Algo cambió en el aire de Hispanoamérica. No es solo un giro electoral o una moda de redes: es la sensación —cada vez más compartida— de que la región se quedó sin margen para seguir tolerando lo intolerable. Extorsión, economías criminales, lavado, captura de instituciones, fronteras porosas, puertos vulnerables, prisiones convertidas en centros de mando. Cuando el Estado pierde control, la democracia se vuelve un ritual: hay elecciones, sí, pero el ciudadano sigue indefenso.
En ese contexto, la reunión convocada en Miami para el 7 de marzo de 2026 aparece como un punto de quiebre. Según The Associated Press, Donald Trump ha invitado a líderes latinoamericanos a una cumbre en Florida “el próximo mes”, con el foco puesto en seguridad regional y en lo que su administración describe como una influencia china creciente en el hemisferio.
Y aquí conviene separar el ruido del mensaje real. En redes se intenta encuadrar este encuentro como una “cumbre ideológica” o una “alianza anti-comunista”. Ese marco puede rendir en términos de narrativa, pero no explica el fondo. El fondo es más concreto —y más urgente—: la región necesita recuperar capacidad de Estado frente a organizaciones criminales transnacionales y frente a formas más silenciosas de captura institucional, como la corrupción estructural y la contratación pública opaca.
La prensa ha mencionado como parte del ecosistema de invitados (o del grupo esperado) a figuras como Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, Rodrigo Paz Pereira, Nasry Asfura y Santiago Peña. Lo relevante, sin embargo, no es la lista como trofeo: es si de esa mesa sale una coordinación útil —medible— para proteger a la gente común y reconstruir confianza institucional.
Una alianza democrática, si va en serio, no se construye con consignas: se construye con “deliverables”.Cooperación en inteligencia financiera contra el lavado. Intercambio judicial contra redes de tráfico y corrupción. Estándares mínimos anticorrupción en compras públicas y beneficiario final. Coordinación fronteriza y portuaria. Y, sobre todo, un principio simple: perseguir estructuras y dinero ilícito con la misma energía con la que se persigue al ejecutor de turno.
El gran riesgo es confundir “orden” con “licencia”. No hay salida duradera si la seguridad se convierte en excepción permanente o si el Estado se vuelve arbitrario. La región necesita —y merece— un orden constitucional: firmeza contra el crimen, sí, pero con reglas claras, contrapesos y transparencia. Porque cuando la promesa de orden degrada libertades o debilita instituciones, el proyecto se autodestruye y le regala munición a sus adversarios.
En paralelo, la reunión de Miami tiene una segunda lectura inevitable: la soberanía económica y la infraestructura crítica están volviendo al centro de la política hemisférica. Puertos, energía, telecomunicaciones, datos, financiamiento, minerales estratégicos: ya no son temas “técnicos”, son temas de seguridad nacional. En su cobertura, AP vincula el encuentro con la antesala de un viaje diplomático de Trump a China y con la prioridad declarada de su administración de reafirmar influencia en el hemisferio. Aquí el desafío para la región es evitar dos errores simétricos: la ingenuidad (dependencias silenciosas) y la sobrerreacción (prohibiciones improvisadas). Soberanía no es gritar; soberanía es tener reglas, capacidad de negociación y control institucional.
¿Y el “Board of Peace”? Vale mencionarlo solo como referencia, porque ayuda a entender el estilo de coordinación que se está poniendo en juego. El Board of Peace fue ratificado formalmente en Davos, según la propia The White House. Y, de acuerdo con Reuters, su primera reunión de trabajo será el 19 de febrero de 2026 en Washington, D.C., vinculada a un paquete de estabilización y reconstrucción en Gaza. La importancia aquí no es el teatro global, sino el método: coaliciones rápidas, operativas, orientadas a resultados, que intentan moverse más ágilmente que el multilateralismo tradicional.
Por eso Miami importa: puede ser el laboratorio regional de una coordinación que no se quede en foto y declaración. Si del 7 de marzo sale un paquete concreto —aunque sea breve— con compromisos operativos verificables, Hispanoamérica podría estar ante un giro real: menos impunidad, menos extorsión, más control institucional, más inversión, más empleo formal. Si no sale nada medible, el status quo seguirá vivo, solo que con otro marketing.
Hispanoamérica no necesita otra guerra cultural infinita. Necesita resultados. Y si esta convergencia democrática entiende que su legitimidad depende de lo que la gente siente en la calle —seguridad, justicia, empleo, integridad institucional— entonces sí: el fin del status quo dejará de ser un título atractivo para convertirse en un cambio de rumbo. (O)