromisos de deuda pública, tanto interna como externa, parte de esos fondos van a manos privadas, generando con ello circulación monetaria, alentando también al llamado proceso de ahorro e inversión, es decir, que interviene en el movimiento de sectores excedentarios de recursos hacia aquellos que son deficitarios y requieren de financiamiento.

Se podría, por otra parte, contraargumentar y decir que en las cuentas nacionales se tiene definiciones como el PIB petrolero y no petrolero, los conceptos de consumo del gobierno y consumo privado, igual en variables como la inversión privada y la pública o las exportaciones petroleras y no petroleras, caso de éstas últimas que corresponden directamente al sector privado. Sin embargo, para estas explicaciones también se puede utilizar el análisis anterior en el sentido que en la política económica es mucho más difícil separar los 2 mundos, el privado y el público, como si se trataran efectivamente de ámbitos no correlacionados. En las cuentas nacionales ayuda esta separación de conceptos, más como un instrumento analítico, pues en la política económica y en la praxis de la gestión pública no es tan simple separar estos sectores.

El caso del Ecuador y analizando la estructura del presupuesto del estado o gobierno central, se puede esclarecer que a pesar de las interrelaciones entre el sector público y el privado, el aporte del estado para una reactivación económica podría ser sustantivamente mayor a través de la obra pública pero la estructura presupuestaria y la rigidez del presupuesto no lo permite. Al mes de mayo 2026 del 100% del presupuesto desde un análisis del gasto, el 34% se va en el costo de la nómina o sueldos, el 14.2% se destina a los Gad´s, el 12.2% corresponde al aporte del estado para el pago del 40% de las pensiones de la seguridad social, el 9.9% es el pago de los intereses de la deuda pública externa y el 7% del pago de la deuda interna, el 5.6% es el costo de bienes y servicios que es la atención a la operación del propio estado, el 5% es el pago del bono de desarrollo humano, el 4,2% corresponde a otros subsidios, mientras el 1.6% son compromisos varios quedando para la obra pública un 3.8%. 

Este porcentaje es cerca de USD 1.300 millones, valor poco representativo como aporte del estado a la reactivación económica, pues corresponde aproximadamente a 0.9% del PIB. Esta cifra podría crecer sustantivamente si se producen reformas a la estructura del presupuesto, no solo aquel del gobierno central sino de toda la esfera pública. Una primera reforma tiene que ver con el tamaño de la nómina, decisión difícil pero necesaria que se la puede realizar de forma gradual pero de manera constante. El rol del estado administrando empresas públicas, función que no le compete siendo además un error, pues los resultados de esta competencia son deficitarios, se desorienta al estado en roles que no le corresponde sin concentrarse en lo que debe hacer como es en el campo de la seguridad, la salud, la educación y la justicia. También se debe emprender en la reforma a la seguridad social que es un problema institucional y fiscal, pues establecer un techo al aporte con la reforma de forma y de fondo al IESS es esencial, puede hacer más viable al monto del aporte. La política de establecer sueldos básicos sin fundamentos técnicos compromete más gasto público, pues el nivel salarial del país de la esfera pública duplica al sector privado y además, el valor de las remuneraciones en el Ecuador no son el problema sino la informalidad laboral, vale decir, el subempleo y el desempleo.

Parte de lo que hay que hacer requiere reformas constitucionales y algunas son decisiones del gobierno, ninguna de ellas son temas simples pero si se continúa sin hacerlas frente, el país seguirá atrasado frente al resto de países y los problemas fundamentales como el empleo y la pobreza no mostrarán mejoras.

Lo adecuado es que el estado y el sector privado sean socios del desarrollo, no mezclando competencias ni roles pero sí mejorando la productividad de cada uno de estos sectores. El empleo es rol del sector privado mientras el público debe contratar trabajadores hasta el punto de brindar los mejores servicios públicos. No más allá porque produce ineficiencia y hasta corrupción.

El tamaño del estado y su estructura produce otras secuelas negativas pero desde el punto de vista del aporte estatal para reactivar la economía sin duda ha sido un serio freno al desarrollo. (O)